Una disculpa pública sin el agresor presente. Fuerzas Armadas son un poder superior al civil, acusan

Desde que efectivos militares llegaron en 1994 a Chiapas para realizar acciones contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se incrementaron las violaciones a los derechos humanos: Frayba

Gobierno federal pide disculpa publica a los padres de Ángel, Ricardo y José, víctimas de la explosión de una por granada militar

Representantes de las Fuerzas Armadas se negaron a asistir al evento, cuya realización se efectuó con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Chiapas. Ángel Díaz Cruz, de 9 años de edad, murió por el impacto de una granada antipersonal que había sido “olvidada” por personal del Ejército mexicano a 500 metros de la comunidad El Aguaje, del municipio de San Cristóbal de las Casas. Ricardo y José López Hernández quedaron heridos.

Los hechos ocurrieron en septiembre del año 2000. Hoy, 15 años después, el gobierno mexicano celebró un acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano, y pidió una disculpa pública a los familiares de las víctimas.

El gran ausente en el evento, fueron los representantes de las Fuerzas Armadas, cuyos efectivos utilizaban como campo de entrenamiento un terreno que les servía a la comunidad El Aguaje para recolectar hongos y pastorear sus rebaños de ovejas.

“Estos pobres niños lo único que hacían era buscar hongos para comer”, vieron la granada que pensaron era un juguete, y la llevaron al interior de la vivienda donde explotó, explicó el padre de Ricardo y José, quien habló también a nombre de Cristina Reyna Cruz López, madre de Ángel.

“Mi familia y los habitantes de El Aguaje estábamos ya obligados a convivir con todo tipo de ruidos provocados por los explosivos, los morteros, las ametralladoras, lo cual provocaba mucho miedo”, recordó.

La familia de los niños heridos y de Ángel, denunciaron ante autoridades judiciales el hecho. La Agencia del Ministerio Público Militar demandó atraer las investigaciones y a partir de ese momento le cerró el acceso del expediente a la familia y sus representantes, sin que se realizará la reparación del daño, y se diera atención médica a los dos sobrevivientes.

Con ayuda del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), la familia llevó el caso ante la CIDH, quien luego de varios años de investigaciones, concluyó que el gobierno mexicano era responsable por no realizar sus prácticas en zonas seguras y lejos de la población civil, y negó el acceso a la justicia a las víctimas, al llevar el caso al fuero militar.

De acuerdo con el gobierno mexicano, por estos hechos fueron detenidos el mayor de Infantería, Raúl Anguiano Zamora; y el teniente Emilio Sariñana Marrufo. Las familias desconocen cuál fue la penalidad que se les dio, porque nunca se les notificó del proceso.

La CIDH pidió al gobierno y a las víctimas llegar a un acuerdo de solución amistosa, que incluye la disculpa pública que se llevó a cabo este día, y que dio Homero Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

Homero Campa informó que a las familias se les indemnizará por los daños, y se construirá una escuela en El Aguaje, que lleve el nombre de Ángel Díaz Cruz.

El director del Frayba, Pedro Faro, explicó que la CIDH ha tenido que intervenir en otros tres casos donde el Ejército Mexicano ha violado los derechos humanos de habitantes de Chiapas, en situaciones que incluyen la tortura y el homicidio de civiles a donde llegan a asentar sus campamentos.

Explicó que desde que efectivos militares llegaron en 1994 a Chiapas para realizar acciones contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se incrementaron las violaciones a los derechos humanos.

Faro subrayó que a pesar de que el gobierno mexicano se ha comprometido a detener las violaciones a los derechos humanos, el Ejército mexicano se ha mantenido ajeno. “El día de hoy falta el personaje principal de esta historia (…) El Ejército mexicano no está presente porque en México es intocable, nos queda claro que es un supra poder al gobierno civil”, subrayó.

Por su parte, José López Cruz, exigió al gobierno mexicano que los acuerdos hoy firmados “sean cumplidos a cabalidad”.

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Padres de los niños de El Aguaje. Foto: Frayba

Palabras de José López Cruz en el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad

A 28 de enero de 2016.

