Miles de indígenas denuncian en Chiapas que el crimen organizado sigue en sus comunidades, dos años después del asesinato del padre Marcelo
Miles de indigenas hicieron un nuevo llamado a la paz en Chiapas. Foto: Ángeles Mariscal
El Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal advirtió que el crimen organizado coopta a jóvenes para el halconeo y la venta de drogas, y que el consumo ya alcanza a niños. Exigió a la FGR identificar a los autores intelectuales del crimen del sacerdote tsotsil.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Miles de indígenas católicos de siete regiones de Chiapas marcharon este lunes 19 de octubre por San Cristóbal de Las Casas, a dos años del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez. Se concentraron en tres puntos de la ciudad y recorrieron sus calles hasta un costado de la Catedral. Ahí, el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal leyó un pronunciamiento público. En él denunció que en sus municipios persisten la inseguridad, la violencia y la presencia del crimen organizado. Su diagnóstico es casi el mismo que hace un año.
«Los jóvenes están siendo cooptados por el crimen organizado, para halconeo, venta al menudeo de drogas», dice el pronunciamiento, dirigido a la sociedad civil, a los medios de comunicación y «a los tres niveles de gobierno». En la misma lista aparece la siguiente afectación: «Consumo de drogas en jóvenes y niños».
En octubre de 2025, en el primer aniversario, la organización ya había denunciado el «reclutamiento de los jóvenes». Aquel comunicado no mencionaba a la niñez. Este año sí.
«El contexto en Chiapas no ha cambiado mucho, aún persiste la inseguridad y la violencia en varios municipios de Chiapas», afirma el documento. Enumera la venta de alcohol y drogas, las amenazas de autoridades locales y de consumidores contra quienes denuncian, y las «detonaciones de armas de fuego, en algunas comunidades sobre todo en las noches». También los feminicidios, la trata de personas, las desapariciones forzadas y el cobro de piso o de paso de mercancías en carreteras y caminos.
Los «levantones» y asesinatos, añade, «han aumentado en los últimos meses por la lucha de los grupos de poder ante las próximas elecciones en 2027, incluyendo la capital de nuestro Estado». La organización agrega el «miedo de denunciar por la falta de confianza a las autoridades y al sistema de justicia de nuestro país». Y advierte: «Pueblos en resistencia temen ser atacados».
«¡No más autoridades involucradas con el crimen organizado!», exigieron los manifestantes. Pidieron también a la Fiscalía General de la República (FGR) que continúe las investigaciones «para el esclarecimiento de los hechos y dar con los autores intelectuales del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez».
El documento cerró con un llamado: «Invitamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a seguir juntando nuestras palabras y nuestra fuerza para detener los sufrimientos y los asesinatos a las defensoras y los defensores de los derechos humanos, a las y los que defienden la Madre Tierra».
Le siguió una lista de exigencias leídas en voz alta: «¡No más intimidaciones y asesinatos a sacerdotes, servidores de la Iglesia y defensores de la Vida!», «¡Alto al desplazamiento forzado interno!», «¡Alto a la desaparición forzada!», «¡Alto a la persecución de los sacerdotes, laicas y laicos en nuestra Diócesis y del mundo!».
En el mismo sitio, a un costado de la Catedral, los peregrinos celebraron una ceremonia maya. Ahí también se ofició una misa presidida por el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez.
Padre del sacerdote Marcelo Pérez continúa pidiendo justicia. Foto: Ángeles Mariscal
«No es un caso cerrado» el proceso por el asesinato
Marcelo Pérez Pérez, sacerdote tsotsil de San Andrés Larráinzar, fue asesinado a tiros el 20 de octubre de 2024 en el barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal, al terminar de oficiar misa. Antes, como párroco en Simojovel, había encabezado marchas contra la violencia y la venta de alcohol y drogas.
Dos años después, el caso tiene un sentenciado y un acusado en proceso. Los autores intelectuales siguen sin identificarse. Así lo expuso en conferencia de prensa el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, que lleva la defensa jurídica del caso junto con la familia y la Diócesis. En la conferencia también participaron el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, el padre Miguel Montoya, de la Vicaría de Justicia y Paz, y Gilberto Hernández García, responsable de la Pastoral Social de Tuxtla.
Edgar Rolando Mares Banda fue sentenciado a 20 años de prisión, «identificado como correspondiente a uno de los ejecutores materiales del crimen», dijo Velázquez Florencio. Según informó la organización SweFOR, la sentencia la dictó en agosto de 2025 un juez federal, en un caso que atrajo la Fiscalía General de la República (FGR).
El segundo proceso, la causa penal 73/2024, se sigue contra Héctor «N». En octubre de 2025, Proceso lo identificó como «El Chesman», presunto líder del grupo Los Motonetos. La causa está en etapa intermedia, en la que se determinan las pruebas que se desahogarán en el juicio oral. Esa etapa inició formalmente el 30 de septiembre de 2026. Una diligencia prevista se reprogramó para el 17 de noviembre, en Cintalapa.
«El avance de los procedimientos penales constituye un aspecto importante, pero no puede confundirse el esclarecimiento con el esclarecimiento integral de los hechos. Esto todavía va a dar para más», dijo el sacerdote.
El caso enfrentó un tropiezo, explicó, cuando la titular de la fiscalía de la FGR que lo llevaba, Sara Irene Herrerías Guerra, se convirtió en ministra de la Suprema Corte y «se llevó al equipo de fiscales». «Aún así, las líneas que se han seguido, siguen las investigaciones abiertas. No es un caso cerrado», añadió.
