67 organizaciones religiosas, humanistas, zapatistas y centros de derechos humanos de Suiza, Alemania, Italia, Noruega, Grecia, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Argentina, Colombia, además de colectivos de varios estados de México y unas 300 personas en lo individual, exigen revisión del proceso por el que Diego Mendoza y Pedro Cortés fueron sentenciados a 110 años de prisión.
45 familias del poblado Nueva Independencia, municipio de Jaltenango, fueron expulsadas sin que hasta el momento autoridades de gobierno intervengan de manera efectiva para procurar su retorno.
«Hemos constatado que se han detenido a personas de la delincuencia organizada, pero detienen unos y otros no, por eso decimos que están configurándose nuevos pactos con la delincuencia organizada”.
Con datos cuantitativos el centro humanitario va tejiendo como desde periodos anteriores se ha ido entrelazando la violencia estructural con la criminal, en donde integrantes de grupos del crimen organizado, del gobierno y sus instituciones, y del sector empresarial, tejen sus redes para el despojo y control del territorio.
Tanto Pedro Cortés como Diego Mendoza, “ambos desde su fe y religión, su trabajo por la verdad, la justicia, los derechos humanos y la paz, siempre buscando que las situaciones se resolvieran por medio del diálogo y la verdad y la justicia dentro de la ley. Son incansables promotores y constructores de la paz, desde la no violencia en su región.
La jueza impidió que Pedro Cortés y Diego Mendoza tuvieran una defensa particular para defenderse del delito de desaparición forzada de quienes fueron señalados de pertenecer a un grupo del crimen organizado en Pantelhó. En la causa penal está como coacusado el sacerdote Marcelo Pérez, asesinado el 20 de octubre pasado.
“Aquí, junto a su tumba, también denunciamos la ineficacia del Estado en la procuración de justicia, pues, a 4 meses de su cruel asesinato, no hay certezas ni se han procesado a los verdaderos responsables materiales e intelectuales de su asesinato”.
“En cuestión de partidos políticos, pues el mismo nombre lo dice, de que a veces nos partimos (…) desde ahí empieza el divisionismo”.
Pasaron tres años y medio desde la amenaza hasta que el juez asignado dictó sentencia, el 7 de febrero pasado: tres meses de prisión (que se pueden cambiar por trabajos a la comunidad), una disculpa pública y reparación del daño. Parece poco pero esta es una experiencia aprendida, espero que no solo para mí.