Nueve años sin tierra ni salud
Por Jesús Raúl Cruz Camacho y Jesús Antonio Pascual Álvarez*
Desplazados del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, Chiapas: entre el abandono y la tristeza *
“Al recién desplazamiento, se enfermaron muchas mujeres. Lloraban a diario, extrañaban sus casas, lo que habían dejado [ejido, Puebla]. Pero ahí poco a poco había que olvidarlo, para no enfermar tanto. Yo también, aunque soy hombre, pues lloré, recordaba mis bienes y todo lo que dejé”, narra un representante (se omiten los nombres a petición de los informantes, 21 de mayo de 2025).
En el 2016, 54 familias del ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, fueron obligadas a abandonar sus hogares y tierras tras un conflicto político ocurrido en mayo de 2015, cuando se negaron a votar por el Partido Verde Ecologista en las elecciones locales. Desde entonces, viven en condiciones de desplazamiento forzado en un campamento improvisado a las afueras de San Cristóbal de Las Casas. Este 26 de mayo (2025) se cumplió nueve años de esa expulsión.
Antes del desalojo, contaban con una calidad de vida estable, sin tantas carencias como las que hoy enfrentan. La pérdida de su territorio trajo consigo un cambio drástico en su estilo de vida, acceso limitado a alimentos, pérdida de empleos y alteraciones en sus hábitos alimenticios, lo cual ha impactado directamente en su salud. Actualmente, el número de familias ha aumentado a más de 65, sumando aproximadamente 280 personas de distintas edades. Sus historias son testimonio de una crisis humanitaria que permanece en gran medida invisibilizada.
Bajo un techado de lámina que suena con las primeras gotas de lluvias de mayo, dos representantes del campamento nos reciben con una sonrisa contenida y las miradas que reflejan incertidumbre. Aunque gran parte del país enfrenta una ola de calor extremo, en las montañas de Chiapas el aire es frío y húmedo, un recordatorio de que este lugar, más que refugio, es una espera prolongada. A lo lejos, los nubarrones anuncian otra próxima lluvia, humedad y filtraciones que se colarán en las paredes, el nylon y los techos de tejas. A pesar de ello, pequeños cultivos de maíz sembrados entre los pinos insisten en sobrevivir. “Allá tenemos terrenos, cafetal. Allá sembramos maíz, frijol, trabajamos… Entonces, bueno, es mejor regresar”, dice uno de ellos.
En seguida se suma a la reunión otro integrante más del campamento, de cierto modo hay desconfianza de nosotros, los visitantes. Un grupo de estudiantes del curso de Antropología de la Salud de El Colegio de la Frontera Sur, que buscamos conocer sus formas de vida y el impacto que ha tenido en su bienestar físico y mental estos años de hacinamiento, incertidumbre y amenazas.
Cuando el techo gotea, la fiebre sube
Uno de los informantes, quien viste con abrigo rojo y pantalon negro, habla despacio, el castellano no es su lengua materna sino el tsosil. Aun así, intenta explicar que las enfermedades más comunes en el campamento son la gripa, la diarrea y algunas graves, como el coronavirus, el cáncer y la anemia, las cuales ya han cobrado algunas vidas. “La lluvia también nos pega mucho la gripa porque hace mucho frío… igual en temporada de sequía, por el polvo también hay más enfermedades”, narra.
Esta situación no es ajena a las condiciones de vida de los refugiados del ejido Puebla, según la Organización Mundial de la Salud (2025) los entornos de hacinamiento, pobreza y servicios deficientes de saneamiento guardan estrecha relación con enfermedades de infecciosas como la diarrea, COVID-19 y la tuberculosis. Uno de los representantes recuerda cómo vivieron la experiencia de la pandemia en 2022
“El coronavirus se pegó mucho aquí porque estamos amontonados, como somos gentes indígenas, no respetamos a veces los cubrebocas, queremos andar así juntos en el lugar… de COVID nadie murió, aguantaron. Pero en poco después se enfermaron, murió dos señoras, murió niños, murió unos jóvenes porque
no hay atención”.
