Ejidatarios de Díaz Ordaz se retractan de sumarse a Chimalapas tras despliegue de fuerzas estatales; comuneros denuncian maniobra para frenar la conciliación
Reunión entre ejidatarios de Gustavo Díaz Ordaz y comuneros de la zona de Los Chimalapas. Foto: Cortesía
La mesa de diálogo instalada por la población, en el ejido Gustavo Díaz Ordaz, en territorio comunal de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, concluyó sin acuerdo. El comisariado ejidal de, quien antes había mostrado disposición a disolver el núcleo agrario e incorporarse a la comunalidad oaxaqueña, anunció que esperará la resolución de los tribunales agrarios, de acuerdo con el relato de una persona presente en el encuentro, consultada por Chiapas Paralelo.
El giro sorprendió a la comisión de comuneros de San Miguel Chimalapa, integrada por cerca de 600 personas según ese mismo, que se movilizó para dar continuidad al proceso de conciliación abierto tras el emplazamiento del 4 de agosto.
Despliegue de seguridad y bloqueo al ingreso
La comisión llegó a inmediaciones de Díaz Ordaz durante la madrugada del día 4 de septiembre, pero no pudo ingresar completa al núcleo agrario. De acuerdo con el relato, el subsecretario de gobierno de Oaxaca se opuso a que el conjunto de comuneros avanzara hasta el ejido, decisión que generó inconformidad entre quienes se quedaron replegados en una comunidad cercana.
En los alrededores del ejido se mantuvo presencia de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal -conocida coloquialmente como «los pacales»-, desplegadas por el gobierno de Chiapas. Un comunicado oficial del gobierno estatal, con el membrete «Humanismo que Transforma», confirma que la entidad «determinó mantener la presencia» de ambas corporaciones «con la finalidad de evitar cualquier tipo de conflicto» y advierte que «no se tolerará ningún acto de violencia ni de despojo».
Una propuesta rechazada
La mesa fue abierta por la delegada del gobierno de Chiapas, con un mensaje centrado en la paz y el diálogo sin violencia. Participaron también un representante de la Procuraduría Agraria y el subsecretario de gobierno de Oaxaca.
Los comuneros de San Miguel Chimalapa expusieron la propuesta de que los ejidatarios se sumaran a las tierras comunales y disolvieran voluntariamente el ejido. En respuesta, el comisariado ejidal de Díaz Ordaz señaló que esperarán el dictamen de los tribunales agrarios y que no disolverán el núcleo agrario mientras el juicio esté en curso.
Según el relato recogido, esa postura contrasta con la que el propio comisariado había mostrado el 31 de agosto en San Miguel Chimalapa, cuando -de acuerdo con la fuente- acudió con la intención de definir los términos del traspaso. Los comuneros atribuyen el cambio a la intervención del gobierno de Chiapas, que en esos días emitió el comunicado sobre el envío de las fuerzas de seguridad a la zona.
Fractura interna en el ejido
El relato describe una división entre los propios ejidatarios de Díaz Ordaz: un sector respaldado, según los comuneros, por la presencia de las fuerzas estatales, que rechaza integrarse a Chimalapas; y otro, de al menos 30 ejidatarios inscritos, que sí busca incorporarse a la comunalidad. Este segundo grupo habría manifestado el 31 de agosto temor por su integridad física ante amenazas del sector que se opone a la incorporación.
No se firmó ningún acuerdo en la reunión. El Comisariado de Bienes Comunales de Chimalapas entregó un documento formal de invitación al comisariado ejidal, que se comprometió a responder por escrito. Los representantes de los gobiernos estatal y federal indicaron que se fijará una nueva fecha para continuar los diálogos.
Los comuneros de San Miguel Chimalapa expresaron desconfianza hacia el procedimiento gubernamental. De acuerdo con su interpretación, el gobierno estaría usando al sector de ejidatarios opuesto a la incorporación, entre quienes señalan que hay propietarios de grandes extensiones de tierra, como obstáculo para evitar el reconocimiento pleno de las tierras comunales.
El litigio de fondo
El conflicto antecede a la resolución de la Suprema Corte que muchos daban por cerrada. El ejido Gustavo Díaz Ordaz se formó hacia 1967, tras la ocupación de tierras comunales por pobladores de Chiapas; junto a él se establecieron otros tres núcleos —Rodulfo Figueroa, Flor de Chiapas y Ramón E. Balboa— sobre territorio zoque de los Chimalapas.
En noviembre de 2021, el pleno de la SCJN determinó, por diez votos contra uno, que 160 mil hectáreas de bosques y selvas disputadas desde 1967 pertenecen a las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa. El Congreso de Oaxaca reformó su Constitución en 2023 para acatar el fallo, pero un error en las coordenadas de un punto de la resolución -ubicado en el océano Pacífico- mantiene pendiente su ejecución plena ante la SCJN.
El 4 de agosto, la asamblea comunal de San Miguel Chimalapa fijó un plazo de 30 días para que los ejidatarios de Díaz Ordaz disolvieran voluntariamente su núcleo agrario, bajo advertencia de emprender acciones para la restitución de sus tierras. Ese plazo venció sin que las partes llegaran a un acuerdo.
Hasta el momento no hay declaraciones directas del comisariado ejidal de Díaz Ordaz, el subsecretario de gobierno de Oaxaca, la delegada de gobierno de Chiapas ni el Comisariado de Bienes Comunales de Chimalapas.
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