Buenas tardes a todos los presentes,

Mi nombre es José López Cruz y en representación de mi familia, mis hijos y especialmente de la señora Cristina Reyna Cruz López madre del niño Ángel Díaz Cruz fallecido, voy a expresar las siguientes palabras.

Ha pasado más 15 años en el que mis hijos resultaron gravemente lesionados y que desgraciadamente el niño Ángel Díaz Cruz falleció a consecuencia de la explosión de una granada de fusil antipersonal propiedad del ejército mexicano.

Esos pobres niños lo único que hacían era buscar hongos para comer, pero debido a la negligencia del personal del ejército al no advertir los riesgos que pudiera acontecer en el lugar de campo de prácticas de tiro, a casi 500 metros de nuestra comunidad, resultó esta gran tragedia.

Además mi familia y los habitantes de mi comunidad El Aguaje, estábamos ya obligados a convivir, con todo tipo de ruidos provocado por los explosivos, los morteros, las ametralladoras lo cual provocaba mucho miedo. Sin embargo, el lugar era utilizado por la comunidad para la recolección de hongos, caminos de paso, pastoreo y recolección de leña.

Las mujeres ya no podían realizar sus actividades cotidianas por el campo, debido a que continuamente sufrían el acoso del personal militar.

A partir de las graves lesiones de nuestros hijos, comenzó nuestro sufrimiento, al verlos graves, a la presión de que uno de ellos le iban amputar una pierna; a la falta de atención de las autoridades porque no recibimos a atención necesaria y fuimos nosotros como familias que cargamos con toda la responsabilidad del seguimiento de recuperación de nuestros hijos.

Además por la falta de acceso al seguimiento de las investigaciones, debido a que estas se llevó a cabo desde la jurisdicción militar, quienes nunca nos permitieron saber el seguimiento del proceso penal militar, además de que el Juzgado Militar se encuentra en la Ciudad de México, Distrito Federal y no tenemos los recursos para ir hasta allá.

Las autoridad nunca se dieron cuenta de que éramos personas civiles y que nuestro caso debió  ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar, pues dejaron llevarse por el tipo de armamento que explotó, y nunca velar por nuestros derechos humanos.

Los días fueron largos, han sido largos, pues durante estos más de 15 años, hemos buscado la justicia. Hasta hoy no sabemos quienes son los verdaderos responsables de causar esa tragedia ni mucho menos cuales fueron sus castigos.

Los efectos psicológicos en nuestros hijos, en nuestras familias se mantienen, debido a la falta de justicia y la atención. Y ante el temor de que dentro de sus cuerpos exista todavía esquirlas.

Esperamos que estos acuerdos que hoy firmamos, sean cumplidos a la cabalidad.

Agradecemos infinitamente al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé por su acompañamiento, porque sin ellos nunca hubiéramos podido lograr esta nuestra lucha.

Señores y señoras, durante todos estos años, hemos vivido la incertidumbre de que algún otro niño le pase lo mismo, es por eso que exigimos que estos hechos nunca vuelvan a repetirse.

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La justicia en México llega tarde y mutilada Caso

El Aguaje (Angel Díaz Cruz+, Ricardo López Hernández y José Leonardo López Hernández)

Muerte Anciana y triste muerte

Adulta y silenciosa muerte

Joven y llorosa muerte

Niña y estúpida muerte.

Buenos días a todas y todos, con el permiso de la señora Cristina Reyna Cruz López, del Señor José López Cruz y sus respectivas familias, tomo la palabra.

Hoy estamos aquí ante este recinto de la Facultad de Derecho, para escuchar el perdón público del Gobierno mexicano, ante las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de los niños Ángel Díaz Cruz, Ricardo López Hernández, José Leonardo López Hernández, así como a todos sus familiares, debido a los hechos del 17 de septiembre del año 2000, en la comunidad El Aguaje del ejido La Albarrada, municipio de San Cristóbal de Las Casas, estado de Chiapas, a causa de la explosión de una granada de fusil antipersonal propiedad del Ejército mexicano.

De la explosión resultó muerto el niño Ángel Díaz, con heridas graves Ricardo y José Leonardo. Hechos sucedidos en el contexto de la acción de contrainsurgencia que implementa el Estado mexicano en contra de los pueblos y comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así también en contra de los pueblos y comunidades que resisten las políticas de despojo territorial y exterminio.

