Con urgencia, demandan libertad para mujeres privadas de su libertad en Chiapas

Penal de San Cristóbal, Chiapas. Foto: Chiapas PARALELO

Un grupo de mujeres activistas, abogadas y defensoras de derechos humanos en Chiapas demandaron al Poder Judicial del Estado de Chiapas, la libertad de 12 mujeres indígenas presas en el penal de San Cristóbal de Las Casas y la revisión de los expedientes de toda la población penitenciaria femenil en el estado, pues muchas deberían estar ya en libertad, máxime en el contexto de esta pandemia, por el riesgo a la salud de ellas.

Patricia Aracil Santos y Julieta Hernández Gomez de la Colectiva Cereza de San Cristóbal de Las Casas, dieron a conocer que solicitaron desde el pasado 27 de abril al Poder Judicial del Estado de Chiapas, la revisión de expedientes penales y libertad de mujeres indígenas presas de diversos pueblos originarios de la entidad, sin que hasta la fecha hayan obtenido una respuesta.

Recordaron que el contexto de la emergencia sanitaria derivado de la pandemia, la

Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó el pasado 9 de abril a los países miembros de la Oprganización de Estados Americanos (OEA) como México, adoptar las medidades necesarias legales para priteger a las personas en condición de vulnerabildiad, sobre todo las mujeres en situación carcelaria.

Las activistas señalaron que han estado denunciando las condiciones deplorables en las que se encuentran las mujeres el penal estatal número 5 de San Cristóbal de Las Casas, donde existe la falta de atención médica, donde hay una precaria alimentación, restricción de la comunicación telefónica, maltrato, amenazas y discriminación por parte del personal, abandono en los procesos jurídicos por parte de jueces y defensores públicos.

Y que ante el reclamo que ellas han hecho, las respuesta ha sido de oídos sordos.

“Sabemos que esto responde a la postura misógina del gobernador chiapaneco y sus funcionarios quienes mantienen un cerco institucional y político hacia el movimiento feminista en Chiapas, invisibilizando la grave situación de violencia hacia las mujeres, sobre todo las que además se encuentran presas como pagadoras de delitos que no cometieron, que fue en defensa propia u orilladas por situaciones de violencia sistemática y estructural, pobreza y marginalidad, entre otras”, señalaron.

Recordaron que el pasado 5 de mayo el gobierno Chiapaneco aplico la reciente Ley Federal de Amnistía liberando por sentencia suspendida o cambio de medida cautelar a 34 presos varones sobre todo del penal de El Amate, pero esta medida nunca benefició a ninguna las mujeres presas.

En su petición al Poder Judicial del Estado de Chiapas, Patricia Aracil Santos, a nombre del la Colectiva Cereza, refiere que “dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”, y ligado a esto, señala que es indispensable que se garantice el acceso a la justicia”.

Señaló que el  Poder Judicial de la Ciudad de México, en acatamiento a los criterios de la CIDH y normatividad nacional e internacional de derechos humanos, ha liberado a 78 reos de las cárceles de esa demarcación territorial en el marco de la crisis sanitaria vivida en el país.

Y que, contrario a ello, en la práctica, el Poder Judicial del Estado de Chiapas “ha aprovechado la situación para denegar absolutamente el acceso a la justicia de las mujeres privadas de libertad pues se niega inclusive a hacer trámites urgentes que tienen que ver con preservar la salud y la vida de mujeres en situación de encierro”

Explicó que muchos informes emitidos por organismos internacionales, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por organizaciones de la sociedad civil, “dan cuenta de las condiciones precarias en las que viven las mujeres en situación de encierro. Entre esas condiciones está la negación al acceso a la salud”.

Expuso que en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, “ni siquiera tiene médico, siendo que ante el riesgo de contagio de COVID 19 la población carcelaria es población cautiva en caso de que se propagara el virus, pues es de su conocimiento que las mujeres en el área femenil se desenvuelven en espacios compartidos y es imposible guardar el distanciamiento social ordenado por las autoridades sanitarias”.

Y que aunado a ello, las medidas que ha tomado la Subsecretaria de Seguridad Pública encargada de la administración de los centros penitenciarios se ha limitado a prohibirles las visitas a las mujeres, cosa que, como también ha de ser de su conocimiento, priva a las mujeres del acceso a los recursos más elementales como son alimentos, ya que en el CERSS#5 en el área femenil reciben dos comidas diarias muy precarias y carentes de una alimentación nutricional adecuada.

Denunció en la carta enviada al Poder Judicial del Estado, que las mujeres indígenas presas no tienen acceso a agua potable, lo que aumenta el riesgo sanitario, tampoco reciben enseres de aseo personal ni de limpieza (en plena contingencia), tampoco tienen acceso a medicamentos, no hay médico en este momento de emergencia sanitaria, ni pueden acceder a dinero para estar en posibilidad de comunicarse con sus defensores/as y familiares ya que el teléfono tiene un costo, y con la falta de visitas no pueden vender sus trabajos.

Y como en muchos penales femeniles, en el interior del penal de San Cristóbal de Las Casas, “no se han implementado protocolos de salud relacionados a la contingencia del Covid19 ni se ha realizado la sanitización de los espacios, ni siquiera se ha dotado a las mujeres de los productos de limpieza esenciales para mantener sano el espacio.

Acusó que las medidas tomadas en torno a la emergencia sanitaria han servido para exacerbar la vulneración de derechos humanos en contra de las mujeres y ponerlas en riesgo, contraviniendo la normatividad nacional e internacional y en contracorriente, los centros penitenciarios están empleando criterios innecesarios y desproporcionales en contra de personas en situación de vulnerabilidad como son las mujeres privadas de libertad que, además, son en su mayoría indígenas, de alta marginalidad”.

“De manera que con estas medidas que privan a las mujeres del acceso a los bienes más elementales para la sobrevivencia diaria, las autoridades penitenciaras están vulnerando derechos económicos, sociales y culturales sobre la base de la discriminación a grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, esto es, las mujeres privadas de libertad”, dice la carta.

La Colectiva Cereza de San Cristóbal de Las Casas, refiere al menos 12 casos de mujeres, las que ya deberían estar en libertad, y en el documento entregado al Poder Judicial del Estado se detalla cada uno de esos 12 casos, que por respeto a la privacidad de esas mujeres indígenas, pidieron a este reportero la no difusión de sus nombres.