En un extremo del campamento hay una construcción que llaman la “casita de salud”, que es atendido por un enfermero, sin embargo, aunque a las personas se le da una atención primaria, el lugar no cuenta con medicamentos ni los equipos necesarios para el tratamiento de las enfermedades. Al respecto, señaló enfático uno de sus representantes:
“Quisiéramos que haya mejor atención, pero no hay, aunque solicitemos que traigan medicamentos, le decimos a los enfermeros que lo solicitan ellos también. Y a veces nosotros decimos en la reunión del gobierno, pero nomas lo escuchan y ya. No hay atención”.
A raíz de lo que comentaron los representantes acerca de los principales padecimientos que enfrentan, nos resulta claro de entender que sus condiciones de vida se relacionan directamente con sus problemas de salud. Sobrevivir en un campamento que fue diseñado para criar animales (gallinas y conejos) y que ahora sirve de refugio para más de 60 familias que viven amontonados, sin alimentos frescos, sin tierra que cultuvar, sin medicamentos ni atención médica oportuna, entonces ahí está la causa de muchas de sus enfermedades y muertes.
Salud en pausa: una semana para conseguir medicamentos
La salud en contextos de desplazamiento forzado no es sólo una ausencia de enfermedad, es el derecho vulnerado a recibir una atención digna, oportuna y pertinente. En el caso de este campamento, la desarticulación entre las instituciones de salud y la comunidad deja a las personas en un limbo médico.
Además, muchas veces se desconocen o minimizan las prácticas de salud comunitaria, como el uso de medicina tradicional. Entonces aquí las enfermedades no sólo se sufren en el cuerpo, se prolonga en la espera de medicinas y se padecen en silencio, con tés de limón, con fe y con la certeza de que el sistema de salud llegará tarde.
“A veces viene un médico, pero, aunque llegue, lo que hace falta es medicamento. Él aquí́ receta y hay que irlo a comprar a la farmacia, si no nos dice ‘¿saben qué? aguanten, voy a conseguir’. Pero tarda una semana u ocho días para que lo traiga, y pues la enfermedad no aguanta”, menciona el representante.
Ante la ausencia de tratamientos médicos, las personas hacen lo que saben, lo que han hecho por generaciones en su comunidad de origen, poner en prácticas sus saberes, porque las enfermedades no esperan, se alivian con hojas, raíces o infusiones. “Cuando tenemos mucha fiebre consumimos limón y ayuda para dolor de cabeza y bajar la calentura… otro por ejemplo es la ‘chilchagua’ unas hojitas grandecitas, se le hierve y se toman para la diarrea”.
De hecho, la OMS destaca que integrar la medicina tradicional en los sistemas de atención primaria podría ayudar a que más personas tengan acceso a la salud y sigan los tratamientos.
Cuando las personas se ven forzadas a salir de su territorio, como el caso de estas familias del ejido Puebla, también llevan consigo sus conocimientos de aquello que sirve para aliviar algunos problemas de salud, echan mano de sus propios recursos y hacen gestiones para resolverlos de la mejor manera posible. Así, por ejemplo, conocen los beneficios de algunas plantas medicinales y existen dos parteras en el campamento que se han encargado del cuidado de las mujeres embarazadas. Combinan el uso de medicamentos y de la herbolaria, van al hospital, pero también las mujeres reciben atención de las parteras tradicionales.
Alimentación: entre la carencia y la adaptación
La Organización Mundial de la Salud señala que estar sano no significa sólo no estar enfermo, sino sentirse bien física, mental y socialmente. Para lograrlo, la alimentacion es un punto clave. Esto implica además de comer lo suficiente, que los alimentos sean seguros, nutritivos y preparados en condiciones higiénicas. Desde el momento que se cultivan hasta que llegan a la mesa, los alimentos pasan por varios procesos que deben cuidarse para no poner en riesgo la salud de las personas.
