La mañana del martes, medio millar de policías antimotines entraron con todo en un operativo de desalojo de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, que se manifestaban por séptimo día consecutivo para exigir al gobierno de Chiapas la aplicación presencial del examen de admisión para el ciclo escolar 2021-2022.

El argumento de los normalistas es que en sus comunidades el acceso al internet y la posibilidad de concursar en el proceso para entrar a la escuela, los colocaba en una situación de desventaja.

Y es que la pandemia vino a incrementar la brecha digital y desigualdad que viven quienes tienen acceso a los recursos y herramientas para afrontar las nuevas modalidades educativas que trajo la pandemia por el COVID-19, y quienes no.

Las y los estudiantes normalistas están entre quienes no. Son jóvenes de escasos recursos que vienen de zonas rurales e indígenas, con escaso o nulo acceso a computadoras e internet en sus comunidades de origen; recursos que ahora se les exigen para presentar un examen de admisión.

En 2020, el año de pandemia, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), publicó estadísticas a propósito del Día Mundial del Internet celebrado el 17 de mayo, y sus cifras fueron contundentes: Chiapas se colocó en el último lugar nacional en hogares con internet y en la misma posición en usuarios con telefonía celular.

Ese año, la Secretaría de Educación aceptó sólo a 6 de los 32 aspirantes a la Normal Rural Mactumactzá; es decir menos del 20 por ciento de quienes tienen como única oportunidad para estudiar, ese centro educativo donde tienen techo, comida y alimentación.

Porque para ellos y ellas, para sus padres y madres, casi todos dedicados a las labores del campo, pagar un hospedaje, la comida diaria, los pasajes e insumos educativos, es imposible. En Chiapas 7 de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza.

Si a esos se suma que México intenta alinear los proyectos educativos a los estándares que marca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide en función de lo que requiere el mercado capitalista occidental, estos jóvenes de rurales tienen poca cabida, de forma tal que el presupuesto para sus escuelas va disminuyendo paulatinamente.

Parámetros que la OCDE pidió a México implementar.

En este escenario, para las y los jóvenes normalistas, su lucha de cada año es por presupuesto, por matrículas, por permanencia y por la sobrevivencia de la escuela. Cada año salen a las calles, bloquean carreteras, las entradas de la ciudad, en una lucha desesperada por hacerse escuchar y mantener vigente la posibilidad de estudiar. Este 2021 no fue la excepción.

Fotografía: Gaspar Romero

El desalojo

Este martes 18 de mayo fueron desalojados cuando se manifestaban en la caseta de cobro de la autopista que comunica a la zona indígena del estado. En el operativo donde participaron medio millar de policías antimotines, fueron detenidas 74 mujeres normalistas y 21 hombres.

El grupo de estudiantes realiza desde el pasado 11 de mayo, manifestaciones públicas que incluyeron bloqueos a las entradas de la capital. Esto como medida de presión para que autoridades educativas dieran una respuesta favorable a sus demandas.

Por la mañana habían cerrado la caseta de cobro ubicada en la autopista que comunica la capital de Chiapas con San Cristóbal de Las Casas, y bloqueado de la entrada poniente de la ciudad.

Para desalojarlos de estos lugares, policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos y detuvieron a 95. Quienes escaparon de este operativo se refugiaron en el interior de la escuela.

Ahí, en conferencia de prensa, denunciaron que sus compañeras mujeres detenidas fueron abusadas sexualmente. “Somos unos pocos los que escapamos, nuestras compañeras están desaparecidas, no sabemos nada de ellas, lo único que supimos de ellas es que las estaban violando”, dijo uno de los estudiantes, sin dar mayores detalles.

Horas más tarde del operativo de desalojo, los estudiantes advirtieron: “Los detenidos son hijos de organizaciones sociales de Chenalhó, Oxchuc, Chamula, Zinacantán, Comalapa. Si a partir del día de hoy el gobierno no suelta a los compañeros, no dude el gobierno que se va a armar una revolución, porque te metiste con hijos de campesinos, te metiste con hijos de revolucionarios”, dijo una de las voceras.

Estudiantes detenidos. Fotografía: Gobierno de Chiapas

La beca Benito Juárez

Por su parte, el gobierno de Chiapas, a través de un comunicado, informó que las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público “con la finalidad de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades”.

Añadió que los estudiantes tenían en su poder “dos vehículos que transportaban artefactos explosivos (cohetones que se usan en las fiestas tradicionales)”, y cuatro autobuses de diferentes empresas, entre ellas uno de PEMEX cargado de disel.

Sobre sus demandas, el gobierno de Chiapas sostuvo que la escuela Normal Rural Mactumactzá ha recibido este año 4 millones 539 mil 800 pesos, por partidas federal y estatal: y que en total, en 2021 recibirán partidas mensuales para gastos, que al final del año completarán 35.5 millones de pesos.

En el comunicado, el gobierno de Chiapas detalló que en el centro educativo están inscritos 487 alumnos que reciben alimentos, uniformes, y  la beca Benito Juárez.

Sobre el exámen de admisión presencial que demandan las y los normalistas, no dijeron nada.