En los gobiernos democráticos las libertades se ensanchan, se promueven y se respetan; en los que no lo son se restringen, inhiben y limitan. Esta última es la finalidad del Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública en el Estado de Chiapas.
Además de no contar con un organismo eficaz y confiable para la defensa de nuestros derechos, el gobierno de Chiapas ahora pretende dotar a las policías de facultades legales para atropellar nuestros derechos al amparo del Código sobre el uso “legítimo” de la fuerza.
En Chiapas, las violaciones a los derechos humanos continúan presentándose día a día, y la procuración de justicia es el escenario más frecuente en que se presentan. Ello se debe a que existen “espacios oscuros” de la ley que posibilitan que las violaciones se perpetren.
La Red Iberoamericana de Jueces aspira a que los miembros y funcionarios letrados de la judicatura que necesita Latinoamérica sean Jueces y juezas conscientes y comprometidos culturalmente, altermundistas, que rechacen el pensamiento único, que sientan cada injusticia en cualquier parte de nuestra región como propia y urgente, y estén imbuidos de la realidad de los pueblos latinoamericanos.
Es realmente lamentable no contar con políticas públicas diseñadas para hacer efectivo el derecho a la igualdad en una sociedad pluricultural como la de San Cristóbal de las Casas.
El anuncio espectacular supera lo imaginable: una fotografía de un diputado con dos niños de unos dos o tres años, que se supone son sus hijos. Al pie de la foto dice: un hombre de valores y compromiso. La relación entre la foto y la frase al pie no tiene relación, a menos que se refiera a los valores monetarios.
Las imágenes en los anuncios espectaculares resultan chuscas, ridículas otras, y moverían a risa si no fuera porque estamos seguros de que han sido pagadas con nuestros fondos públicos.
La ausencia de gobierno se advierte en todos los espacios; sin embargo es en las comunidades indígenas y campesinas donde tal ausencia se hace más evidente.
En Chiapas, vivimos en una sociedad marcadamente desigual, y esa desigualdad se traduce no solo en el trato injustificadamente diferenciado que se brinda a las personas que se encuentran en alguno de los grupos antes mencionados, sino también en las políticas o falta de, dirigidas a los mismos.