También estamos aquí para recordar que el Estado mexicano ha mantenido en la impunidad por 15 años y 5 meses el Caso del Aguaje, lastimosamente no es el único donde están involucradas las Fuerzas Armadas de México; lastimosamente no es el único donde la impunidad marca el ritmo de vida de quienes exigen al Estado que cumpla con sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos como es su deber internacional.

Pues la muerte de Ángel Díaz, es de plena responsabilidad del Ejército mexicano, así como los daños a la integridad física y psicológica que de manera permanente quedaron marcados en los cuerpos de Ricardo y José Leonardo y las de sus familias, truncando sus proyectos de vida. Bajo el mecanismo de solución amistosa, acordada por la mediación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la petición P-1266-06, se comienza un acto simbólico de reconocimiento de violaciones de derechos humanos y por consecuencia un resarcimiento práctico para reconstruir parte de sus vidas.

Logro que no está anclado en la esperanza hacia el Estado mexicano, sino que fue gracias a la lucha encabezada por la Señora Cristina Reyna Cruz López madre del niño Ángel López Cruz, quien se encuentra presente, y el señor José López Cruz quienes de manera persistente insisten en la Verdad y Justicia para sus hijos. 1 Análisis realizado por peritos de la Secretaría de la Defensa Nacional, peritaje de fecha 2 de febrero de 2001.

La justicia en México llega tarde, parcial, mutilada, incompleta, un tanto maltrechas como es de por sí el actuar del Estado mexicano. El día de hoy falta el personaje principal de esta historia, el perpetrador por antonomasia en Chiapas: El Ejército mexicano.

Se encuentran en este lugar los gobiernos federal, estatal, representados en su parte civil, porque aunque dicen tener voluntad de reconocer las violaciones a derechos humanos, el Ejército mexicano no esta presente, porque en México es intocable, nos queda claro que es un supra poder al gobierno civil.

El Estado mexicano ha defendido con toda su fuerza el fuero militar, lo que le permite mantener en impunidad las mayores atrocidades en el país, los crímenes de lesa humanidad que aún no reconoce.

Pasando a la historia de horror, el 17 de septiembre del 2000, los niños Ricardo López Hernández (de 11 años de edad) y Ángel Díaz Cruz (de 9 años de edad), salieron a buscar hongos comestibles, introduciéndose al campo militar de Rancho Nuevo. La cerca de alambre que delimitaba el inmueble militar se encontraba rota por el continuo paso de personas y animales de pastoreo, siendo este lugar de uso y posesión tradicional de la comunidad.

Los menores encontraron un objeto de color verde, creyendo que era un “juguete” lo levantaron y lo trajeron con ellos. De regreso a su casa, le enseñaron a José Leonardo López Hernández (18 años de edad), el objeto metálico. Cuando José Leonardo quiso agarrar el objeto, éste se le cayó de las manos y al hacer contacto con el suelo explotó. El “juguete” resultó ser una granada de fusil antipersonal propiedad del Ejército mexicano, como lo determinó el peritaje de la Dirección General de Fábricas de la Defensa Nacional.

Trasladaron a los tres menores lesionados al Hospital Regional de San Cristóbal de Las Casas, quienes ingresaron con graves heridas en varias partes de su cuerpo. El niño Ángel Díaz Cruz, fue trasladado el 18 de septiembre al Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez donde falleció ese mismo día.

La investigación del caso: 1. Fuero Civil a) La Subprocuraduría de Justicia Indígena, el 17 de septiembre de 2000, inició la Averiguación Previa: IA/01/518/00-09 en agravio de los hermanos José Leonardo y Ricardo López Hernández, así como del menor Ángel Díaz Cruz. El 18 de septiembre, el Ministerio Público Indígena, remitió la investigación al Ministerio Público de la Federación (MPF) con sede en San Cristóbal de Las Casas, al considerar que los hechos se relacionaban con material explosivo de uso exclusivo del Ejército. b) En la Procuraduría General de la República (PGR), el 19 de septiembre de 2000, el Agente del Ministerio Público Federal (MPF) inició la Averiguación Previa: SCL/120/2000.

