282 familias de Chalchiuitán cumplen 3 años desplazadas; civiles armados continúan acoso

Reepresentante de las familias desplazadas. Foto: Cortesía

En los límites entre Chalchiuitán y Chenalhó, 282 familias continúan viviendo bajo el acoso de grupos de civiles armados. Ellas fueron expulsadas de sus viviendas desde octubre de 2017, cuando este grupo asesinó a Samuel Luna Girón, y dispararon contra las comunidades de la región. Hoy esas familias continúan demandando condiciones para el retorno.

En conferenencia de prensa, los desplazados ahora organizados en un comité llamado “Chalchihuitles”, explicaron que el 18 de octubre del 2017, al menos 5 mil 023 personas de Chalchihuitan fueron expulsados por civiles armados que dispararon contra sus viviendas, con armas de grueso calibre, cuyas huellas aún se pueden ver en las fachadas de sus hogares.

En ese momento, “la orden que el gobernador Manuel Velasco Coello le dio al presidente municipal, Martin Gómez Pérez, fue que los desplazados debían ser obligados a retornar en sus casas. Fueron retornados sin que hubiera condiciones”, sin que se hubiera desarmado a sus agresores, explicaron los desplazados.

Por esta situación,  282 familias -1 mil 237 personas- no retornaron, porque se encontraban con mayor riesgo de ser agredidas.

“El gobierno federal solo ha venido otorgando un poquito de despensas para estas familias. La situación actual es que viven en medio de disparos, invasiones, y despojo por parte de habitantes de  Chenalhó”.

En la zona, según explican las personas afectadas, “se extienden invasiones recientes, robos y asaltos en los caminos. Amenazas de muerte represiones internas de autoridades municipales y agentes municipales y pobladores del mismo pueblo”.

El caso más grave es en el poblado Cruz Cacanam, “ya que ellos están expuestos en riesgo a la violencia y los ataques continuos de los paramilitares que circulan en las lites territoriales entre Chalchihuitan y Chenalhó, ya que en donde viven están cerca de la frontera territorial”.

Los desplazados demandaron a los tres niveles de gobierno “que se aplique una orden de aprensión a los actores materiales e intelectuales de los robos y danos ocurridos en sus viviendas”, y que se creen las condiciones para su retorno, desarticulando a los grupos de civiles armados.