Denuncian traslado indebido de reclusa en SCLC

Valeria Valencia

San Cristóbal 02

 

San Cristóbal de las Casas.-Ante la presión de la Organización del Poder Popular (ONPP), el Juez Primero Penal César Rodríguez Robles ordenó el traslado de Patricia del Carmen Paniagua Gómez, quien se encontraba presa en el CERSS 5 de esta ciudad, al centro penitenciario El Amate en Cintalapa, en una clara violación a sus derechos humanos, ya que la joven padece de diabetes por lo que su salud cada vez está más deteriorada y el traslado a otro municipio la aleja de su familia y de la atención médica que recibía de ella.
“El traslado a otra prisión no resuelve sino que agudiza su problema de salud, porque ninguna prisión cuenta con el tratamiento adecuado, además al separarla de su madre, se le priva del apoyo emocional y físico debido a su enfermedad, diabetes severa, ya que necesita insulina diariamente”, afirmaron familiares de la joven inculpada a este semanario.
Víctima y sobreviviente de tortura, la joven se encuentra privada de su libertad desde el 07 de abril de 2014 junto con su madre Rosario Gómez González y de su tío Margarito Benjamín Solano González, y hasta este lunes se encontraba en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5), en San Cristóbal de Las Casas, pero debido a presiones de la organización, la inculpada fue trasladada a Cintalapa.
Patricia fue detenida en Teopisca junto con su madre y su tío acusada por la ONPP del homicidio del líder de esa organización, Manuel de Jesús Vásquez Hernández, delito que no cometió. Los familiares recordaron que los tres familiares fueron acusados por el nuevo líder de la ONPP, Samuel Vázquez Hernández hermano del difunto, por el delito de homicidio, a pesar de que en un inicio esa agrupación acusó al gobierno de la muerte de su líder.
Sin embargo, al asumir el liderazgo Samuel de la ONPP, acusó a Rosario, una de las esposas de Manuel de Jesús, del delito luego de que le exigiera le entregara pertenencias que eran de ambos esposos a lo que ella accedió, pero al exigirle también la casa que era de su propiedad mucho antes que fuera pareja del difunto y negársela, el líder acude al Ministerio Público y cambia la versión, acusando ahora a Rosario de la muerte de su hermano, ex líder de la ONPP quien fuera encontrado en un basurero, con señas de tortura.
Recordaron también que al primero que detuvieron fue a Margarito, quien se encontraba trabajando en su mototaxi y lo someten a tortura, acción que quedó constancia gracias al peritaje que realizó el Frayba.
El MP obligó a Margarito a firmar una declaración falsa donde supuestamente acusa a su hermana Rosario y a su hija Patricia del Carmen del asesinato y el MP los detiene y los trasladan al Cerss 5 de donde, más tarde las mueven al Amatey de ahí nuevamente al 5 en noviembre del 2015.
Los familiares señalan que “Desde que llegaron a San Cristóbal, el juzgado penal de esta jurisdicción a cargo del juez César Rodríguez Robles su proceso ha estado detenido; nueve meses después por intervención del Frayba y otros colectivos de acompañamiento jurídico se hace constar al titular de este juzgado la violación al debido proceso por dilación procesal injustificada”.
La preocupación de los familiares es porque Patricia del Carmen “padece una diabetes severa que alcanza picos de 480 de azúcar y necesita insulina diariamente, un tratamiento que ningún Cerss puede dar, no sólo el de San Cristóbal, el mismo Hospital de las Culturas está desabastecido. Una crisis diabética puede suponer un alto riesgo de muerte. Ante esta situación se promovió la externación de Patricia para poder atender su salud de forma privada y acudir a las audiencias al ser convocada, lo cual está previsto en el código de procedimientos penales de Chiapas. Y no significa su exculpación porque Patricia seguiría su proceso penal.
Asimismo, advierten: “Si Patricia tiene una crisis diabética y pierde la vida o se producen lesiones graves en su organismo como consecuencia, las autoridades que tengan su custodia tendrían responsabilidad penal”.
El pasado 22 de agosto, un grupo numeroso de la ONPP acudió al Juzgado penal de San Cristóbal, situado en el mismo predio del Cerss 5 para exigir al juez César Rodríguez Robles que no diera la externación a Patricia y la trasladara al Amate nuevamente.
“Este traslado afecta gravemente su salud, pues seguirá sin la atención necesaria, dilata su proceso penal nuevamente y respecto al juez constituye una acción de parcialidad que sus superiores deben observar y sancionar. Se supone que la justicia es imparcial, pero este mismo juez es el que va a dar la sentencia a Patricia, Rosario y Margarito…ustedes creen q será imparcial? Porque la ONPP le pide su condena”, cuestionan los familiares.
Lamentaron que el juez se hay sometido a la ONPP, cuyas bases están siendo manipuladas por su líder Samuel, al que le guían intereses particulares y no de justicia.
Finalmente señalaron que “si para el juez perteneces a una organización supone un elemento decisivo, tenga en cuenta que Rosario, Patricia y Margarito, forman parte de un grupo de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y que su decisión parcial, puede tener consecuencias políticas”.

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