Magisterio y Gobierno Federal ¿diálogo imposible?
La espera. Foto: Cortesía
¿A dónde van la insurgencia magisterial y la Reforma Educativa federal? Se ha cumplido ya una semana de la mega marcha magisterial y plantón en la plaza central de la capital chiapaneca. Para el día de hoy hay más acciones magisteriales y claro está, más intimidaciones gubernamentales con los vuelos de los helicópteros de la Policía Federal sobre el plantón de los maestros.
En estos días el Gobierno Federal ha endurecido su postura y el magisterio ha radicalizado sus acciones. Se espera que estas dos posturas opuestas sigan un camino diferente a lo que la crisis educativa necesita con urgencia: diálogo entre la disidencia magisterial y el gobierno federal.
El diálogo, aunque pareciera la salida más digna para los dos partes -ya desgastadas-, se antoja casi imposible.
Pareciera que el magisterio chiapaneco y el Gobierno Federal van por el todo o nada.
¿Qué quiere cada una de las partes?
Radical el secretario Aurelio Nuño Mayer anunció el cese inmediato de mil 134 profesores, y en respuesta el CNTE SNTE Bloque Democrático, endureció su postura.
¿Por qué el conflicto entre magisterio y gobierno federal ha llegado hasta este punto que parece sin retorno y que puede terminar en violencia generalizada o represión selectiva de los líderes magisteriales?
En primer lugar, porque los dos oponentes subestimaron al otro.
El magisterio, -su dirigencia- no pudo ni supo reaccionar en el momento preciso para detener lo que debió impedir con todas sus fuerzas: la Reforma Educativa convertida en ley.
Por su parte, el Gobierno Federal acostumbrado a la coacción, el aplastamiento o la compra de los liderazgos magisteriales, no previó que estos fueran rebasados por una furiosa o indignada base magisterial.
Vendida a la opinión pública como parte de un paquete de reformas estructurales que harían a las instituciones del Estado-Nación eficaces, las reformas pronto se aprobaron por la clase política sin problema, pero pronto también pasaron a segundo plano por dos problemas que le estallaron a la administración del presidente Peña Nieto; la masacre estudiantil de los normalistas de Ayotzinapa y los escándalos de corrupción de la clase política.
En consecuencia el clamor popular nacional es de justicia, transparencia y fin de la impunidad de la que gozan nuestros políticos. No de represión, sometimiento o aplicación de medidas punitivas contra cualquier grupo social.
Sin embargo, el Gobierno Federal dio pasos para concretar rápidamente la Reforma Educativa y en este caso el punto de quiebre fue la encarcelación de la dirigente histórica magisterial Elba Esther Gordillo, celebrada por los líderes de todos los sectores sociales; pero que entre el gremio magisterial significó una incertidumbre.
Esa incertidumbre debilitó al magisterio disidente, que para esa fecha ya venía con un desgaste político por todos los ciclos de pelea que había encabezado sobre todo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Un desgaste por líderes apresados, coaccionados y el cuestionamiento de la opinión pública de los métodos de la lucha social que son bloqueos, plantones y marchas.
Probablemente no había condiciones de lucha para detener la aprobación de la ley. Ni la oposición política -los partidos políticos- pudo detener dicha aprobación, ni la lucha y los métodos magisteriales.
Ante el ocaso del liderazgo de Elba Esther Gordillo, o se empoderaba la disidencia, o se fortalecía el “charrismo magisterial”. Sucedió lo último.
El oficialismo sindical se sometió a los intereses del Gobierno Federal y la disidencia no tuvo la capacidad ni de entender que la Reforma Educativa convertida en ley era ya irreversible, ni mucho menos tuvo también la capacidad -junto con la oposición política parlamentaria- de echarla para atrás.
En ese contexto, el Gobierno Federal para imponer la Reforma Educativa, se fue con todo contra el magisterio, de manera jurídica, política, represiva e incluso mediática.
Comenzaron también en los centros de trabajo y las escuelas los acotamientos administrativos, aplicando las sanciones previstas en la ley a quienes se inconformaron.
Lo que no previó -o no le importó- al Gobierno Federal fue la virulencia respuesta de la disidencia magisterial especialmente en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. La insurrección magisterial se desbordó, como también la respuesta gubernamental de aplicación de la ley.
Esas dos posturas parecen irreconciliables.
Todo indica que el Gobierno Federal -hasta el momento- no cederá. No lo hará porque las reformas estructurales son la herencia política y económica que quiere dejar el peñanietismo para el futuro.
Este sexenio ya desgastado, no puede dar muestras de debilidad aprobando primero una ley y después cancelándola. No lo hará porque si no somete al magisterio, el viejo estilo priista de nombrar “tapado” y heredero a la presidencia se irá por la borda, porque el presidente muestra debilidad.
No lo hará porque también Peña Nieto -volviendo a su desgaste político- si somete al magisterio, someterá luego a la burocracia, al resto de los sindicatos y todo aquel organismo o institución descentralizada o independiente.
Sería un verdadero triunfo de las políticas neoliberales y de los sueños del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Además, para la clase política nacional dicho triunfo opacaría las propuestas de transparencia y democracia efectiva y significaría también la regresión hacia los días en que en México había un partido único y un autoritarismo político.
