17 casos, 4 defunciones y una riña, saldo de la pandemia en penales

Chiapas entre los estados con casos de Covid-19 en Centros Penitenciarios. Cortesía: CNDH.

También solicitó que, se garantice el abasto y suministro de vacunas contra la influenza para todas las personas de los centros penitenciarios, incluidas hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad que viven ahí, así como al personal que labora en el interior.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la actualización del Monitoreo Nacional por Covid-19 en Centros Penitenciarios del día 03 de noviembre del 2020, dio a conocer que había un total de 2 mil 674 casos confirmados, 234 decesos y 215 sospechosos.

En Chiapas, hasta ese entonces registraron 17 casos confirmados, 4 defunciones y 1 riña o motín por medidas de seguridad.

El pasado 27 de octubre registraron a nivel nacional 2 mil 663 casos confirmados, 233 decesos y 215 sospechosos, respecto a Chiapas la única diferencia a la anterior actualización es que había un caso sospechoso por Covid-19.

Los estados con más casos confirmados en esa fecha fueron Ciudad de México con 1328, seguido por Puebla con 292, Chihuahua con 131 y Guanajuato con 108.

Es de importancia señalar que, durante el mes de mayo, la Secretaría de Salud confirmó un brote de COVID-19 en el penal de San Cristóbal de Las Casas, donde 8 reos indígenas tsotsiles resultaron afectados.

De acuerdo a la denuncia que los mismos reos afectados hicieron llegar, Mariano Pérez Velasco, Martín Gómez López, Marcos Gómez López, Mariano Gómez López, Felipe Díaz Méndez, Mario Díaz Rodríguez y Roberto Martínez Pérez, padecían fiebre, tos y dolor de cuerpo.

A medianoche de este miércoles 20 de mayo del año 2020, fuimos aislados en un área, con probabilidades de ser infectados por COVID-19, ya que el día lunes 18 de mayo a las 9:35 pm, nos tomaron prueba sobre COVID-19, al cual presentamos síntomas dicha enfermedad, estaremos 14 días en observación, explicaron.

Reos en el penal de San Cristóbal de las Casas. Foto: Chiapas Paralelo

El vocero de la Secretaría de Salud informó que los 8 casos fueron positivos a COVID-19.

Desde este antecedente, la CNDH solicitó a José Ángel Ávila Pérez, titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a sus homólogos encargados de los Sistemas Penitenciarios en el país, a adoptar medidas cautelares para reforzar acciones, gestiones y medidas preventivas que eviten, un repunte de contagios de COVID-19 en los Centros Penitenciarios.

El Organismo Autónomo dio a conocer que, el pasado 27 de octubre de 2020 enviaron dichas medidas considerando que, en meses pasados, entre los grupos de atención prioritaria más afectados estuvieron las personas privadas de su libertad.

Esto obedece a las condiciones de mayor vulnerabilidad en las que se encuentran con respecto al resto de la población y que, pese a los esfuerzos realizados por las autoridades competentes para mitigar el número de contagios, se constató la necesidad de aumentar las medidas encaminadas a la prevención de la población privada de la libertad, añadió la CNDH.

Lo anterior, exponen que se derivó de las consideraciones que tomaron de acuerdo con el Informe Semanal de la Temporada de Influenza Estacional 2019-2020 emitido por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, correspondiente a la semana 1- 2020.

Dicho informe señala que, hasta esa fecha se confirmaron mil 212 casos positivos de influenza: 617 de AH3N2, 434 de AH1N1pdm09, 123 de tipo B y 38 de influenza tipo A.

Además, registraron 45 defunciones positivas a influenza, 21 por AH1N1pdm09, 18 por AH3N2, 5 por influenza A y 1 de influenza B en el país.

El informe reportó que, durante 2019 y hasta la primera semana de 2020, los grupos etarios con mayor número de casos positivos a influenza fueron personas mayores de 65 años, seguidos de los menores entre 5 y 9 años y el grupo de 1 a 4 años.

Por lo que, el Organismo Autónomo en seguimiento a las solicitudes de medidas cautelares enviadas con anterioridad, considerando lo expuesto en el Informe Especial sobre las medidas adoptadas en Centros Penitenciarios para la atención del COVID-19 y ante la posibilidad de que se enfrente un rebrote en el periodo invernal, cree que las autoridades penitenciarias y de salud a nivel nacional deben realizar las gestiones necesarias para proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y del personal que labora en dichos centros.

Las autoridades penitenciarias y de salud deben privilegiar la salud física y mental, el derecho al acceso de vacunas, medicamentos y atención médica especializada oportuna, a través de guardias permanentes de personal médico especializado tanto en los Centros Penitenciarios cuanto a través de video consultas para personas privadas de la libertad en donde se les brinde la atención psicoemocional ante los efectos generados por la pandemia, mencionó el Organismo Autónomo.

La CNDH pidió que se considere la asignación de ambulancias equipadas y que se dote de manera ininterrumpida de todos los productos de higiene, protección y sanitización.