La comisión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se reunirá con las familias buscadoras de Chiapas en la última semana de noviembre. Será antes de viajar a la Ciudad de México, donde en diciembre se encontrará con colectivos de búsqueda de todo el país. La sede todavía no está definida.

El anuncio lo hizo la comisión organizadora que colabora con el EZLN, el 2 de octubre en el CIDECI-Unitierra, durante el conversatorio «Gira por la Vida, Capítulo México», organizado por el espacio Conciencia y Memoria. Escucharon a las madres el subcomandante Moisés, el Capitán Marcos y una delegación de alrededor de cien zapatistas, con pasamontañas y paliacate rojo al cuello.

Para las buscadoras chiapanecas, el encuentro llega en un momento preciso. En Chiapas, las familias buscan solas. La ley que obliga al Estado a hacerlo existe desde 2019. Pero en siete años y dos gobiernos no se ha integrado el consejo ciudadano que debía vigilar su cumplimiento. Y las desapariciones no han dejado de crecer.

Una madre de Tila: la hija buscadora que no volvió

La voz chiapaneca del conversatorio fue la de una madre que busca a su esposo en Tila. Detrás de ella colgaba una lona con la palabra «Feminicidio» y el rostro de su hija.

Richard Hamilton Pérez Coutiño manejaba un taxi en Tila. Desapareció el 17 de abril de 2024. Desde entonces lo buscan su esposa, su madre y sus hijos.

Su hija Yermi Yaritzel tenía 18 años y estudiaba enfermería y obstetricia en Ocosingo. «Yermi aprendió a buscar antes de terminar de vivir», dijo su madre. Eligió la carrera, contó, «con la firme certeza de encontrar vivo a su papá» y para poder cuidarlo cuando volviera.

Yermi fue asesinada el 22 de noviembre de 2025 por alguien en quien confiaba, según su madre. Un hombre está detenido y vinculado a proceso por el crimen, que la familia denuncia como feminicidio.

«La vinculación a proceso no es justicia cumplida», dijo la madre ante la delegación zapatista. Exigió al Poder Judicial «una estricta perspectiva de género, sin aplazamientos de audiencia» y una sentencia máxima.

Sobre su esposo, preguntó a la Fiscalía General del Estado: «¿dónde están los avances?». En dos años y cinco meses, dijo, «el Estado nos ha dado carpetas vacías».

Leyó el asesinato de su hija como un golpe a la búsqueda misma: Su feminicidio es también un ataque directo contra el derecho que tenemos las familias a buscar la verdad». Dijo que las familias se han visto obligadas «a cambiar la tranquilidad de un hogar por una pala, por un pico, por una ficha y una lona de búsqueda».

Y agradeció al colectivo de madres buscadoras de Chiapas, que, dijo, la ha «cobijado y sostenido». «El miedo ya se volvió rabia y la rabia se convirtió en resistencia organizada».

La violencia contra quienes buscan ya tiene registro nacional. La Fundación para la Justicia documentó 22 buscadoras asesinadas en México entre 2010 y 2025, y dos más desaparecidas.

Tila, donde la desaparición vuelve

La desaparición de Richard Hamilton ocurrió en medio de los conflictos que han sacudido Tila. Siete semanas después, el municipio se vació. Entre el 4 y el 7 de junio de 2024, un grupo armado ocupó la cabecera municipal, ocasionando el desplazamiento de entre 6 mil y 12 mil personas. Organizaciones humanitarias advirtieron que el Estado había mantenido «en impunidad los crímenes cometidos» en la región. Era la etapa final del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas.

Las personas desplazadas, en su mayoría ch’oles, se refugiaron en Yajalón y otros municipios vecinos. Ahí, uno de ellos, José Rodrigo, de 45 años, fue visto por última vez la noche del 21 de junio de 2024. La Fiscalía localizó después su cuerpo con impactos de arma de fuego (*N+*).

