Mesa de seguridad en Guadalupe y Calvo, tras meses de balaceras y miles de desplazados

Mesa de seguridad en Guadalupe y Calvo, tras meses de balaceras y miles de desplazados
Foto: Raíchali

*Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

Los principales acuerdos de la Mesa de Construcción de Paz son la instalación de otra base de la Guardia Nacional, así como mayor presencia de esta corporación, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 30 elementos más de la Fiscalía General del Estado para apoyar a la dirección de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe y Calvo.

Patricia Mayorga / Raíchali

Chihuahua – “Cuando entraron las balas a la casa, casi nos daban. Fue cuando nos fuimos. Había niños pequeños adentro”, externó la madre de una familia que decidió salir de Guadalupe y Calvo, después de resistir alrededor de un mes de balaceras por un presunto enfrentamiento entre dos grupos delictivos.

Con ese panorama, un joven asesinado entre la cabecera y la comunidad El Ocote, así como decenas más de familias desplazadas de la cabecera municipal, el martes 22 de julio se instaló la Mesa Estatal de Construcción de Paz o mesa de seguridad, en Guadalupe y Calvo, con la presencia de funcionarios de seguridad de los tres niveles de gobierno, presididos por la gobernadora, María Eugenia Campos Galván.

Desde allá prometieron, una vez más, coordinarse y reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad, para restablecer la paz no sólo en la Sierra Tarahumara, sino en toda la entidad.

En entrevista, habitantes que resisten desde la cabecera municipal, se mantienen dudosos por las promesas que han escuchado por lo menos las últimas cuatro administraciones estatales y cuatro administraciones federales.

“Cuando iban a tumbar la amapola los militares caminaban horas, mandaban helicópteros para ver los campos y ubicar los sembradíos. Ahora parece que no quieren caminar o de perdido dar sus rondines por las orillas del pueblo, meterse un poco al monte donde se esconden los hombres armados, por ejemplo subiendo para (la comunidad) El Zorrillo, donde los malos tienen campamento. Los policías estatales no salen del centro, no van a las colonias, donde hay casa baleadas”, externó una de las habitantes a quien llamaremos Andrea, para salvaguardar su integridad física.

Y es que aseguran los pobladores, que los elementos del Ejército ni de las fuerzas estatales, hacen rondines por las colonias. “No salen del centro, se toman la foto y ya. Los malos están a la vista de todos, no les hacen nada. Algunos hasta andan vestidos de civiles, todos saben. Por eso da más miedo, porque no les hacen nada”.

Antes del arribo de la gobernadora localizaron el cuerpo de un joven entre 20 y 25 años, con heridas de arma de fuego en el pecho, la espalda y los brazos. La víctima vestía botas de trabajo vaqueras, pantalón de mezclilla azul y playera negra. Hasta ayer, la Fiscalía Zona Sur, no lo había identificado.

Durante más de un mes, en el poblado más importante de Guadalupe y Calvo cerraron por unos días la presidencia municipal; hay tiendas de abarrotes que se les ha dificultado abastecer su negocio porque hay vehículos y hasta camiones de pasajeros que prefieren no llegar hasta el pueblo.

Un grupo ódami-rarámuri que decidió quedarse en sus hogares, porque es difícil irse y comenzar en otro lugar, lanzaron una campaña para solicitar apoyo de alimentos, por la precarización que enfrentan.

Y es que para las personas indígenas ha sido más difícil la situación porque trabajan en el campo alguno y no pueden ir seguros, por la presencia de los hombres armados. Ellos dependen para cocinar, de ir a cortar leña porque ésta la venden muy cara en el pueblo.

Otras personas indígenas más laboran en minas de la región y no han podido regresar porque las empresas no quieren llevarles a sus casas. En el caso de las madres que trabajan ahí, deben encargar a sus hijos e hijas con sus abuelas. “Hay muchas abuelas cuidando a sus nietos en medio de las balas”.

Además, donde habitan en las zonas periféricas de la cabecera, es más difícil abastecer las tiendas y no hay rondines de policías ni del Ejército, de acuerdo con testimonios recabados por Raíchali.

El miércoles de la semana pasada, pobladores de Guadalupe y Calvo alertaron que hay hombres armados que están entre las viviendas, pero parece que ni los militares ni los policías los ven. “Tiraban (balazos) y no más tronaban las balas en los tejabanes. Hay varios tinacos agujerados, hay gente que les han quebrado los vidrios de sus carros, ha estado muy feo. Y los hombres se andan en las calles, otros por el centro ceremonial, cerca de toda la gente, algunos vestidos de civiles”, contó un habitante del pueblo.

Hay retenes en las calles del centro, pero casi no van hacia la periferia “casi ni se quieren bajar de los los carros”, aseguran.

La semana pasada, los hombres armados comenzaron a entrar a casas para instalarse ahí, por lo que los habitantes se han ido a otras viviendas con conocidos.

El jueves pasado, balearon otra casa y subieron la fotografía a redes. Presuntamente, en esa vivienda vendían cerveza y drogas por parte del grupo local que se ha ido poco a poco, aseveran. “Los nuevos (grupo entrante) están a la vista de todos. Casi ni podemos dormir. No se puede vivir así, con miedo a que los hijos que salgan los levanten, que se los lleven a eso, o que haya un agarre de repente cuando ande gente en la calle”.

“Las señoras que van a buscar leña al monte, así se ayudaban para no estar comprando porque también les sale caro, y aquí pues la mayoría usamos estufa de leña, imagínese. Unas madres jóvenes están trabajando en la mina y ya tienen tiempo sin poder venir porque los muebles (vehículos) no las quieren bajar hasta el pueblo (…) otra señora se tiene que ir con su familia porque también llegaron (los delincuentes), los sacaron para quedarse en su casa”, precisan testimonios recabados por Raíchali.

