Multimillonarios en la mira: minera de la familia Baillères se ampara para no pagar deuda millonaria

Multimillonarios en la mira: minera de la familia Baillères se ampara para no pagar deuda millonaria
Foto: Reyna Haydee / Archivo Pie de Página

*Este trabajo fue publicado originalmente en Pie de Página que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

Minera Penmont, propiedad de la familia Baillères intenta no pagar más de 13 mil 328 millones de pesos que adeuda a los ejidatarios de El Bajío, en Sonora, por extracción ilegal de oro. Mientras, Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, enfrenta condena fiscal por 2 mil millones de pesos

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Reyna Haydee / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. – La minera Penmont, filial de Fresnillo PLC, propiedad de la familia Baillères, se amparó ante una sentencia que la condena a pagar 13 mil 327 millones 854 mil 806 pesos a los ejidatarios de El Bajío, en Sonora.

El amparo llega luego de que el 6 de mayo, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 28, Alejandrina Gámez Rey, ordenara la ejecución de 67 sentencias que pesan sobre la minera, a quienes se acusa de extraer ilegalmente el oro que estaba en el territorio de los ejidatarios sonorense.

Tras promover el amparo, el Juez Décimo de Distrito de Hermosillo, Sonora, concedió una suspensión provisional mientras se resuelve el amparo, el cual se discutirá el próximo 3 de julio en la audiencia constitucional, que es la etapa donde se desahogan las pruebas y se formulan alegatos para que el juez dicte la sentencia definitiva sobre el acto reclamado.

Minera argumenta violación a sus derechos humanos

La ejecución de las sentencias llegó después de que el Tribunal ordenara un peritaje para calcular el daño que la minera ocasionó a los ejidatarios y su territorio. El peritaje, elaborador por Jesús Ramón Moya Grijalba (perito en minería) y Juan Valenzuela Palacios (perito en valuación), determinó que la minera debe pagar a los ejidatarios la suma de 13 mil 258 millones 667 mil pesos por la extracción ilegal de oro que la minera hizo en las tierras ejidales de 2005 a 2013.

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En el amparo promovido por Penmont, del que Pie de Página posee una copia, la minera argumenta que la admisión del peritaje violó los principios de acceso a la justicia y sus derechos humanos. Específicamente, el argumento de la minera es que la resolución del Tribunal Agrario carece de fundamentación y motivación adecuadas, y la califican de «dogmática», «inmotivada» e «incongruente», lo cual, según sus argumentos, vulnera los derechos humanos y la garantía de seguridad jurídica.

Aunado a esto, la minera argumenta que los peritos terceros en discordia no son expertos en materia contable y que sus dictámenes no son válidos para la condena monetaria. Afirman que el dictamen de Moya Grijalba sobre remediación es erróneo, y que el de Valenzuela Palacios en valuación carece de lógica y congruencia jurídica. La minera también se queja de la ausencia de un «pericial contable» (peritaje contable) específico para la determinación de la deuda monetaria.

No obstante, de fondo, como acusa en entrevista Sergio García Camacho, abogado de los ejidatarios, la minera y la familia Baillères se pretenden presentar como víctimas del sistema en su amparo. Sin embargo, recalca el abogado:

«Son ellos quienes han llegado al asesinato, al desplazamiento de la comunidad, a la apropiación del territorio, al saqueo y al robo de metal, y que el sistema es el que los ha enriquecido y favorecido históricamente».

El amparo confirma otros daños que la minera causó en el territorio

Aunque un juez otorgó ña suspensión provisional a la minera para no pagar la deuda que tiene con los ejidatarios, hay otros aspectos de la sentencia que continúan firmes en la ejecución de la sentencia, y que la minera no apeló.

Camacho García explica:

«La minera, en su amparo, solo se duele y se dice agraviada de la parte de la resolución que la condena a pagar más de 13 mil millones de pesos mexicanos. Sin embargo, no se duelen de la parte de la sentencia que les ordena regresar físicamente las 236 mil 709 onzas de oro y las 124 mil onzas de plata, ni de pagar los 2 millones 311 mil pesos correspondientes a la superficie que no se puede remediar. Esto significa que, al no impugnar esos puntos, los aceptan tácitamente y estos quedan firmes».

Aunado a esto, critica el abogado de los ejidatarios, la minera padece una «miopía jurídica que contrasta con la inteligencia que la empresa demuestra para realizar arbitrariedades en lo oscuro». Además, añade, la suspensión provisional no detiene la esencia del pago, pues no exime a la minera de la obligación de pagar o explicar cómo lo harán.

La suspensión solo mantiene las cosas en el estado en que están mientras se resuelve el fondo del amparo, pero la sentencia interlocutoria es «categórica y contundente», algo que la empresa ha negado ante sus accionistas en el Reino Unido, donde cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, como lo expusieron los ejidatarios durante la asamblea anual de accionistas que la minera celebró a finales de mayo en el país europeo.

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«La minera ha estado negando la existencia de la sentencia y el peritaje a sus inversionistas en la Bolsa de Valores de Londres, lo cual, es una forma de operar en lo oscurito para evitar que su deuda salga a la luz», concluyó Camacho.

Un mal día para ser multimillonario

Mientras la familia Baillères evita pagar su deuda, otro de los hombres más ricos de México, Ricardo Salinas Pliego, también está en la mira de la justicia. Esto, porque su empresa, Grupo Elektra, fue condenada a pagar aproximadamente 2 mil millones de pesos por deudas fiscales desde 2012.

La sentencia la emitió El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quienes confirmaron que la empresa omitió el pago del Impuesto sobre la Renta en 2012. Este caso lleva cinco años en litigio, durante los cuales Grupo Elektra ha recurrido a diversas estrategias legales para evitar pagar al Servicio de Administración Tributaria.

La decisión, aunque firme, todavía puede ser apelada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual renovará su pleno en septiembre de este año derivado de la elección judicial del 1 de junio.

Si la empresa decide apelar, uno de sus argumentos podría ser «falta de imparcialidad», el cual alegó para echar abajo la resolución del Tribunal Administrativo.