¿Trabajo familiar o trata de personas? La ley sobre trabajo infantil desata polémica

Hijos e hijas de personas acusadas de trata en la modalidad de trabajo forzado asisten a una reunión con organizaciones de abogacía y defensoría. Foto: Marissa Revilla/GPJ México

En México, la ley sobre trata de personas define claramente el delito. Activistas dicen que la realidad es más compleja y, a menudo, las familias pobres pagan el precio.

Por  Marissa Revilla*

Esta historia fue publicada originalmente por Global Press Journal. https://globalpressjournal.com/americas/mexico/family-work-human-trafficking-child-labor-law-sparks-controversy/es/

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, MÉXICO — Antes de los arrestos y los titulares mundiales, Enereida Gómez Sánchez, su hermana, sus dos hermanos y sus familias solían salir de la casa que compartían temprano cada mañana. En el centro de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, vendían brazaletes, muñecos de madera, aretes y joyas de ámbar. Trabajaban de 7 de la mañana a 9 de la noche, los siete días de la semana.

Algunos de sus 23 hijos e hijas, de edades entre los 3 meses y los 16 años, también trabajaban.

“Nosotros trabajamos y vienen como acompañantes, así aprenden a trabajar, pero no les damos el trabajo directo”, explica Gómez, de 35 años.

Hace dos décadas, Gómez, sus hermanos y hermana se mudaron a San Cristóbal de Las Casas desde el pueblo de Chigtón, que también se encuentra en el estado de Chiapas. Como muchas familias indígenas, esperaban escapar de la pobreza de Chigtón, pero en cambio, en la nueva ciudad, apenas podían sobrevivir.

En julio pasado, sus vidas dieron otro giro amargo cuando acusaron a Gómez, junto con sus familiares, de “trata de personas en modalidad de trabajo forzado”.

El caso atrajo la atención mundial hacia el polémico tema del “trabajo familiar” en México y, sobre todo, en Chiapas, el estado más meridional del país. La fiscalía dice que solo cumplía con la ley, pero activistas argumentan que las familias pobres están atrapadas por una política genérica que no refleja la realidad y que solo aumenta las aflicciones de las personas más vulnerables de México.

El trabajo familiar “es una estrategia de subsistencia ante el abandono del gobierno para garantizar derechos básicos como salud, alimentación, educación y vivienda digna”, manifiesta Mónica Salazar, directora de la organización social Dignificando el trabajo, que promueve la información sobre el trabajo forzoso, la trata de personas y el trabajo justo.

Por lo general, las convenciones internacionales clasifican el trabajo infantil en tres categorías: la explotación laboral, como la esclavitud, la prostitución y los conflictos armados; el trabajo infantil por debajo de la edad mínima que se especifica en cada país; y las actividades que ponen en peligro a menores.

En Chiapas, uno de los estados más pobres de México, el trabajo forzoso es la segunda modalidad más común de trata, señala Miriam Guadalupe Benítez Cruz, la fiscal contra la trata en Chiapas hasta diciembre de 2020.

Entre 2018 y 2020, hubo 1,436 casos de trata de personas en todo el país, incluidos 42 casos en Chiapas.

“Nunca se ha pretendido usar las leyes para afectar a nuestros chiapanecos y chiapanecas”, dice Benítez Cruz.

Ella explica que, con frecuencia, los padres y las madres ponen a trabajar a sus hijas e hijos porque así es como ellos y ellas crecieron. El problema es cuando se reprimen temas como la salud, la educación y el juego de los y las menores, añade. Es entonces cuando las autoridades investigan.

Presuntamente, la familia Gómez amenazó con no darles de comer ni un lugar para dormir a sus hijos e hijas que trabajan. La familia niega estas acusaciones.

“Una cosa es que el padre y la madre hayan vivido una situación similar, en la que su construcción personal establezca la herencia de este tipo de actividades o el acompañamiento de las niñas y los niños a ciertas actividades. Y la otra es cuando hay una obligación de contribuir con el ingreso cuando va en detrimento de sus propios derechos”, explica Benítez Cruz.

Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, dice que la ley sobre la trata de personas en México está desactualizada y que solo funciona en teoría.

“A los funcionarios públicos incapaces les es más fácil incriminar a las víctimas que hacer su trabajo”, expresa Pérez García.

Sin embargo, la Constitución Mexicana protege el trabajo familiar, dice, y solo prohíbe las actividades nocivas y peligrosas, el trabajo industrial nocturno y toda labor después de las 10 p.m. para menores de 16 años.

Salazar sostiene que el trabajo familiar es parte de “procesos históricos complejos como el desmantelamiento del campo, el despojo de territorios indígenas, el desplazamiento forzado a causa de la violencia, la negligencia para cubrir servicios básicos como el agua potable, luz, salud, escuelas dignas, etc.”.

“El trabajo familiar no es resultado de decisiones individuales de las familias”, añade.

La Organización Internacional del Trabajo destaca que, en las familias indígenas, el trabajo les ofrece a niñas y niños el aprendizaje que no pueden obtener en la escuela. Muchas familias ven el trabajo, o el aprendizaje de un oficio, como un tipo de herencia que transmiten a su descendencia.

Gómez dice que sus cinco menores, de entre 7 y 16 años, les acompañaban en el trabajo. Algunos no iban a la escuela, pero a nadie se le obligaba a vender, puntualiza.

“Para mí no era obligación trabajar. Salíamos a trabajar por aprender a trabajar”, dice José Antonio, su hijo de 15 años.

Gómez dice que los y las menores ayudaban a que su familia sobreviviera. Antes del coronavirus, ganaban hasta 1,500 pesos mexicanos ($74) en un día bueno. Después de la pandemia, el ingreso cayó a 200 pesos ($9.90) al día, o incluso a nada.

La falta de dinero representó que las familias no tuvieran para comer bien, cuenta Gómez. Por eso sus hijos e hijas parecían sufrir desnutrición.

El padre y la madre de Gómez, su hermana y sus cuñadas terminaron en la cárcel. (Sus bebés se quedaron bajo su custodia). La policía emitió órdenes judiciales para Gómez y cinco familiares más, pero pudieron evitar el arresto.

Luego, a fines de diciembre, la Fiscalía General del Estado retiró los cargos en contra de las personas acusadas y sospechosas por falta de pruebas.

Gómez se sintió aliviada, aunque no se sorprendió.

“Está limpia mi conciencia porque no he hecho nada mal; somos pobres pero honrados”, asegura.

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*Marissa Revilla es una reportera de Global Press Journal que vive en San Cristóbal de Las Casas, México. Marissa se especializa en las historias sobre los derechos de la infancia y en los conflictos de las comunidades indígenas en Chiapas.

NOTA SOBRE LA TRADUCCIÓN

Aída Carrazco, GPJ, adaptó este artículo de su versión en inglés.

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