Pueblos indígenas crean Alianza Nacional para exigir a López Obrador cumpla en respetar su libre determinación y autonomía
Indígenas lacandones, choles y tseltales de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona e integrantes de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía.
*ALDEA mencionó que, urgen medidas para resolver los problemas de violencia e inseguridad, así como la pobreza, marginación y discriminación estructural.
Pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de más de 10 estados de la República, pertenecientes a las etnias Tzotzil, Tzeltal, Lacandona, Tenek, Nahua, Maya, Hnahñu, Purepecha, Na Savi, Tepecano, Wixarika, Zapoteca, Yaqui, Mixe y Me´Phaa, junto con organizaciones civiles, anunciaron la conformación de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA).
Dicha Alianza, tiene como objetivo hacer de manifiesto al Estado mexicano continua con políticas y leyes vigentes que excluyen a los pueblos y que vulneren los derechos fundamentales.
Los integrantes de la Alianza añadieron que, a pesar de que los pueblos siguen en su construcción de autonomía, a través del autogobierno, la aplicación de los sistemas normativos propios y el respeto a la integridad de sus territorios, ven a los gobiernos, empresas y el crimen organizado atentar contra las estructuras tradicionales de toma de decisión.
Lo anterior, por medio de invasión de territorios con megaproyectos, violencia, corrupción, falsas consultas, división del tejido comunitario, atacar y criminalizar a comunidades, organizaciones, defensores y defensoras indígenas.
“Este tipo de incidentes se agrava en momentos donde la pandemia ya cobra vidas al interior de las comunidades por la falta de servicios básicos para su atención”, exponen los integrantes de la Alianza.
Además, recalcaron la observación de la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos indígenas al Estado mexicano en el 2018, que menciona la necesidad de medidas eficaces y coordinadas entre instituciones de toda la estructura federal, estatal y municipal para abordar los problemas expuestos.
A su vez, incluir reformas del marco jurídico, político e institucional aplicado a los derechos de los pueblos indígenas en temas como: tierras, territorios y recursos naturales, sus propias prioridades de desarrollo, libre determinación, participación política y acceso a la justicia.
La Alianza, demanda un conjunto de reformas al marco legal, con la participación activa de las comunidades y la sociedad civil, en armonía con los tratados internacionales de derechos humanos y los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Los acuerdos de San Andrés son compromisos y propuestas conjuntas que el gobierno federal pactó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para garantizar una nueva relación entre los pueblos indígenas del país, la sociedad y el Estado.
Es así como, la Alianza exige al Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y al Congreso de la Unión impulsar la reforma constitucional a la que se habían comprometido, la cual busca reconocer los pueblos y comunidades como sujeto de derecho público y garantizar de forma efectiva sus derechos a la libre determinación, autonomía, territorio, a sus formas propias de desarrollo y de aplicación de justicia, entre otros derechos.
Al Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión le pidieron derogar las distintas formas de despojo legal de los territorios indígenas, vigentes en las leyes energéticas y la Ley Minera, debido al carácter preferente de estas actividades y las figuras de ocupación superficial.
Así como promover una nueva Ley de Aguas, con apego a derechos y al respeto de los sistemas comunitarios, y una Ley de Prohibición de la Fracturación Hidráulica (fracking)
Respecto a los gobiernos y congresos de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, que aprueben las reformas en las constituciones, leyes locales para el pleno respeto, garantía del autogobierno, sistemas normativos y de seguridad propia, promovidas por pueblos y comunidades de esos estados.
A la Secretaría de Gobernación, a los Órganos de Seguridad, Procuración y Administración de Justicia y a los Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos, que implementen medidas y sanciones efectivas que aseguren a comunidades, organizaciones y defensores y defensoras en el ejercicio pacífico de su labor de derechos humanos y no ser víctimas de agresiones y actos de criminalización.
“Las reformas por la 4T para avanzar en el cumplimiento efectivo de los derechos indígenas siguen congeladas mientras los megaproyectos avanzan aun en tiempos de pandemia. Es momento de poner alto a los atropellos en contra de las comunidades y de construir en serio una ‘nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación’, mencionan la Alianza.
Por ello, ALDEA exhortó al actual gobierno a retomar la senda de sus compromisos y obligaciones internacionales, para garantizar la participación de los pueblos en las políticas y leyes que les afectan.
“Hacemos un llamado solidario a otras comunidades y organizaciones que luchan por la autonomía y la defensa de la vida y la madre tierra a sumarse a nuestra Alianza”, finalizó la ALDEA.
*Pueblos, comunidades, organizaciones indígenas, campesinas y civiles que integran la ALDEA:
Bienes Comunales de la Selva Lacandona, Chiapas
Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Michoacán
Santa María Ostula, Michoacan
Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), Oaxaca
Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Campeche
Cocineras tradicionales y Productoras del campo de la Huasteca, San Luis Potosi
Comunidad de Tepetlaoxtoc, Estado de México
San Francisco Magú, Estado de México
San Sebastián, Oaxaca
San Jacinto Ocotlán, Oaxaca
Tejas de Morelos, Oaxaca
San Felipe Apostol, Oaxaca
San Matías Chilazao, Oaxaca
Maguey Largo, Oaxaca
El porvenir, Oaxaca
Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C.
Servicios del pueblo mixe (SERMIXE)
CDH Fray Pedro
Tlalij A. C
Tianguis Campesino – Chiapas
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Fundación para el Debido Proceso. DPLF
Enlace Comunicación y Capacitación A.C.
Servicios y Asesoria para la Paz A.C. (Serapaz)
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Guerrero
Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla, Estado de México
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) – Atenco, Estado de México
Red Ambiental en Defensa de los Humedales de San Cristóbal, Chiapas
Red de Mujeres Artesanas, San Luis Potosi
San Lorenzo de Azqueltan, Jalisco
Pueblo de Vicam, Sonora
San Isidro Zegache, Oaxaca
La Barda Paso de Piedras, Oaxaca
San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca
Santiago Apostol, Oaxaca
Santa Ana Zagache, Oaxaca
San Pedro Martir, Oaxaca
San Martín Tilcajete, Oaxaca
San Pedro Apostol, Oaxaca
Asunción Ocotlan, Oaxaca
SEDEPAC Huasteca, San Luis Potosi
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)
CDI Flor y Canto A.C.
CONTEC, A.C
Colectivo de Abogadas
Oxfam México
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
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