Urgen a integrar la agenda de mujeres indígenas en el paquete de reformas que aprobará el Congreso del Estado

Mujeres buscan sensibilizar y aportar propuestas para atender la violencia de género en el estado de Chiapas.

En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se realiza el Foro Estatal Vida Libre de Violencias para Las Mujeres Indígenas de Chiapas, para dar a conocer la Agenda para la Igualdad de las Mujeres Indígenas, elaborada con mujeres líderes de más de 20 municipios indígenas y presentar la Campaña: Juntas Podemos Lograr el Derecho a Vivir sin Violencias.

Con ello se pretende sensibilizar y aportar propuestas para atender la violencia de género en el estado de Chiapas ya que las mujeres indígenas son quienes viven con mayor crudeza la violencia de género y son quienes tienen menos mecanismos de protección efectiva.

Durante los últimos meses y en el marco del Diplomado Fortaleciendo Capacidades para la atención de la violencia en comunidades indígenas, Desarrollo, Género y Ciudadanía, A.C. con el apoyo de la CDI y el aval académico de la UNICACH, hemos realizado un diagnóstico del panorama de la violencia en las comunidades indígenas, así como un mapeo de las políticas y programas de atención para disminuir y erradicar el problema.

En este contexto podemos afirmar que la violencia contra las mujeres indígenas no ha pasado a ser parte de la agenda política y legislativa, no obstante contar con un 29% de población indígena en el estado de Chiapas y las etnias tseltal, chol y tsotsil, se asocian a los grupos étnicos con más bajo índice de desarrollo humano, respecto a otros grupos indígenas en México. (PNUD, 2010:40) Esto quiere decir que las mujeres indígenas de Chiapas, son las que representan los grupos de población con los niveles de marginación y pobreza más altos del país.

En Chiapas se multiplica la triple discriminación por ser mujeres, indígenas y pobres, según señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2007) [1] porque la mayoría de las mujeres indígenas no leen ni escriben y el promedio de escolaridad es de 3.2 a 3.5 grados de estudio. El analfabetismo y el monolingüismo son un grave problema que afecta otros ámbitos de la vida y acceso a derechos. En Chiapas, 33% de las mujeres indígenas no habla español. [2]

El fenómeno de la violencia en comunidades indígenas de Chiapas ha sido de difícil cuantificación, al no contar con datos desagregados, por microrregión y de acuerdo al avance en la procuración de justicia en las instancias correspondientes, tales como los Juzgados de Paz, con presencia en comunidades indígenas.

La encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas (ENSADEMI) levantada en 2008)[3], refleja la situación de violencia de las mujeres en las comunidades indígenas y reportó que el 34% de las encuestadas reportaron golpes y/o humillaciones en la infancia; el 25% reportó violencia de algún tipo por parte de su pareja en el último año, y la región de los Altos de Chiapas presentó la mayor prevalencia de la violencia de las ocho regiones estudiadas con 41.4% y la proporción más alta de violencia severa.

El problema es grave, ya que el Comité CEDAW (2012), exhorta a los gobiernos a elaborar una estrategia general orientada a eliminar las prácticas nocivas que discriminen a las mujeres indígenas, en particular para las mujeres de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, realizando campañas de concienciación dirigidas a las comunidades indígenas en colaboración con la sociedad civil y las organizaciones de mujeres a fin de prevenir la violencia contra las mujeres indígenas para garantizar que las víctimas tengan un acceso efectivo y rápido a la justicia, inclusive mecanismos de reparación.” [4]

