Las nuevas reglas informales

Eduardo Medina Mora, luego de ser elegido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Cortesía

Por Bernardo Ibarrola/El Presente del Pasado

Seguro que el presidente de México sufre los vicios y defectos que se le han señalado a raíz de la designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Enrique Peña Nieto es autoritario, prepotente, testarudo, insensible y torpe. Este episodio lo retrata con nitidez pero no es el primero ni, para desgracia nuestra, será el último que ponga en evidencia los rasgos de su personalidad.

Más allá del personaje, la llegada de Medina Mora a la Suprema Corte llama la atención sobre las transformaciones de las “reglas de juego” del sistema político mexicano. Según la definición que puede encontrarse en cualquier manual de neoinstitucionalismo, los sistemas políticos funcionan con reglas del juego, y hay dos clases de éstas: formales (leyes) e informales (costumbres, rutinas, procedimientos, hábitos y estilos generalmente aceptados). Para la designación del nuevo ministro de la corte, las reglas formales fueron rigurosamente respetadas; en cambio, las informales, en plena obsolescencia, se violaron de manera brutal. Por eso el escándalo.

Según la constitución de 1857, los 15 ministros de la Suprema Corte se elegían por los ciudadanos, a través del voto indirecto en primer grado, “en los términos que disponga la ley electoral” (artículo 92), es decir, prácticamente de la misma forma que el presidente de la república. Por otro lado, el artículo 79 establecía que el presidente de la Suprema Corte de Justicia substituiría al presidente de la república en ausencia de éste último. Bien sabemos el papel político central que los presidentes de la corte desempeñaron a partir de entonces: Benito Juárez, Jesús González Ortega, Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias… Uno de los cambios clave en las reglas formales que permitió la consolidación del poder de los porfiristas fue, justamente, la “despolitización” de la presidencia de la corte: en 1882 se modificó el artículo 79 para disponer que, en caso de necesidad, el sustituto del ejecutivo sería el presidente del Senado o de la comisión permanente del Congreso, cargos que rotaban entre los legisladores con enorme frecuencia. Desde entonces, la elección de ministros de la corte perdió la relevancia política nacional que había tenido durante las tres década anteriores.

El constituyente de 1916-17 cambió sustancialmente las reglas formales al respecto. El artículo 96 de la nueva carta queretana abandonaba el principio de elección popular para la conformación del poder judicial y establecía que los 21 Ministros de la Suprema Corte serían designados por los otros dos poderes: el ejecutivo los nombraría y el Senado aprobaría —o no— los nombramientos presidenciales. Desde entonces se ha mantenido este mecanismo. Con el tiempo, el régimen posrevolucionario decantó un conjunto de reglas informales que, aunque no resolvió los descomunales problemas de falta de equidad en la impartición de justicia y bajísima calidad de ésta, sí armonizó la existencia del “tercer poder” de la doctrina clásica con las prácticas efectivas del gobierno.

Y eso, justamente, es lo que está crujiendo ahora. La designación de Medina Mora no tiene nada que ver con la impartición de justicia, sino con el ejercicio del poder. La dichosa transición mexicana a la democracia no fue más que la transformación —formal e informal— de un sistema autoritario a una poliarquía partidaria en la que el poder ejecutivo se ve obligado a controlar más directamente ámbitos que antes no estaban sujetos a las veleidades electorales.

Ahora sí. En el Senado mandan los partidos y los partidos ganan o pierden poder en las elecciones. Según como hayan quedado, “reparten” nombramientos de jueces en negociación con Los Pinos. Si “le toca” un ministro al PRI, le toca y punto. Aunque el postulante haya sido procurador de un gobierno panista; aunque no sea precisamente del PRI sino del presidente. Ésta es la nueva regla informal: un día le “puede tocar” ser ministro de la corte a Francisco Ramírez Acuña o a Gerardo Fernández Noroña.

La corte se “repolitizó”: más puestos —o sea espacios para la toma de decisión y el acceso a recursos públicos— bajo el control de esas extrañas sucursales de la Secretaría de Gobernación y la Subsecretaría de Egresos de Hacienda que son las dirigencias nacionales de los partidos. Habrá que ver qué nuevas reglas informales se establecen en torno a la designación de ministros de la corte. Por lo pronto, quedó claro que el voto popular negativo —las 52 mil firmas en contra de la designación del nuevo ministro— no cuenta, lo que parece completamente lógico, a pesar de que sea, también, vergonzoso: si los ministros se designaran por elección popular como en el siglo XIX, y el PRI-PVEM hubiera postulado a Medina Mora, éste habría ganado. Por mucho.