Arbitrariedades electorales

Fernando Castellanos Cal y Mayor debería ser acusado por el delito electoral de uso indebido de los datos personales de los ciudadanos y de manipular la libertad de elección y afiliación de los tuxtlecos, con acciones corporativistas.

Para evitar las sanciones impuestas por el INE el partido Verde distribuye tarjetas de descuento a domicilio con la leyenda “Para afiliados del Partido Verde Ecologista de México” corporativizando a los ciudadanos; es decir, pasan por encima de éstos anteponiendo la fuerza, el poder político que se han apandillado los del verde.

Ante el cinismo del presidente del verde cabe el reclamo personal: no soy, nunca lo he sido ni seré simpatizante de ese partido satélite del PRI mucho menos afiliado ¿Entonces por qué usa nombres indebidamente para enviar propaganda que violenta el derecho a la privacidad de los ciudadanos?

¿Así es como van a operar, similar al caso Monex que contribuyó al gran fraude para enquistar a Peña Nieto en la presidencia? ¿O falsifican firmas y adhesiones para engrosar un padrón que emplearán para los operativos mapaches aprendidos de sus cómplices priistas?

¿Por qué en lugar de repartir tarjetas de descuento de manera siniestra y abusando de las listas nominales, Castellanos Cal y Mayor mejor debería explicar los motivos que tuvo para inventar un atentado y lo que es peor, se escondió en las faldas y los pañales de su mujer y su hijo? ¿Por qué está en abierta campaña disfrazado como “informes de sus actividades legislativas”.

Este abuso en el uso de los datos personales de miles de tuxtlecos son motivo suficiente para denunciar al partido ése y como consecuencia a sus representantes locales: Manuel Velasco, Eduardo Ramírez y Fernando Castellanos, así como toda esa prensa que les hace comparsa en esta danza de millones que compra dignidades, portadas y columnistas.

De acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el partido Verde viola el artículo 7. “Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: (fracción XI): Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales”; así como el artículo 9: “Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que: (fracción VIII). Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación”.

Asimismo, infringen los Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del registro federal de electores por los integrantes de los consejos general, locales y distritales, las comisiones de vigilancia del registro federal de electores, los partidos políticos y los organismos electorales locales, en la séptima Disposición General se lee: “Los miembros de los Consejos General, Locales y Distritales, tendrán acceso, de conformidad con los presentes lineamientos, a los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y a los instrumentos y documentos electorales que los contengan, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darle o destinarla a finalidad distinta al de la revisión del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores”, (subrayado propio).

¿Queda claro entonces el abuso y violación a los datos de los empadronados que el partido Verde realiza? Además, las “promociones” pregonadas por la tarjeta son las comunes que se obtienen con diversas tarjetas y/o que las mismas tiendas ya ofrecen.

Pero no es el único que abusa de los ciudadanos. Callada como si no hiciera nada Obdulia Magdalena Torres Abarca ha iniciado, desde hace semanas, encuestas para identificar simpatizantes porque ella también aspira a ser alcaldesa de Tuxtla Gutiérrez.

Con el apoyo de la Red de Unidad Ciudadana y Trabajadores de la Educación en Chiapas, han aplicado muestreos los cuales han sido adversos pues es nulo el conocimiento que se tiene de Torres Abarca. El posicionamiento obtenido entre la ciudadanía tuxtleca, es menor a 2%.

El abuso que los “simpatizantes” llevan a cabo es la explotación de los jóvenes encuestadores, quienes por aplicar 30 encuestas apenas ganan 200 pesos, sin proporcionarles agua mucho menos una torta.

Los jóvenes encuestadores se sacrifican por la promesa que les hicieron de otorgarles becas de programas sociales que como marca la ley NO DEBEN UTILIZARSE PARA FINES ELECTORALES, pero este delito se comete al amparo del gobierno.

Por cierto, se rumora hasta el ofrecimiento de plazas hasta en la Unach, misma que el 27 de febrero de este año, prestó el auditorio de Los Constituyentes para presentar ante acarreados y videos rastreros, un informe sin contenido y donde la “maestra” evidenció que no sabe leer, no domina el escenario y ni siquiera sabe ver al público presente.

Si así actúan ahora que no están en el poder, imagínese lo que harán una vez en ello.