A pesar de que Chiapas cuenta con un marco jurídico que tutela el derecho a una vida libre de violencia, las mujeres indígenas han considerado que siguen persistiendo prácticas tradicionales relacionadas con el matrimonio forzado, la compra y venta de mujeres y el precio de la novia, la violación dentro del matrimonio, que se toleran y reproducen entre otras cosas, por el desconocimiento de las autoridades para resolver estos casos, especialmente por parte de los jueces de paz y conciliación indígena que aunque dependientes del poder judicial, basan su actuación en el marco de los usos y costumbres. Sin embargo, aunque Chiapas cuenta con un marco jurídico que tutela el derecho a una vida libre de violencia no cuenta con un programa integral para la prevención y atención de la violencia en comunidades indígenas, ni ha destinado un presupuesto específico. Por los vacíos registrados no ha logrado disminuir lo que las mujeres indígenas han considerado ya como violación a sus derechos humanos como el matrimonio forzado, la compra y venta de mujeres y el precio de la novia. Aspectos que se toleran y reproducen entre otras cosas, por el desconocimiento de las autoridades para resolver estos casos, especialmente por parte de los jueces de paz y conciliación indígena que aunque dependientes del poder judicial, basan su actuación en el marco de los usos y costumbres.

El reciente paquete de reformas presentado por el ejecutivo, si bien representa un hecho muy importante para avanzar en la armonización legislativa, no propone medidas específicas para fortalecer el marco jurídico y de actuación tomando en cuenta los procedimientos de justicia en las comunidades indígenas. Tampoco retoma la obligatoriedad de la paridad de género en las candidaturas a puestos de elección municipal, ni incorpora el concepto de violencia política hacia las mujeres indígenas, cuando se trata de frenar su participación en la toma de decisiones, como candidatas o al ser sujetas de delitos electorales como compra y coacción del voto. No se establecen medidas de sanción para quien incumpla la paridad en cargos municipales, y no se establece la obligatoriedad del fondo de atención a víctimas de violencia. Otra omisión es que no considera la participación de la sociedad civil en los consejos municipales de violencia que eleva a rango de ley y omite señalar que tendrán presupuesto propio, igual que las instancias de la mujer.

Todo lo anterior tendrá que explicitarse a la hora de aprobar el paquete de reformas, ya que hemos visto que a pesar de contar con un marco jurídico internacional, nacional y estatal que tutela el derecho a una vida libre de violencia, la procuración de justicia presenta desconocimiento, omisión y dilación para hacer realidad el derecho a una vida libre de violencia.

En las comunidades indígenas atienen el problema de la violencia el agente rural, la procuraduría de la familia y adopciones del DIF, el juez de paz, el síndico municipal, el agente municipal, los agentes de ministerio público y personal médico y de enfermería de la Secretaría de Salud. En entrevistas realizadas, estas autoridades consideraron que todo dependía de la decisión de la mujer para avanzar en la denuncia de violencia, desconocen la figura de una orden de protección y optan por la conciliación que no lleva a procurar la justicia a la víctima ya que sus medidas incluyen elaborar documentos entre la pareja o un compromiso verbal. En casos de violación se reportan casos donde si la mujer es violada se cobra 2,000 de multa al violador, pero si solo es golpeada se da un consejo al hombre de que no lo vuelva a hacer. También la violación es castigada casando al hombre con la mujer o pagando una multa. Si los golpes tardan menos de 15 días en sanar, no se penaliza como delito grave. El castigo incluye mandar al agresor a limpiar el río o donde hay basura, o se envían a la cárcel por desde 2 horas y hasta 4 días. En otras ocasiones al agresor se le pide una multa consistente en 2 cajas de refresco, pero para la víctima no hay ninguna reparación de daño. Estos son solo ejemplos de cómo se procura la justicia en las comunidades indígenas.

Por otra parte, las propias mujeres en comunidades indígenas han expresado que los programas sociales han motivado el casamiento temprano y el aumento de la fecundidad, provocando que las mujeres indígenas tengan un mayor número de hijos y que los embarazos sean a edades más tempranas ya que así pueden ser “apoyadas” por el gobierno. Esto es grave porque los programas sociales que otorgan ayudas en especie o en monetario pueden aumentar formas de violencia contra las mujeres, al someterlas a violencia para que entreguen dichas ayudas a los esposos, provocando así irresponsabilidad de los mismos para la manutención de la familia y un incremento notorio de la fecundidad de las mujeres que reciben dichos programas sociales llegando a tener hasta 8 hijos por mujer, además de aumentar los niveles de alcoholismo por parte de los hombres.