Las desapariciones en Tila no terminaron con el desplazamiento. Las fichas de búsqueda de la Fiscalía registran, entre otros casos, a una niña de 6 años desaparecida en septiembre de 2025 y a una adolescente de 16 años desaparecida en junio de 2026. Ninguna ha sido localizada. Como la de Richard Hamilton, sus desapariciones ocurrieron en el contexto de los conflictos que se han sucedido en el municipio. Tila figura entre los municipios afectados en el pronunciamiento que el Grupo de Trabajo contra la Desaparición en Chiapas emitió el 30 de agosto de 2026.

Tila ya había vivido esto. Entre 1995 y 2000, en plena contrainsurgencia contra el zapatismo, el Frayba documentó en la zona norte 37 desapariciones forzadas, 85 ejecuciones y 12 mil personas desplazadas, atribuidas al grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia. Según el centro, el grupo operó bajo el gobierno federal de Ernesto Zedillo.

Uno de esos casos es el de Minerva Guadalupe Pérez Torres, joven ch’ol de 19 años desaparecida el 20 de junio de 1996 en Miguel Alemán, Tila. En 2012, a 16 años de su desaparición, el Frayba denunciaba que la investigación seguía sin avanzar (boletín del 20 de junio de 2012).

Las cifras crecieron con dos gobiernos, y las familias dicen que son más

El salto de las desapariciones en Chiapas tiene fechas. Según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, pasaron de 65 en 2020 a 503 en 2024, durante el sexenio de Escandón.

Con Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador desde diciembre de 2024, la tendencia no se revirtió. El Grupo de Trabajo contra la Desaparición en Chiapas, con datos de Red Lupa, informó que el estado «pasó de 1,526 casos de personas desaparecidas en 2025 a más de 2,000 casos activos a mediados de 2026». Entre ellos, «404 personas tenían menos de 18 años cuando fueron desaparecidas». Al grupo lo integran el Frayba, Melel Xojobal, Redias, Serapaz, Voces Mesoamericanas y Acción con Pueblos Migrantes.

La propia Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía reportaron 23 menores desaparecidos entre el 10 de enero y el 7 de marzo de 2026; once fueron localizados (*Proceso*, 13 de marzo de 2026). Chiapas Paralelo ya había documentado en febrero de 2023 que el 45% de las personas desaparecidas en el estado eran niñas, niños y adolescentes.

Las familias sostienen que todas esas cifras se quedan cortas. En mayo de 2026, el colectivo Madres Buscadoras de Chiapas contrastó el registro oficial, de entre 1,800 y 1,900 casos, con su propia estimación: más de 3 mil. La diferencia, explicaron, son las familias que no denuncian por miedo o por desconfianza.

Una ley de 2019 y un consejo que no existe

Chiapas publicó su Ley en Materia de Desaparición de Personas el 18 de octubre de 2019, en el primer año de Escandón. La ley creó la Comisión Estatal de Búsqueda y una fiscalía especializada. También ordenó un Consejo Estatal Ciudadano, integrado por familiares y especialistas, para vigilar la búsqueda. Su última reforma es del 14 de marzo de 2026.

Siete años después, el consejo sigue pendiente. El 30 de agosto de 2026, el Grupo de Trabajo contra la Desaparición en Chiapas y colectivos como Junax Ko’tantik pidieron al Congreso del estado «la creación e integración del primer Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas para dar cumplimiento a lo que la ley les obliga».

En el CIDECI, Pedro Faro, del Frayba, enumeró los obstáculos que el centro ha constatado al acompañar a las familias: «comisiones de búsqueda que dilatan, aplazan y fragmentan», «fiscalías que no investigan, no buscan y no garantizan la protección de las familias y colectivas», y «la corrupción de estructuras gubernamentales con la delincuencia organizada».

Para el Frayba, en ese contexto «la búsqueda es un acto de resistencia frente a la muerte decretada desde las instituciones gubernamentales».