Van por el todo o nada. Eso parece evidente.
Pero la disidencia magisterial también va por el todo o nada, y en esa lucha está sumando a otras organizaciones sociales.
El magisterio chiapaneco aglutina fuerzas y se repliega en las escuelas organizando desde la base la resistencia, principalmente con los padres de familia, armando bloques por zonas escolares.
El domingo, el magisterio dio muestras de su resistencia con una marcha de padres de familia en la capital chiapaneca, las que se solidarizaron con el magisterio disidente en el plantón de la plancha del zócalo tuxtleco.
Además -como una expresión de la crisis social y política que se vive en Chiapas- a la disidencia magisterial se les han unido los empresarios, prestadores de servicios, transportistas, padres de familia y burocracia chiapanecos, en una alianza que hasta hace poco hubiera parecido increíble.
El conflicto magisterio versus gobierno federal está atrayendo -por lo menos en Chiapas- la atención de la opinión pública. Y esta, -si no hay diálogo-, tarde o temprano se movilizará.
Si el conflicto por la Reforma Educativa tiene al magisterio y al gobierno federal en un estatus del todo o nada; en Chiapas los efectos de este conflicto se resentirán de manera explosiva.
Solo falta una chispa para que los bloqueos carreteros y la toma de edificios municipales que tuvieron su origen en los conflictos electorales y la falta de obra pública y que todavía muchos de estos están irresueltos, se vuelvan a ver en Chiapas.
Esa chispa la puede provocar la lucha magisterial contra la Reforma Educativa.
Si otros sectores sociales se están uniendo al magisterio y no se avizora diálogo, la violencia generalizada puede llegar a todos los municipios de Chiapas. Probablemente llegue en cualquier circunstancia.
Si partimos del hecho de que no se avizora el dialogo, la tentación autoritaria -que se ha vuelvo a ver en Chiapas con vuelos rasantes de helicópteros sobre el plantón magisterial- probablemente se concrete con la represión selectiva.
Si el Gobierno Federal apresará a la dirigencia magisterial, esto no hará claudicar la lucha, porque los dirigentes están rebasados por la base.
Precisamente esas tres coyunturas; la cerrazón gubernamental, la base social indignada y las condiciones sociales chiapanecas de crisis política por la frivolidad de sus gobernantes, presagian un final trágico o por lo menos estaremos viendo solo el inicio de una lucha que será larga.
El gobierno tiene el monopolio de la fuerza policial, la base social magisterial la rabia y la indignación, y en medio de ello, a un gobierno estatal que solo observa la evolución de los acontecimientos.
¿Pero, qué pasará si la falta de diálogo persiste y el apoyo social hacia el magisterio disidente se incrementa?
De entrada, tendrá que involucrarse el gobierno estatal. El problema es que ¿dónde está un interlocutor válido ante el magisterio?
Descuente a la Secretaria de Educación, Sonia Rincón Chanona, que con sus declaraciones públicas apuesta a todo, menos al diálogo; si quiere a un interlocutor serio y responsable descuente también a Eduardo Ramírez Aguilar, el líder del Congreso Estatal, probablemente solo quede el titular de la Secretaría de Gobierno, ¿Pero con que instrumentos políticos?.
Por ello, la salida autoritaria está latente.
Y habrá que pagar un costo político y social en Chiapas y en México la clase política nacional.
Ese costo lo más seguro es que se vea reflejado en las elecciones generales del 2018 y el PRI los pague con la negativa del voto ciudadano. Pero también hay costos sociales y materiales. Y con toda seguridad de estos últimos no se escapará Chiapas.
Peña Nieto parece hasta este momento que está dispuesto a asumir el costo político y personal de sostener la Reforma Educativa.
¿Estará dispuesto a asumir ese costo Manuel Velasco Coello?
¿Estará dispuesto su partido, el Verde Ecologista?
De la otra parte, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la dirigencia magisterial?
¿Qué fuerzas y que acciones estratégicas tiene en Chiapas el oficialismo sindical magisterial?
Un auténtico nudo gordiano representa la rebeldía magisterial ante los efectos de la Reforma Educativa.
Lo mejor que puede pasar es que exista diálogo y que este sea permanente.
No hay muchos augurios de que esto sea posible. Pero es necesario y urgente.
El Gobierno Federal se lleva la lección de que hacer una reforma -así sea necesaria- sin tomar en cuenta a las voces, los perfiles y las necesidades del magisterio no es una buena idea.
Y de ahora en adelante, cualquier transformación de este tipo en este país tendrá que hacerse por consenso y no por acuerdos cupulares de la clase política.
Por ahora lo que se requiere es diálogo y eso todavía se ve lejano.
Probablemente, y para evitar la violencia y la represión gubernamental y su consecuente costo político y social, lo sensato para el magisterio sea replegarse y esperar el fin del sexenio peñanietista.
Ya la opinión pública -en su mayoría y por lo menos la de Chiapas- les ha dado la razón y la victoria moral que necesitaban ante tanto desgaste, defección de líderes y resistencia ante el embate gubernamental.
Por su parte la clase política sigue aislándose y viviendo en un mundo de fantasía del que tendrán que bajarse el 30 de noviembre del 2018.
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