Por ello el FORO ESTATAL VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES INDÍGENAS DE CHIAPAS plantea que de manera urgente las políticas públicas y legislativas integren las propuestas de la Agenda de las Mujeres Indígenas, y que el paquete de reformas propuesto por el Ejecutivo incluya de forma obligada la perspectiva de interculturalidad y como señala Naciones Unidas (2008)[5] se deriven políticas como una necesidad imperante de aumentar la sensibilización de los pueblos indígenas en la protección de los derechos de las mujeres.

La campaña de Desarrollo, Género y Ciudadanía JUNTAS PODEMOS LOGRAR EL DERECHO A UNA VIDA SIN VIOLENCIAS, impulsa los liderazgos femeninos y la participación comunitaria, concordando con las recomendaciones de ONU- Mujeres[6] , al generar propuestas educativas que considerando la cosmovisión indígena se fortalezcan capacidades para la disminución de la violencia y el acceso a la justicia en las comunidades indígenas. Ya que a pesar de que La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Chiapas (2009) estipula difundir en las comunidades indígenas información y vigilar que los usos y costumbres no atenten contra los derechos de las mujeres y que el Reglamento de la Ley (2010) establece la implementación de políticas y la emisión de instrumentos normativos a nivel municipal, en la actualidad esto no se ha logrado porque no se han asignado recursos específicos, ni se cuenta con un programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en las comunidades indígenas por lo que conminamos a los diferentes poderes e instituciones del estado a que sean parte de esta Campaña y así contribuir a erradicar la violencia de género en las comunidades indígenas desde sus ámbitos de actuación.

Nuestras principales propuestas incluyen:

• Visibilizar la problemática de las mujeres indígenas y visibilizar su condición y situación de género en todos los procesos de diseño de políticas públicas y armonización legislativa.
• Transversalizar la agenda de las mujeres indígenas y la perspectiva de interculturalidad en el paquete de reformas presentada al legislativo para la armonización en los temas de derechos de las mujeres y en las políticas públicas que se deriven.
• Establecer la obligatoria participación de las mujeres indígenas y de la sociedad civil en todas las instancias municipales para la atención de la violencia.
• Implementar un programa específico para la atención de la violencia hacia las mujeres indígenas y asignarle un presupuesto para la reparación del daño a las víctimas.
• Incorporar a todas las autoridades formales e informales de los municipios indígenas a procesos de formación y aumentar su conocimiento del marco jurídico de atención a la violencia, así como establecer la obligatoriedad y sanciones en caso de no cumplir con la ley.
• Armonizar el marco jurídico tomando en cuenta el papel de las autoridades en los municipios indígenas y así disminuir la impunidad en la procuración de la justicia.
• Impulsar programas sociales que propicien el fortalecimiento de capacidades, el empleo, el empoderamiento económico y la autonomía de las mujeres, ya que los programas sociales actuales incrementan la dependencia y han sido un factor propicio para aumentar la violencia, el matrimonio temprano y el aumento de la fecundidad.
• Incorporar la obligatoriedad de la paridad de género en las contiendas electorales obedeciendo a los principios constitucionales de la reforma electoral federal.
• Incorporar el concepto de violencia política contra las mujeres en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Tipificar como un delito y una violación de la integridad y dignidad de las mujeres el establecimiento del precio y compra de la novia.

[1] Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe Anual de Actividades. 2007.

[2] CONAVIM 2013. (p. 462-463)

[3] Encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Comisión Nacional para el   Desarrollo de los Pueblos Indígenas en 2008.

[4] Comité CEDAW. Observaciones fina les del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. México. 2012.

[5]Las mujeres indígenas y el Sistema de las Naciones Unidas. Buenas prácticas y experiencia adquirida.

Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas. Nueva York, 2008.

[6] Enfoque interinstitucional y respuesta comunitaria coordinada. Disponible en:http://www.endvawnow.org/es/articles/127-enfoque-interinstitucional-y-respuesta-comunitaria-coordinada.html