«Estamos a punto de colapsar», se escucho en la mesa.

Lo que traen las buscadoras de fuera: buzones de paz y una invitación al Ajusco

Las buscadoras de otros estados llegaron al CIDECI con herramientas para compartir. Una madre del colectivo Una Luz en el Camino, de la Ciudad de México, que busca a su hijo desde 2022, ofreció a las chiapanecas los «buzones de paz»: «Ojalá que esta herramienta también les pueda servir a ustedes».

Son cajas que las familias decoran y colocan en sitios como iglesias, para que cualquiera deje información de manera anónima. Según su relato, nacieron en 2016 durante una brigada nacional de búsqueda en Veracruz. En Tlalpan, dijo, un mensaje anónimo las llevó a recuperar 32 restos humanos en el Ajusco el año pasado.

El Ajusco es la zona que esas familias llaman «cementerio clandestino». Ahí, dijo la madre, el crimen organizado opera «con casas de seguridad, cobro de piso, tala clandestina». Su hijo, cree, «posiblemente fue reclutado». A ese lugar invitaron formalmente a los zapatistas a una jornada de búsqueda en campo en diciembre.

Una buscadora de Sonora, en nombre de la Red Unida Siempre Buscando y la Brigada Nacional de Búsqueda, habló de algo que también viven los colectivos de Chiapas: las diferencias entre grupos. Hay compañeras, dijo, «con las cuales no compartimos visiones, ni misiones, ni valores». «Pero respetamos el principio de lucha de otras personas que buscan a su modo», añadió, «con tal de regresar a casa a sus seres queridos».

El abrazo: «vamos a decirles gracias»

El viaje zapatista se anunció en julio. «Sentimos que tenemos que expresar personalmente nuestra admiración, nuestro cariño y nuestro respeto a los colectivos de buscadoras y buscadores», dijo entonces el subcomandante Moisés.

En el CIDECI, el Capitán Marcos lo resumió así: «Vamos a decirles ‘gracias'». Sostuvo que la clase política trata las desapariciones como «anomalías» del sistema, cuando para los zapatistas son «su parte esencial, su fundamento». Y que la búsqueda se ha dejado, «irresponsablemente, sólo en los hombros» de los colectivos.

«Nadie está libre de la amenaza de una desaparición forzada, de un asesinato impune», leyó Marcos.

Faro, del Frayba, dijo que el abrazo zapatista puede «tender puentes más allá de lo local, articular luchas». Para las familias de Chiapas, ese puente tendrá primero una fecha propia: la última semana de noviembre.

La madre de Tila pidió algo antes de dejar el micrófono: «No permitan que el nombre de Yermi se borre». En su casa, dijo, quedan «una silla vacía en el comedor y una búsqueda inconclusa en los campos».

Para el zapatismo, la desaparición no es una anomalía

Durante el mensaje que el Capitán Marcos dio en el encuentro, y que  tituló Anomalías y normalidades. Sostuvo que la clase política, de derecha a izquierda, trata las desapariciones, los asesinatos y las violencias de género «como ANOMALÍAS del sistema, cualquiera que éste sea». Para el zapatismo son lo contrario. Las desapariciones forzadas, la explotación, el racismo, el patriarcado y el despojo «son inherentes al sistema», leyó. «Son su parte esencial, su fundamento».

Desde ahí explicó por qué nadie está a salvo: «nadie está libre de la amenaza de una desaparición forzada, de un asesinato impune, de un encarcelamiento injusto». «Ése es el mayor logro del sistema y su civilización: ha conseguido hacer de la desgracia algo cotidiano».

Y por qué la búsqueda no debería ser solo de las familias: «La búsqueda de verdad y justicia la hemos dejado, irresponsablemente, sólo en los hombros de esos grupos, colectivas y organizaciones, y eso no está cabal».

La madre de Axel, uno de los desaparecidos, lo dijo desde otro lugar: «No esperar a que nos pase para que podamos sentir el dolor».