766 indígenas se mantienen en desplazamiento forzado en medio de la cuarentena

Habitantes de 8 comunidades de Chalchiuitán fueron desplazados. Foto: Cortesía

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en un Reporte General al 28 de abril, mencionó que mantendrá durante la Fase 3 de la emergencia, el ritmo de trabajo que desarrolló desde el comienzo de las acciones preventivas de combate al coronavirus.

En dicho informe, en materia de atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, cuenta con datos de 766 desplazados provenientes de los municipios de Nicolás Ruiz, Chenalhó, Zinacantán, Chilón, Cintalapa y Ocosingo. Las causas son agrarias, conflictos políticos internos, religiosas y violencia estructural.

Cabe señalar, la violencia entre Aldama y Chenalhó se intensificó en un contexto de alto riesgo para la población vulnerable en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, las autoridades han omitido el cumplimiento de la suspensión de plano otorgada por el Juez Federal.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró desde el 24 de marzo al 28 de abril, al menos 47 actos de agresión armada, menciona que durante la última semana los ataques aumentaron y se realizaron de manera sistemática.

La CNDH emitió un pronunciamiento en la que alertó de las deficiencias en la infraestructura de salud de los penales, por lo que hizo un llamando a las autoridades a atender el alto riesgo de convertirse en puntos susceptibles de contagio, exigió garantizar el derecho a la salud de esta población ante la pandemia que se vive.

En el Estado, organizaciones, instituciones educativas y activistas denunciaron que el Gobierno pretende proponer el procedimiento abreviado, es decir, que personas privadas de la libertad admitan los hechos que se les imputan para quedar libres en el marco de la aceptación de la Ley de Amnistía, este último como una medida ante la pandemia del Covid-19.

Las y los firmantes consideraron la actuación de la Fiscalía General y del gobierno del Estado, como reprobable y violatoria de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, por aprovecharse de la emergencia sanitaria para lucrar con la libertad, la salud y la vida de cientos de personas.

La Comisión en asuntos migratorios, recibió 24 quejas en contra de autoridades como el Instituto Nacional de Migración (INM), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Fiscalía General de la República (FGR) y Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), del total de dichas denuncias el 20 por ciento relacionada con el tema COVID-19.

El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que ante la contingencia por el COVID-19, “implementó la salida de algunas personas migrantes alojadas en las estaciones migratorias y estancias provisionales, a quienes por distintas razones no se había resuelto su situación jurídica”.

El cierre de las fronteras de Guatemala, El Salvador y Honduras, migrantes que demandaban ser deportados a sus países de origen se inconformaron, lo que ocasionó diversos motines, entre ellos uno en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, donde se provocó un incendio en el que falleció una persona migrante.

Además, menciona que, al ser un tema prioritario, se está dando atención inmediata y seguimiento puntual. Para garantizar alimentos, abrigo, salud y seguridad de los desplazados, el Organismo actúa ante las Autoridades locales del estado como la Secretaría General de Gobierno, Área de Derechos Humanos y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; así como el Organismo Local de defensa de los derechos humanos.