La alimentación es sólo una necesidad biológica, pero también una práctica profundamente social y cultural que atraviesa la vida cotidiana de todas las personas. En realidad, alimentarse implica mucho más que ingerir nutrientes: también se relaciona con cómo vivimos, con qué recursos contamos, con quién compartimos los alimentos y en qué condiciones lo hacemos. En contextos de desigualdad y desplazamiento forzado, como los que viven mucha familias en Chiapas, hablar de alimentación es también hablar de derechos, salud integral y dignidad. Por eso, al pensar en la salud no basta con refererirse a la ausencia de enfermedades, sino a la posibilidad de llevar una “buena vida”, en la que el cuerpo, la mente y las relaciones sociales puedan desarollarse en equilibrio. Esto incluye tener acceso a alimentos nutritivos y seguros (dimensión biológica), pero también a una alimentación que respete la cultura, los afectos, la identidad y los vínculos comunitarios (dimensión emocional y social), así como servicios básicos, infraestructura, ingresos y condiciones materiales que lo hagan posible (dimensión estructural).
Los desplazados han experimentado un cambio significativo en su alimentación. En el ejido Puebla, cultivaban maíz, frijol y café, la tierra daba para vivir. Mientras que en el campamento dependen de pequeños huertos de traspatio y de apoyos esporádicos que Protección Civil brinda. Sobre esto señalaron: “Nos da un poco de frijol, maíz. A veces alcanza, a veces no. Si no, hay que salir a buscar trabajo de albañil, peón, o lo que salga”.
También el cambio en la dieta ha tenido efectos en la salud de las familias desplazadas; la falta de variedad, calidad y frescura en los alimentos compromete su nutrición, especialmente en niños, ancianos y mujeres embarazadas. El representante afirmó: “cuando recién llegamos aquí, sí se enferma uno por el cambio de alimento. A veces nos mandan sardina, pero no queda de otra más que consumirlo así, con sus sabores, aunque no estemos acostumbrados”.
De acuerdo a un informe de la CONEVAL (2025), sobre Pobreza y Población Indígena en México, la situación nutricional de las personas de las zonas rurales es grave, y no ha variado sustancialmente en las últimas décadas. Incluso, las formas moderada y severa de desnutrición crónica han mostrado un incremento. En ese sentido, la malnutrición no es sólo un cruel castigo para las víctimas sino también un freno para su desarrollo integral.
Asimismo, especialistas apuntan que una nutrición baja le siguen problemas de escolaridad y, en consecuencia, problemas para tener oportunidades de trabajo bien remuneradas, así́ como abuso y explotación en las largas jornadas laborales, explotación infantil y altos índices de discriminación.
Abandono institucional, un caso sin diagnóstico
Durante nueve años, a pesar de la gran cantidad de solicitudes, las autoridades apenas han respondido. Aunque en enero y principios de mayo de este año se realizaron reuniones, sólo se escucharon promesas, pero hasta ahora no se han gestionado sus peticiones. “Ni un funcionario del nuevo gobierno se ha acercado. Los anteriores, por lo menos, venían a ver cómo estábamos, pero los de ahorita no… hemos solicitado nos apoyen con hojas de lámina porque en las casas entra agua”, afirman los informantes.
El gobierno ha fallado en prevenir el desplazamiento debido a su falta de voluntad para resolver el conflicto, desarmar y castigar a grupos agresores; así también, garantizar derechos básicos durante el exilio forzado. Las condiciones en el campamento son precarias, sin drenaje, con filtraciones de agua en los tejados y sin la posibilidad de producir alimentos, afectan profundamente a la salud física y emocional de las familias desplazadas. Los informantes confiesan que al principio tanto mujeres como hombres lloraban y sufrieron de depresión por el hecho de dejar sus casas, pertenencias, recuerdos y tradiciones. “Dijimos olviden mejor, porque llorar día a día pues uno se enferma. Mejor aguantarlo, no queda de otra”, confiesan.
