Familias de Fracción Tzanembolom, Chenalhó, Chiapas piden auxilio. Denuncian que grupo armado las obliga a pagar balas y a sus niños a consumir droga

En un video y un comunicado fechados el 5 de octubre, familias tsotsiles de una comunidad de Los Altos de Chiapas que lleva años bajo control armado, dicen estar «encapsuladas» por líderes que señalan como integrantes del CJNG. Acusan multas, cobros para municiones y homicidios no denunciados.

Familias tsotsiles de Fracción Tzanembolom, una comunidad del municipio de Chenalhó, en Los Altos de Chiapas, pidieron la intervención urgente de los tres niveles de gobierno. Denuncian que los líderes de un grupo armado de su comunidad, a quienes señalan como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las obligan a pagar «cooperaciones» para comprar balas y les impiden salir. También acusan que obligan a niñas, niños y jóvenes a consumir droga.

«Estamos secuestrados, amenazados por los líderes y obligados a cooperar para mantener activa esta guerrilla», dice el comunicado que un hombre lee en un video fechado el 5 de octubre de 2026, frente a un grupo de mujeres, niñas y niños que forman parte de las familias acosadas por el grupo armado.

Chenalhó es un municipio indígena tsotsil de las montañas de Los Altos de Chiapas, al norte de San Cristóbal de Las Casas. Es el mismo municipio donde, el 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar asesinó a 45 tsotsiles en la comunidad de Acteal; y colinda con Pantelhó, otro municipio tsotsil marcado en los últimos años por la violencia armada y el desplazamiento.

Quienes se han negado a sostener a ese grupo armado han terminado desplazados o muertos; se trata de las familias que habitaron el poblado colindante, llamado Centro Tzanembolom, y quienes ahora mismo están en condición de desplazamiento forzado en la cabecera municipal de Chenlhó. Esta vez, la denuncia llega desde dentro de la comunidad donde se refugian los agresores.

Multas por salir y cobros para municiones

Según el video, quien sale de la comunidad paga una multa de 1,500 pesos, «misma que en la actualidad ya no podemos cubrir porque no podemos trabajar», dicen en un comunicado escrito que lograron enviar. En el docuemento las familias agregan: «Seguimos encapsulados (sin poder salir), no tenemos libertad de salir a comprar».

Denuncian que los líderes del grupo armado, a quienes identifican por nombre y apellido, las han obligado a vender los bienes de las familias desplazadas den Centro Tzanembolom, y que a quien no está de acuerdo «te amenazan o te matan».

En el documento y video denuncian que el 20 de octubre de 2025 fue asesinado Eleuterio Arias Pérez. De esto, dicen, tenían conocimiento el presidente municipal y el juez municipal de Chenalhó, y no hicieron nada. Mencionan también a un adolescente de 15 años «asesinado y enterrado en la misma comunidad sin hacerlo público».

El comunicado acusa a las propias autoridades rurales de la localidad. «Llegan con armas de fuego a amenazarnos [el agente rural] mandó a su gente». Si los encuentran en una vereda, «nos la pueden disparar», acusan.

Sobre los menores, escriben: «Obligan a consumir droga a los niños y jóvenes; aquí ya no tenemos futuro».

Los documentos nombran a cuatro «líderes» que, según las familias, «son parte del Cártel Jalisco Nueva Generación». También nombran a cinco «comandantes» que, afirman, «reciben un pago mensual», mientras a ellas (las familias denunciantes) «nos siguen pidiendo cooperaciones para comprar balas».

Aseguran que en un canje de armas realizado hace unos días el grupo no entregó ninguna. Se refieren a programas gubernamentales donde elementos de la SEDENA cangean armas por electrodomesticos.

La denuncia está dirigida al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. «Sabemos que después de esto nos amenazarán», advierten.

Si el gobierno no actúa de inmediato, dicen, esperan disparos «como medidas de intimidación» contra sus familias.Según la persona que hizo llegar el material a Chiapas Paralelo, en esa situación hay 15 familias, unas 145 personas.

Desde 2024, Fracción Tzanembolom es la base del grupo que expulsó a sus vecinos

Los habitantes de Fracción Tzanembolom llevan años en esta situación. En el video dicen que su comunidad «ha estado sumergida en la violencia» desde hace años. En febrero de 2024, jóvenes de la comunidad ya exhibían públicamente fotos con armas, dinero y camionetas, según se pudo documentar el 18 de marzo de ese año con fotografias donde los mismos jóvenes exhibian las armas y dinero.

Fracción Tzanembolom colinda con Centro Tzanembolom, también tsotsil. De ahí salieron desplazadas 67 familias, 267 personas, entre febrero y julio de 2024, durante el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. El detonante fue el asesinato del comunero Prudencio Pérez Pérez el 13 de febrero de 2024. Según sus vecinos, lo emboscaron por negarse a tomar las armas.

Las familias desplazadas relataron en agosto de 2026 que en Fracción Tzanembolom opera el llamado Ejército Civil Indígena, aliado de Los Herrera, al que señalan como parte del CJNG. Relataron también que el grupo recluta a «niños, de once, doce años» con pagos de 6 mil pesos quincenales, y que vende «los cafetales, los lotes y hasta el terreno de la escuela» de quienes expulsó.

En diciembre de 2024, ya con Ramírez Aguilar en el gobierno, ese grupo atacó comunidades de Pantelhó y quemó la escuela y las oficinas del gobierno autónomo zapatista en San José Buenavista Tercero.

A más de dos años del desplazamiento, las familias de Centro Tzanembolom siguen sin poder volver, y viven en refugios y casas rentadas. A la denuncia de las agresiones del grupo armado presuntamente ligado al CJNG se suman ahora afectados de Fracción Tzanembolom.