El dirigente estatal del PRI, Julián Nazar Morales, ya afirmó que no habrá ni consulta ni encuesta, que los tiempos legales ya vencieron para registrar ante el IEPC el método de elección interna y que el único precandidato de la coalición es Roberto Albores Gleason. Mientras tanto, el Verde-Gobierno a través de Eduardo Ramírez, sigue tensando la cuerda con manipuladas marchas “por la dignidad” que protestan contra la “imposición” del centro del país.
“Lo que mal empieza, mal acaba”. Este dicho popular ilustra muy bien lo que le está pasando a la administración de Manuel Velasco Coello en el último año de gobierno bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Inició su gestión sin poder y la está concluyendo de igual forma. En el 2012 no tuvo la elemental autoridad para elegir a su equipo de colaboradores, porque su antecesor Juan Sabines le dejó un gabinete impuesto; y ahora tampoco tiene el control de su sucesión.
Cuando el gobierno de Manuel Velasco tuvo en sus manos los datos de la dimensión del desastre provocado en Chiapas por el sismo del 7 de septiembre pasado, no todo fue preocupación por la magnitud del desafío institucional que se venía venir para enfrentar las consecuencias inmediatas y posteriores al movimiento telúrico.
A la cita con este desafío el gobernador llega en condiciones críticas. Internamente nunca logró consolidarse, no pudo superar su debilidad de origen pues fue incapaz de sacudirse del todo el poder y el tutelaje del exgobernador Juan Sabines.
La tan anunciada precandidatura al gobierno de Chiapas de José Antonio Aguilar Bodegas por fin se concretó. Sin embargo, no inició con esa fuerza que se esperaría de un político experimentado, con el control de los tiempos y seguro de la ruta que tiene que seguir para alcanzar, en su segundo intento, primero la candidatura y luego la gubernatura del estado.
Si de algo presumió Manuel Velasco durante casi cinco años en materia financiera, es que su gobierno no había contratado un solo peso de deuda. Pero como ha sucedido en otros ámbitos de su fallida administración, ese “logro” tenía pies de barro y ha empezado a derrumbarse.
Dejar en ceros el financiamiento a partidos políticos para gastos de campaña electoral y destinar el dinero a la ayuda a damnificados de los sismos y a la reconstrucción, es una propuesta que suena bien para el consumo de una sociedad agraviada por sus políticos. Pero cuando ese planteamiento se hace desde el poder, desde el partido en el gobierno, la iniciativa viene envenenada. Despojar de recursos a los partidos opositores, significa limpiarle el camino al candidato oficial a la gubernatura de Chiapas y perpetuar en el poder al grupo que hoy lo detenta.
La actuación sesgada del Tribunal no debe de verse de forma aislada, sino en el contexto de la soterrada intención del gobierno de someter a sus designios al Instituto de Elecciones, el cual quedó fuera de su control luego de que el INE decidiera renovar a todos los funcionarios.
Pero bueno, si esa posibilidad no se concretó, ahora la cuestión es plantearse si existe una opción mejor que Rómulo para encabezar una rebelión ciudadana contra el establishment político-electoral al que han querido circunscribirnos el gobierno estatal y los políticos de siempre.