El 16 de octubre de 2000, el MPF realizó consulta de incompetencia al delegado de la PGR en Chiapas y el 18 de octubre de 2000 se autorizó remitir la Averiguación Previa al Ministerio Público Militar por considerar que a las autoridades castrenses les tocaba conocer de los hechos. 2.

Fuero Militar El 25 de octubre, la Averiguación Previa fue recibida por la Agencia del Ministerio Público Militar adscrita a la 31ª Zona Militar y agregada a la numero 31ZM/084/2000 que había sido iniciada por esta autoridad desde el 19 de septiembre. Se ejercitó acción penal en contra del Mayor de Infantería Raúl Anguiano Zamora del 73/o Batallón de Infantería con sede en San Quintín, Chiapas.

Así como en contra del Teniente Coronel de Infantería Emilio Sariñana Marrufo. Dentro del enjuiciamiento penal militar las víctimas y sus familiares no fueron notificados respecto a lo actuado en las investigaciones por parte de las autoridades militares. En reiteradas ocasiones, los familiares y sus representantes solicitaron información a las autoridades militares respecto a la situación jurídica del caso, sin obtener resultados.

Diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han denunciado que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos.

Por lo tanto el 6 de noviembre de 2006, las víctimas y sus familiares interpusieron una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano, la CIDH emitió el informe de admisibilidad No. 47/13, el 12 de julio de 2013, mediante el cual decidió admitir la petición por lo que se refiere a la violación de los artículos 4, 5, 8, 19 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con relación a los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas y sus familiares.

El Estado mexicano reconoce como ciertos los hechos establecidos por la CIDH en su informe de admisibilidad número 47/13. Cabe reiterar que el contexto de este caso se da a partir del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la presencia del Ejército mexicano aumentó considerablemente en Chiapas, ocupando territorios de los pueblos indígenas.

Como consecuencia de esta militarización, las violaciones de derechos humanos contra la población se generalizaron siendo los responsables, en su mayoría integrantes del Ejército mexicano, como se ha demostrado en los casos admitidos por la CIDH (Caso 11.564 Gilberto Jiménez y otros, La Grandeza; Caso 11.411 Severiano y Hermelindo Sántiz Gómez, ejido Morelia y Caso 11.565 Ana, Beatriz y Celia González Pérez).

Desafortunadamente los espacios de violencia generalizada en México no son cosas del pasado, al contrario son tan actuales al sistema de explotación y despojo. Seguimos sosteniendo que estos actos de perdón público son lo mínimo, como una pequeña medida para resarcir los daños causado por el Estado mexicano.

Hoy vivimos una crisis de derechos humanos con los miles de asesinatos, personas desaparecidas, desplazadas forzadas, de violaciones a los derechos de los migrantes, de personas que se encuentran en la cárcel con un juicio injusto, los crecientes feminicidios, torturas y un cruel etcétera de violaciones a derechos humanos.

Finalmente quiero concluir con palabras de Jtatik Samuel Ruiz García, expresadas en el 30 aniversario de la Pascua de Monseñor Romero, que reflejan la crisis de humanidad que vivimos en México:

De nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre; de nada sirven los cambios de banderas, de partidos en el poder, de supuestas elecciones democráticas, si estos cambios sólo sirven para perpetuar este sistema de muerte […] de nada sirven gobiernos emanados de la oposición, si no combaten a fondo esa violencia estructural que proviene de los mismos potentados económicos y de las mismas instancias gubernamentales y militares que se han perpetuado en el poder […] Ha llegado la hora de que la sociedad civil organizada reclame para sí el derecho a gobernar, el derecho a darse las autoridades que merece, el derecho a ejercer plenamente su soberanía, aplicando una justicia que no deje en la impunidad tantos crímenes cometidos en nombre de una supuesta democracia y de una aparente libertad. El derecho de los niños, de los jóvenes y de las mujeres a ser tomadas en cuenta en estas sociedades machistas, el derecho de la tierra y de la naturaleza a ser respetada.

El futuro está en nuestras manos, hermanas y hermanos y no en las manos de políticos corruptos o de militares golpistas.

Muchas gracias.

Pedro Faro Director Jobel, Chiapas, Mexico. A 28 de enero de 2016