«Seguimos exigiendo al Estado investigar a todos los autores intelectuales y las otras responsabilidades penales», dijo Velázquez Florencio. Pidió que el caso no se separe «del contexto de violencia que se vive en el Estado y del contexto en que el padre recibió amenazas por su labor como defensor de derechos humanos».
«Silenciar la voz de un defensor, de un periodista, de un sacerdote, de un líder comunitario, afecta a toda la comunidad», sostuvo. El asesinato, dijo, «afectó y retrasó muchos procesos de paz en los pueblos donde él trabajó». En el contexto «criminal o macrocriminal que impera» en Chiapas, añadió, «sigue todavía el riesgo para muchos defensores, para muchos periodistas, para muchos sacerdotes».
«Nos unimos a la exigencia del Pueblo Creyente», concluyó.
Palmas, velos blancos y estandartes de santos
La peregrinación avanzó con ramas de palma en alto y banderas blancas pintadas con la palabra «PAZ». Muchas mujeres llevaban la cabeza cubierta con velos blancos de encaje. Al frente de cada contingente iban los estandartes de sus santos patronos: el de la Comunidad Católica San Pablo Apóstol, de Chalchihuitán, bordado en rojo y oro y adornado con listones de colores, y una manta con la imagen de la Virgen y la leyenda «La paz es un grito que debe ser escuchado».
«Paz para Chiapas, paz para Simojovel, justicia para el padre Marcelo», decía la manta que encabezaba a un grupo de hombres y mujeres con túnicas y chales rosas bordados con flores. La de la zona tseltal alto, de la parroquia de Santo Tomás Apóstol, en Oxchuc, decía: «Queremos justicia para el padre Marcelo. Padre Marcelo vive en corazones de los pueblos. Fuera el crimen organizado en el estado de Chiapas».
Desde la parroquia de Tila llegó un cartel escrito a mano: «La muerte del padre Marcelo: el pueblo indígena queremos la paz y la justicia. Que no se quede impune».
«¡Alto al crimen organizado!», «¡Alto a la narcopolítica!», «¡Alto a los desplazamientos forzados!», «¡Alto a la persecución y asesinato de todos los defensores que dicen la verdad!», coreaban los asistentes al paso por las calles del centro, entre motocicletas estacionadas y fachadas coloniales. Un hombre marcaba el paso con un tambor.
En el parque central, el papel picado del Día de Muertos ya colgaba del kiosco. A un costado de la Catedral, para la ceremonia maya, los peregrinos tendieron sobre el piso un altar de flores blancas y rojas, mazorcas, naranjas, plátanos, pan, velas y sonajas adornadas con estambre rojo. Al centro colocaron un retrato enmarcado: «Totik Marcelo Pérez, profeta y mártir por la paz de nuestro pueblo». Sentado en la banqueta, frente a las flores, un anciano con el sombrero a un lado mantenía la cabeza inclinada sobre los brazos.
«Los mártires de la paz son semilla para ser más. Marcelo vive, la lucha sigue», decía una de las cartulinas verdes que se alzaron en la plaza.
Simón Pedro, Nueva Morelia, Acteal, la lista que suma
«Exigimos al Estado garantías de reparación y no repetición», señala el pronunciamiento, que junta el caso de Marcelo con otros asesinatos de integrantes de la feligresía de la diócesis. En la masacre de Acteal, en Chenalhó, fueron asesinadas 45 personas tsotsiles del grupo Las Abejas el 22 de diciembre de 1997. Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de Las Abejas, fue asesinado el 5 de julio de 2021 en Simojovel. Y en el ejido Nueva Morelia, en Chicomuselo, un grupo armado mató a 11 personas el 12 de mayo de 2024.
A dos años de la masacre de Nueva Morelia, las familias denuncian que nadie ha sido procesado, según publicó Infovaticana el pasado mayo.
«A pesar de que hayan matado al padre Marcelo y otros hermanos y hermanas, para nosotros no están muertos ni muertas, ahora ellas y ellos se han multiplicado en muchos corazones», dice el texto.
Niñez sin registro oficial
La denuncia sobre niños y jóvenes no tiene cifras oficiales que la dimensionen. En junio de 2026, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) concluyó que en Chiapas no existen datos oficiales sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos criminales, delito que la ley mexicana no tipifica de forma específica. En el país, la REDIM estima unos 30 mil menores reclutados cada año.
La carretera, la «Ley indígena» y la migración
El Pueblo Creyente incluyó entre las manifestaciones de la violencia la «imposición de la carretera San Cristóbal Palenque» y del libramiento Teopisca-San Cristóbal. Expresó su «rechazo total» a esa autopista.
Calificó como «consulta a modo» la de la llamada «Ley indígena». Dijo que en algunos lugares se suspendió o solo se convocó «a cierto grupo de personas», y que lo que esa ley oculta es «el despojo territorial de los pueblos originarios».
Denunció además la división por partidos políticos y los servicios de salud «sin ofrecer medicinas». También señaló la migración hacia el norte del país y Estados Unidos, que deja a las familias con «una gran deuda económica».
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A los grupos de poder les pidió que «dejen de fabricar guerras contra los pueblos originarios y contra nuestros pastores». Y cerró con una advertencia que se repitió en la plaza: «¡La voz del pueblo y de la Diócesis no se puede callar!».
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