PGR se niega a reparar daño a indígenas Alberta y Teresa

Anayeli García Martínez

Alberta Alcántara, Daniel Zapico (AI) y Teresa González durante la conferencia de prensa | CIMACFoto: César Martínez López

Alberta Alcántara, Daniel Zapico (AI) y Teresa González durante la conferencia de prensa | CIMACFoto: César Martínez López

La Procuraduría General de la República (PGR) se niega a reparar el daño a las indígenas Alberta Alcántara y Teresa González, quienes pasaron injustamente tres años y ocho meses en prisión, con el argumento de que después tendría que indemnizar a miles de personas que son liberadas por ser inocentes.

Como una forma de dilatar la justicia, el pasado 7 de febrero la PGR interpuso un recurso de revisión contra la resolución de un tribunal federal que ordenó indemnizar a ambas mujeres otomíes, quienes en 2006 fueron acusadas y encarceladas por el supuesto secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

Los abogados Andrés Díaz y Luis Tapia, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –que lleva la defensa legal–, explicaron que con “criterios ridículos” la PGR pretende incumplir la resolución a fin de evitar que estos casos sienten un precedente y se le obligue a reparar el daño por sus irregularidades.

El 20 de noviembre de 2013 el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) condenó a la PGR a indemnizar a las indígenas, al señalar que la dependencia incurrió en actividad administrativa irregular.

La PGR cometió esas irregularidades a través del Ministerio Público de San Juan del Río, Querétaro, que integró la averiguación previa, los seis agentes que hicieron la acusación, la delegada de la dependencia en la entidad, Norma Patricia Valdez Arguelles, y el entonces director de Normatividad, Jorge Alberto Lara Rivera.

En conferencia de prensa, los abogados señalaron que el recurso de revisión de la PGR está sustentado en la Ley de Amparo y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y será definido en un plazo de cinco a ocho meses por un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación (PJF).

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