Militares crean contrainsurgencia para someter a población; buscan instaurar dictadura: Obispo Vera

OBISPO VERA

“Hablar de desplazamiento y comunidades indígenas remite a uno de los casos más emblemáticos: el de los indígenas de Chiapas. Sin dudarlo es y ha sido uno de los rostros más perversos del sometimiento indígena, en esta zona geográfica del país, donde las condiciones de atraso, miseria y marginación han sido el pan de cada día de estos pueblos, después de por lo menos cuatro siglos”, afirma el sociólogo Jorge Mercado Mondragón.

Asegurando que aún con el levantamiento indígena de 1994, el Estado mexicano sigue orillando a miles de indígenas a un desplazamiento forzado sin precedentes en el país. “En esta humillación y sometimiento, los indígenas han creado movimientos para defender su territorio, su agua, biodiversidad y hábitat, porque es evidente que están arrebatándoles sus propiedades, para lo cual grandes áreas están siendo militarizadas”, afirma el Obispo Raúl Vera.

Sin embargo, según el Obispo, el gobierno no solamente persigue a indígenas para arrebatar riquezas, sino también a quienes se unen a un movimiento social, cuyo propósito sea la erradicación de la pobreza, desigualdad y el hambre. Así es como son perseguidos, perteneciendo o no a un grupo étnico. Citando como ejemplo al pueblo chiapaneco de Simojovel, “es uno de las comunidades más representativas en la lucha contra el gobierno, donde además existe una rebelión en contra de los vendedores de drogas y alcohol, solapados por los dirigentes políticos”, relata.

“En Chiapas, los índices de extrema pobreza, marginación y olvido, también han sido el vehículo para que el gobierno estatal y federal continúe con la acelerada cooptación y división comunitaria que se aconseja en los planes militares para combatir la insurgencia en Chiapas, y así restar posibles aliados del proyecto político zapatista por la autonomía y la vida de los pueblos indígenas”, argumenta un informe del Centro de Derechos Humanos Frayba.

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En el caso de Simojovel, Raúl Vera agrega que, “los principales dirigentes del estado se encuentran frente a la lucha de una comunidad que podrían ser víctimas de represalias severas, es decir, hay datos que demuestran que los últimos que manipularon las vacunas, que aplicaron a los bebés, y quienes las refrigeraron, fue personal de la Secretaría de Salud, poco después sucede un fenómeno en el que a los niños se les bajaron los signos vitales y además los encontraron con glucosa baja, entonces pudieron haber sido vacunas suplantadas con insulina”.

Vera López explica que, si los signos vitales bajan con la disminución de la glucosa, es urgente que se investigue qué es lo que pasó, porque podría tratarse de un ataque a una comunidad que está teniendo una presencia civil de rebelión social, ante los ‘desmanes’ y la relación que existe entre gobierno y vendedores de alcohol y drogas.

“Quien no está con el gobierno mexicano, está contra él. El terrorismo de Estado mantiene como una de sus máximas expresiones la desaparición forzada de personas por motivos políticos e intereses económicos, una experiencia que ha sido invisibilizada en todo el país, a fin que esos crímenes de lesa humanidad queden en la impunidad. La tecnología ayuda a difundirlos, pero el arduo trabajo, lleno de riesgos, ha sido de familiares, ONG’s y sociedad civil que levanta su voz y exige justicia”, afirma la internacionalista Isabel Gómez Junco.

Asimismo, Gómez Junco puntualiza: “la desaparición forzada fue practicada por el Estado (el priismo) y sus fuerzas militares de forma permanente durante la década de los setenta, y fue precisamente en Guerrero, puntualmente la región de la Costa Grande, zona de alto riesgo para los habitantes. Hoy la historia se repite de forma cruenta, ahí y en todo el país, hoy el averno tiene su ubicación en México, padecido por millones de inocentes y no tan inocentes que nuevamente le entregaron el poder al PRI y a un hombre que les demostró, años antes, que era capaz de mandar a torturar y asesinar a inocentes, sin que eso le significara un problema”.

“Ayotzinapa siempre será un caso a resaltar, donde solamente se permitió investigar si las zonas estaban bajo supervisión del ejército. Chilapa, siendo también una zona militarizada, casualmente pudieron entrar encapuchados y atacar a los pobladores, cuando existen declaraciones que aseguran que los encapuchados decían: ‘los vamos a llevar a la región militar’. Esos testimonios están en poder del Tribunal a favor de los Pueblos”, afirma el Obispo Vera.

Y explica que existen denuncias en las que se afirma que en el caso Chilapa, a los que hoy se les llama ‘guardias comunitarias’, son grupos pertenecientes a la delincuencia organizada, asegurando que “de ninguna manera son guardias comunitarias, ya que ellos no actúan así, la policía comunitaria de Guerrero son grupos con una tradición muy seria, ellos no desaparecen personas, porque son de lo más honestos, entonces quienes desaparecieron y acribillaron evidentemente son grupos paramilitares, quienes actuaron deliberadamente, aún estando el ejército en la zona, ya que casualmente ni siquiera se dieron cuenta. Otro foco rojo al que prestarle atención es Ayutla, porque aunque es una zona de paz, también tenemos noticias que existen grupos paramilitares”.

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El obispo Vera asegura que el ejército está usando grupos paramilitares para controlar la insurgencia de las comunidades indígenas. Ya que se ha visto la expansión de dichos grupos, los cuales son un nuevo mecanismo de contraataque. Y puntualiza que dos ejemplos más son las masacres en Tlatlaya  y Apatzingán, demostrando que existen ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional.

“Todos los casos anteriores demuestran que en efecto los militares son quienes crean la contrainsurgencia para el control de la población, es así como nos damos cuenta que estamos caminando hacia una dictadura, donde no sólo por los pueblos indígenas están siendo acechados, sino todos los mexicanos. A esto se suma al abandono de las clases pobres, a las que nadie les hace caso, y como resultado los muertos siguen aumentando, aún más que en el periodo de Felipe Calderón”, puntualiza el Obispo Raúl Vera.

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