Gobierno de la 4T traiciona a pueblos zapotecos al otorgar ampliación de explotación a minera Cuzcatlán

Gobierno de la 4T traiciona a pueblos zapotecos al otorgar ampliación de explotación a minera Cuzcatlán

#AlianzadeMedios | Por Pedro Matías en Página 3

  • Tachan de «servil» a la SEMARNAT ante la empresa canadiense Fortuna Silver Mines
  • Frente no a la Minería advierte que no permitiran la expansión del proyecto minero San José

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El Frente no a la Minería condenó la actitud servil de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ante la empresa canadiense Fortuna Silver Mines al otorgar a la compañía minera Cuzcatlán 12 años de explotación comercial en los Valles Centrales de Oaxaca.

De esta forma, “el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, traicionó a las comunidades al autorizar 10 años de explotación de nuestros territorios, tal como pactaron gobiernos anteriores del PRI y el PAN”.

Denunciaron que pese a la oposición rotunda de las comunidades, minera Cuzcatlán presentó permisos ante la SEMARNAT para explotar el territorio durante diez años más, es decir, de 2021 a 2031.

Denunciaron que el gobierno federal pactó el permiso ambiental en una visita a San Jerónimo Taviche en noviembre de 2021 y el 14 de diciembre de 2021 se las otorgaron en pleno proceso de diálogo con las comunidades afectadas.

“Es importante denunciar que los funcionarios de ésta dependencia negaron el otorgamiento de permisos a la compañía minera hasta enero de 2022, por lo que quisieron burlar y engañar a las comunidades integrantes del Frente, como en sexenios anteriores”, resaltaron en un comunicado.

Desde 2009, las comunidades articuladas en el Frente No a la Minería conformada por Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, El Llano Sitio Santiago, San Nicolás Yaxe, San Baltazar Chichicapam, San Dionisio Ocotepec y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, denunciaron ante el gobierno federal las afectaciones producidas por el proyecto minero “San José”, impuesto por la empresa minera Cuzcatlán.

Lejos de recibir una respuesta que respetara los derechos territoriales de las comunidades afectadas, el Estado mexicano incurrió en negligencias, omisiones y violencias para favorecer los intereses privados de una empresa extranjera.

En los últimos 10 años, el proyecto minero en la región de Valles Centrales solo ha dejado “desalojos violentos, asesinatos y agresiones contra defensores del territorio, contratación de grupos armados, división y polarización comunitaria, contaminación del ambiente, principalmente del agua, invasión de los territorios, entre otras violencias”.

Se quejaron que “las 12 comunidades que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todxs entregamos en tiempo y forma a la dependencia encargada de la protección del ambiente nuestras declaratorias de territorio prohibido para la minería, así como nuestra determinación y exigencia de cancelar el proyecto minero por poner en riesgo la vida, el territorio y el medio ambiente en la región” y la respuesta fue la traición.

El Frente denuncia que “no existe ningún cambio en el país, ya que los permisos desacataron nuestras actas y los argumentos técnicos y ambientales del por qué no se debe proporcionar ningún permiso a compañía minera Cuzcatlán filial de la la empresa canadiense Fortuna Silver Mines”.

En su pronunciamiento, el frente reveló que “el gobierno federal no tiene la capacidad técnica y política para frenar los intereses particulares de una compañía minera en el estado de Oaxaca y regular la industria minera conforme a derecho”.

Su afirmación la sostiene en que a pesar de que compañía minera Cuzcatlán construyó 75 obras irregulares desacatando la legislación vigente, contaminó de manera irreversible el ambiente, polarizó el tejido social, generó violencia en nuestros territorios y asesinó a dos de sus compañeros, Andrés Manuel premió a la empresa al otorgar 10 años más de explotación comercial.

Por consiguiente, determinaron que “ningún funcionario de la SEMARNAT es bienvenido en nuestras comunidades. Su actitud servil ante la compañía minera Cuzcatlán muestra que no existe un cambio verdadero en la política ambiental del país. Nuestras asambleas no olvidan que traicionaron la voluntad popular y violentaron los derechos de los pueblos indígenas al otorgar 10 años de explotación comercial a minera Cuzcatlán”.

Resaltaron que “la historia se construye desde los pueblos con dignidad, no se construye desde discursos vacíos. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México fue la bandera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En los Valles Centrales de Oaxaca, la SEMARNAT mintió y traicionó a las comunidades que mantenemos una defensa legal, legítima y pacífica de nuestro territorio”.

Lamentaron que el gobierno federal haya tomado posición de beneficiar los intereses privados extranjeros por encima de los derechos de las comunidades.

Entonces, “las promesas de un gobierno diferente han quedado lejos, el gobierno actual queda debiendo a las comunidades zapotecas de Valles Centrales, sin embargo, su gobierno se va, las comunidades resistimos y vivimos en nuestros territorios”.

Advirtieron que “las autoridades municipales y agrarias de Valles Centrales de Oaxaca tenemos el mandato de obedecer a nuestras asambleas y hacer cumplir nuestros acuerdos (por lo que) no permitiremos la expansión del proyecto minero San José, ya que no responde a nuestros intereses, hasta 2022 y pese al vileza del gobierno federal nos mantenemos dignos y firmes: Aquí decimos Sí a la Vida, No a la Minería”.

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