Por otra parte, los maestros llegan a dar clases a niños de primaria y secundaria, los jóvenes no pueden darse el privilegio de estudiar una carrera universitaria porque demanda un gran gasto económico. En su lugar, deciden casarse y con ello se suman otras familias, hasta ahora aproximadamente 65, que necesitan comida, trabajo y sustento. “Hay jóvenes que ya formaron familias durante el desplazamiento, entonces por una sola vivienda no podemos vivir 10 o 12 personas… le presentamos eso a la Secretaría, pero dijo –bueno, ya lo vamos a ver”. Señalaron con cierta resignación.
Sus historias interpelan, obliga a mirar lo que normalmente se ignora. Los derechos humanos, salud, alimentación y vivienda siguen siendo un privilegio en muchas partes de México, y que el silencio institucional frente al sufrimiento no es neutral: es complicidad.
Volver a casa, el remedio para sanar
El retorno en contextos de desplazamiento forzado implica mucho más que mover personas de un lugar a otro. Requiere garantizar condiciones adecuadas, dignas que permitan el acceso a los servicios básicos como agua potable, drenaje, vivienda adecuada, atención médica, seguridad, vías de acceso y condiciones ambientales que no pongan en riesgo la vida. No son favores, son derechos en términos de salud pública.
Sin embargo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (2023) advierte que, en México, y especialmente en estados como Chiapas, Guerrero y Michoacán; los desplazamientos internos por conflictos políticos, religiosos o territoriales suelen permanecer invisibilizados o con seguimiento institucional inoperante. No hay programas integrales de retorno con enfoque en salud. A lo mucho, hay promesas gubernamentales, pero las promesas no curan ni alimentan. “Vamos a regresar porque ahí está nuestra casa, nuestras solares, cafetales y terrenos. Entonces, es ahí”, afirman representantes de la comunidad.
Los informantes aseguran que la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) ha construido algunas viviendas, pero no son todas las que requieren, aún faltan otras porque no están tomando en cuenta las nuevas familias conformadas. Además, aseguran que las casas construidas le faltan luz, agua y drenaje. “Hemos peticionado también, como allá todos los cafetales se convirtieron en montaña y no hay nada a hora, hacer un convenio para que nos den algo de alimento o algo para sembrar… Son los puntos que queremos abordar allá con el gobierno, pero no nos invitan”.
Nueve años después del desalojo forzado del ejido Puebla, en Chenalhó, las familias desplazadas siguen esperando una solución que no se limite a “reubicarlos”, sino que garantice vivir con dignidad. Porque el retorno no es sólo volver a la tierra de origen, para quienes han sido desplazados; regresar sin condiciones mínimas es retornar a la precariedad, a la enfermedad y al riesgo. “Nosotros podemos regresar, pero sí se necesita que haya garantías de vida, porque el grupo armado ahí está… Mucho antes se pidió desarme, se pidió castigos a los culpables, pero no, el gobierno no toma en cuenta”, enfatizaron.
Los derechos humanos en general, así como el derecho a la salud están legislados en la Constitución Mexicana y en tratados internacionales, sin embargo, en los campamentos de refugio, esos derechos casi no cuentan. Lo que las familias exigen no es un privilegio, es poder vivir y regresar sanamente a su propia tierra, como un acto de justicia social.
A manera de cierre
Este trabajo buscó visibilizar, desde una perspectiva real cómo el desplazamiento forzado no sólo despoja a las personas de su territorio, sino que transforma profundamente su alimentación, su acceso a servicios médicos y su bienestar físico y emocional. Al escuchar las voces de quienes resisten en medio del abandono institucional, pretendemos aportar a la comprensión de la salud como un fenómeno inseparable de las condiciones sociales, culturales y políticas que forman parte de la vida cotidiana.
Agradecemos a los representantes de las familias desplazadas por abrirnos este espacio a su historia y narrarnos la dura situación de vida e injusticia en la que se encuentran. Hacemos eco de su exigencia legítima: que las autoridades gubernamentales cumplan los acuerdos asumidos y garanticen, sin más demoras, su retorno con seguridad, respeto y dignidad.
* Este trabajo es resultado del Curso Antropología de la Salud organizado por la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural del Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
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