Con datos cuantitativos el centro humanitario va tejiendo como desde periodos anteriores se ha ido entrelazando la violencia estructural con la criminal, en donde integrantes de grupos del crimen organizado, del gobierno y sus instituciones, y del sector empresarial, tejen sus redes para el despojo y control del territorio.
Tanto Pedro Cortés como Diego Mendoza, “ambos desde su fe y religión, su trabajo por la verdad, la justicia, los derechos humanos y la paz, siempre buscando que las situaciones se resolvieran por medio del diálogo y la verdad y la justicia dentro de la ley. Son incansables promotores y constructores de la paz, desde la no violencia en su región.
La jueza impidió que Pedro Cortés y Diego Mendoza tuvieran una defensa particular para defenderse del delito de desaparición forzada de quienes fueron señalados de pertenecer a un grupo del crimen organizado en Pantelhó. En la causa penal está como coacusado el sacerdote Marcelo Pérez, asesinado el 20 de octubre pasado.
“Aquí, junto a su tumba, también denunciamos la ineficacia del Estado en la procuración de justicia, pues, a 4 meses de su cruel asesinato, no hay certezas ni se han procesado a los verdaderos responsables materiales e intelectuales de su asesinato”.
“En cuestión de partidos políticos, pues el mismo nombre lo dice, de que a veces nos partimos (…) desde ahí empieza el divisionismo”.
Pasaron tres años y medio desde la amenaza hasta que el juez asignado dictó sentencia, el 7 de febrero pasado: tres meses de prisión (que se pueden cambiar por trabajos a la comunidad), una disculpa pública y reparación del daño. Parece poco pero esta es una experiencia aprendida, espero que no solo para mí.
Organizaciones piden no criminalizarles, y que las estrategias de seguridad y paz en el estado consideren las violencias diferenciadas que viven.
“Por ahora no tenemos más que regresar, acá (en México) no tenemos trabajo, llevamos más de seis meses viviendo de vender en la calle, de pedir caridad. La mayoría vivimos en la calle y vemos que por ahora ya no podemos seguir”, dijo un joven que no quiere ser identificado.
Un grupo de 20 indígenas de la etnia lacandona, habitantes de la comunidad Lacanjá Chansayab, fueron detenidos esta mañana, en un operativo para desarticular a la célula del crimen organizado que ha utilizado como pistas de aterrizaje para traficar droga, los terrenos de la zona arqueológica de Bonampak. Este grupo liderado por una persona a la que llaman “El Cabra”, también utilizan vehículos de transporte de pasajeros para traficar migrantes que atraviesan la Selva Lacandona en su ruta rumbo a Estados Unidos. El operativo de detención se dio la mañana de este domingo, cuando policías de élite del gobierno de […]