Chiapas: funcionarios de seguridad se reúnen en Tzanembolom mientras las familias expulsadas de esta comunidad exigen sus tierras y un retorno seguro

Fuimos obligados a abandonar nuestras casas: desplazados de Tzanembolom. Foto: Ángeles Mariscal

Según familias desplazadas, en la comunidad está asentado el grupo armado que los obligó a salir. También, ahí viven indígenas que denunciaron son obligadas a comprar balas y sus hijos a consumir droga.

IMG_0864 (desplazados se encuentran refugiados en la cabecera municipal de Chenalhó.

Mientras funcionarios de seguridad del gobierno de Chiapas sostenían este miércoles una reunión en la comunidad Tzanembolom, Chenalhó, con las familias que permanecen en la comunidad, en la cabecera municipal las familias desplazadas de ese lugar pedían que el Estado las reconozca como víctimas de desplazamiento forzado y les devuelva las tierras de las que fueron expulsadas en 2024.

En Tzanembolom, una comunidad del municipio de Chenalhó, ubicado en Los Altos de Chiapas, estuvieron el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Fernando Bermúdez; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio. De acuerdo con el comunicado oficial, se reunieron con «las familias de Tzanembolom» para «refrendar el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, con el objetivo de seguir construyendo la paz de este gran municipio».

El comunicado señala que las autoridades agradecieron al agente municipal de la localidad «por su compromiso con la tranquilidad», y que reiteraron que «hoy las autoridades están presentes para garantizar la gobernabilidad y la seguridad de Tzanembolom». Es este el lugar donde el 5 de octubre pasado, familias denunciaron estar atrapadas por un grupo armado, y la obligatoridad a dar dineropara la compra de balas y sus hijos a consumir droga. También es en este lugar que en julio de 2024 fueron expulsadas 267 personas . El documento no menciona a las familias desplazadas.

En sus redes sociales, el fiscal escribió que participó «desde Tzanembolom» en la Mesa de Paz «encabezada de manera virtual por el gobernador Eduardo Ramírez», donde, dijo, refrendaron «el compromiso de fortalecer la gobernabilidad y la tranquilidad de este y todos los municipios de la zona Altos».

Junto con el boletín, el gobierno difundió un video en el que un hombre dice en tsotsil: «Estamos contentos, tranquilos, ya que lo pasado, pasado. Ya está tranquilo y está en la mano de las autoridades la problemática».

Médico del Mundo asistieron a Chenalhó para atender a desplazados de Tzanembolom. Foto: Ángeles Mariscal

«Fuimos obligados a abandonar nuestras casas»

A esa hora, en el patio de la Casa de la Cultura de la cabecera municipal, a unos 43 kilómetros, donde se encuentran refugiadas las familias desplazadas, personal de Médicos del Mundo, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y de la Secretaría de Salud, atendían a las familias desplazadas, que recibieron consultas médicas. Está previsto que la atención continúe tres días.

Ante ellos, Vicente Rodríguez, agente rural de Centro Tzanembolom, leyó un mensaje de las familias desplazadas. «Nosotros no nos desplazamos por voluntad propia. Fuimos obligados a abandonar nuestras casas y nuestras comunidades por proteger nuestras vidas y de nuestra familia», dijo. Pidió que la situación de las familias «sea reconocida y atendida» como la de víctimas de desplazamiento forzado.

Relató que el 9 de julio de 2024 quedaron encerrados durante diez días en la escuela de la comunidad, «sin comida, sin agua y sin servicio básico», hasta que fueron rescatados por 250 elementos de la Policía Estatal. Según su relato, el gobierno estatal les dio apoyo desde entonces, pero este «fue suspendido el 13 de noviembre de 2024 hasta la fecha. Seguimos sin ningún apoyo gubernamental».

Las familias quieren volver, pero con condiciones. «Lo primero es que haya tranquilidad», dijo Vicente. Si las regresan sin garantías, advirtió, «igual podemos volver a sufrir otra vez».

También pidieron que les devuelvan sus terrenos y se evalúen los daños a sus casas. Según Vicente, en su ausencia se han repartido y vendido parcelas de los desplazados, entre ellas un cafetal de hectárea y media que, dijo, se vendió en 10 mil pesos. Aseguró que conservan sus títulos de propiedad.

Otro de los desplazados describió la vida en la cabecera: «No tenemos alimentos». A veces, dijo, solo consiguen trabajo dos o tres días. En la comunidad tenían leña, maíz, frijol y verduras; en la cabecera, «todo es comprado».

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«Para nada es un problema agrario»

Juan López, integrante del Frayba, dijo que la atención humanitaria -como brigadas de salud y ocasionales entrega de despensas- no basta. Si el Estado atiende los desplazamientos solo con ayuda humanitaria «y no va a atender las causas estructurales del desplazamiento forzado interno», señaló, se seguirán perpetuando las violaciones a derechos humanos.

Para el defensor, la causa de fondo en Chiapas «no son los conflictos intracomunitarios», sino «la presencia de grupos armados vinculados a algún tipo de organización criminal», que, dijo, captan a la población y expulsan o amenazan de muerte a quien no coopera. «Para nada es un problema agrario estos desplazamientos forzados», afirmó. Agregó que el Estado «ha negado la existencia de desplazamiento forzado aquí en Chiapas».

En la conferencia matutina del 16 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso como «conflictos agrarios» y dijo que «no necesariamente son grupos».

Dos comunidades, un mismo caso

Las familias de Centro Tzanembolom, 51 según registros oficiales, salieron de su comunidad en julio de 2024, meses después del asesinato de Prudencio Pérez Pérez, ocurrido en febrero de ese año. En un comunicado leído el 16 de octubre, durante una marcha en Chenalhó, señalaron como responsables a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Fracción Tzanembolom, donde se realizó la reunión de este miércoles, es la parte de la comunidad que permaneció y donde se denuncia está el grupo de personas armadas,. El 5 de octubre, familias de Fracción denunciaron en un comunicado que eran obligadas a pagar cuotas para la compra de balas y que niñas, niños y jóvenes eran obligados a consumir drogas, como publicó Chiapas Paralelo.

El caso llegó a la conferencia presidencial el 13 y el 16 de octubre. En la segunda, la presidenta pidió al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informar públicamente sobre la atención a las familias.