Piden investigar a autoridades municipales por detención de migrantes víctimas del incendio en estancia del INM

Piden investigar a autoridades municipales por detención de migrantes víctimas del incendio en estancia del INM
Foto: La Verdad

*Esta nota fue realizada por La Verdad, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

Comité de la ONU emite recomendación al Estado mexicano donde pide que indague a las autoridades del municipio que participaron en los operativos de detención de personas migrantes que luego fueron víctimas del incendio en la estancia migratoria en Ciudad Juárez, en marzo de 2023

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Por Redacción de La Verdad Juárez

El Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió al Estado mexicano investigar la participación de autoridades municipales en la detención de migrantes que luego fueron víctimas del incendio en la estancia migratoria en Ciudad Juárez, en marzo de 2023.

En una reunión sostenida en Ginebra, Suiza, el pasado 24 de abril con autoridades de México, el comité de expertos de la ONU planteó su preocupación por la falta de investigación de algunos aspectos relativos a esa tragedia, y advirtió también sobre la persistencia de violaciones a derechos de personas en contextos de movilidad humana en el país, se desprende de un reporte del organismo.

Tras el encuentro emitió varias recomendaciones al Estado mexicano, algunas de ellas derivan del caso del incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, como la falta de investigación a funcionarios municipales y la determinación de responsabilidad de autoridades de más alto nivel que continúan ejerciendo sus funciones.

Entre las recomendaciones que derivan del caso del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, el Comité llamó a México a garantizar una investigación exhaustiva e independiente, incluyendo la participación de autoridades municipales y otras sin facultades de control migratorio en la detención de personas por razones migratorias que fueron víctimas en el incendio.

Además pidió indagar las condiciones de detención, y las alegaciones sobre malos tratos por parte de agentes migratorios a las personas detenidas en las horas previas a la tragedia; así como iniciativas para asegurar la no repetición y la progresiva erradicación de la detención migratoria.

En abril del 2023, La Verdad Juárez publicó que al menos siete personas migrantes que fueron detenidas el lunes 27 de marzo de ese año en el operativo conjunto realizado por autoridades municipales y federales se encontraban en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), donde esa noche se registró un incendio que causó la muerte de 40 extranjeros.

Además de los agentes del INM que realizaron las detenciones y traslado de los migrantes a sus instalaciones, en el operativo interinstitucional participaron elementos de la Policía Municipal, personal de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Juárez (DIF), se difundió con base en reportes oficiales y testimonios de sobrevivientes.

En ese entonces, Santiago González Reyes, director municipal de Derechos Humanos, compareció ante integrantes de varias comisiones edilicias, donde informó que de las 66 personas que se encontraban detenidas en el INM el lunes 27 de marzo, siete fueron canalizadas a través de los recorridos realizados durante el día.

“Ese día nosotros canalizamos a doce personas y tengo entendido, porque en esa intervención yo ya no entraba, que se canal… No me gusta usar la palabra, porque dicen rescatados, bueno, se rescataron a siete hombres solos”, dijo el funcionario municipal el jueves 30 de marzo de 2023, en la reunión extraordinaria convocada por la Comisión de Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Cabildo de Juárez.

El comité de expertos de la ONU también planteó su preocupación por aspectos que consideran críticos de la política y la legislación migratoria actual.

Entre esos destacan la detención migratoria, los procesos de regularización, la protección de niñez y adolescencia, el acceso a educación y a salud, el registro de nacimiento e identidad, la no discriminación, el empleo digno, las expulsiones, la cooperación bilateral con Estados Unidos, el creciente uso de las Fuerzas Armadas en tareas migratorias y la subcontratación de funciones de seguridad a empresas privadas.

Además, la realización de operativos migratorios por actores sin facultades legales, así como la falta de investigación de delitos y graves violaciones a derechos cometidos en contra personas migrantes, y la impunidad en casos de masacres y desapariciones de esta población.

Reiteró su preocupación por el incremento de la militarización de la política migratoria; el uso generalizado de operativos de revisión y verificación migratoria con base en  prejuicios raciales y xenófobos en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional, como centrales de autobuses, carreteras y vías públicas por múltiples autoridades, algunas de las cuales no tienen facultades.

Tras la reunión de expertos de la ONU con autoridades mexicanas, las organizaciones de la sociedad civil llamaron al gobierno mexicano a asumir con responsabilidad el cumplimiento de sus obligaciones, nacionales e internacionales, aceptando e implementando las recomendaciones del CMW como guía para una política migratoria y de asilo centrada en los derechos humanos.

En un comunicado exponen que para lograrlo, “es indispensable la participación de todas las instancias gubernamentales, la sociedad civil, la academia, las agencias de Naciones Unidas y las personas en contextos de movilidad a fin de que estas recomendaciones se traduzcan en acciones concretas y sostenibles en materia de política pública”.