El sábado por la noche, de nuevo vivieron otro episodio de terror en la cabecera de Guadalupe y Calvo, solicitaron otra vez a las autoridades policíacas y militares que controlaran la situación porque la balacera era imparable.

A las personas desplazadas de la cabecera, se suman miles que han salido de sus territorios de diferentes rancherías y comunidades del mismo municipio de Guadalupe y Calvo desde 2018 y de manera masiva, desde 2021.

Instalarán otra base de la Guardia Nacional y habrá más elementos estatales

Los principales acuerdos de la Mesa de Construcción de Paz son la instalación de otra base de la Guardia Nacional, así como mayor presencia de esta corporación, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 30 elementos más de la Fiscalía General del Estado para apoyar a la dirección de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe y Calvo.

En la mesa de seguridad de “Construcción de Paz”, participaron además de la gobernadora; la alcaldesa de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González; el comandante de la 5a Zona Militar, Alberto Miguel Rodríguez; el comandante de la 42ª Zona Militar, Jorge Alejandro Gutiérrez; el comandante de la Xl Región Militar, Eufemio Ibarra Flores; Ramón Badillo, delegado de la Fiscalía General de la República; Fernando Ávila, secretario técnico y representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Agustín Velasco, comandante del 76 Batallón de Infantería; William Chavarría, en representación de la coordinación estatal de la Guardia Nacional.

Además estuvieron presentes, Mayra Chávez Jiménez, delegada para programas el Bienestar en Chihuahua; Sahara Cárdenas, subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría general de Gobierno; Juan Carlos Portillo, fiscal de la Zona Sur y Jorge Antúnez, director de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe y Calvo.

Entre todos aseguraron que ahora sí, realizarán un trabajo en conjunto “para restablecer la paz en la región”, de acuerdo con el gobierno estatal que emitió un comunicado de prensa, en el que aseveran:

“La gobernadora Maru Campos afirmó que su administración trabaja de manera coordinada con los tres niveles de Gobierno, para establecer acuerdos concretos que permitan regresar la tranquilidad a las familias de Guadalupe y Calvo, así como al resto del estado”.

Un acuerdo que hicieron también, es que el gobierno estatal (de extracción panista) apoyará al municipio de Guadalupe y Calvo (de extracción morenista), con el incremento de seguridad, entrenamiento, equipamiento y vehículos.

La Secretaría Estatal de Seguridad Pública también instalará un nuevo centro de mando para reforzar su presencia, apoyarán a las comunidades de San Jerónimo y San Simón y reforzarán la presencia de cuerpos de seguridad estatal y federal en el municipio de Moris.

El comunicado da a conocer que Campos Galván dijo:

“Cuentan conmigo. Entiendo lo delicado que son estas situaciones y apoyo a la presidenta municipal, por lo que pido que haya comunicación y que no se politice el tema de seguridad. Antes que nada está el bienestar de la ciudadanía”. Aseguró que dejará un buen legado en Guadalupe y Calvo.

El municipio de Guadalupe y Calvo registra el mayor número de personas desplazadas, en su mayoría ódami y rarámuri. El desplazamiento forzado masivo incrementó a partir de 2021 en dicho municipio. De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE), hasta diciembre de 2024, tienen un padrón de 894 víctimas de desplazamiento forzado.

De las personas desplazadas hasta diciembre del año pasado según el padrón oficial (que representa un subregistro importante), 484 son mujeres, 412 hombres, de los cuales 374 menores de edad.

Sin embargo, la misma CEAVE, en 2023 dio a conocer un padrón con el mismo número de víctimas de desplazamiento forzado, 896, a pesar de que reconoce por lo menos, una centena de desplazados más de comunidades ódami como: El Pinabete con 7; Portezuelo, 13 ódami; El Capitán, una: Amador, 3; Pie de la Cuesta, 8; EL Silverio, 32; Puerto Mala Noche, 5 mujeres; Las Casas de Cinco Llagas, 15 ódami, entre otras.

Además se suman otras personas desplazadas durante 2025. Salió toda la comunidad de El Pinito a finales de diciembre y enero; salieron alrededor de 90 familias de Dolores, no todas han regresado.

La Ceave no registran desplazados de Los Alisos, Alicitos y Rincón de Alisos, algunos están en Baborigame. También siguen saliendo personas de de Milpillas y Llano Grande. Este mes se ha sumado gente de la cabecera municipal de Guadalupe y Calvo.

De los desplazados en 2023 indicaron que de todo el padrón de desplazados son 566 mestizos, 254 ódami y 74 rarámuri en el estado. En el 2025, del total del padrón de desplazados viene la suma de más de 300 desplazados por grupo indígena: 91 rarámuri, 207 ódami, de acuerdo con información otorgada a través de la Plataforma de Transparencia. Sin embargo, tan sólo de El Manzano de Uruachi y Coloradas de la Vírgen, que son rarámuri, superan por mucho, la cifra oficial.

FGE asegura 2 fusiles, 10 cargadores para cartuchos, 2 chalecos tácticos…

El sábado pasado, las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) aseguraron 2 armas de fuego, 10 cargadores, cartuchos y equipo táctico en un lugar conocido como Cerro Alto, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado.

“Las corporaciones realizaban inspecciones y recorridos de seguridad sobre un camino vecinal, cuando localizaron dos fusiles calibre 7.62×39, de los cuales uno se encontraba abastecido con 24 cartuchos. Asimismo, 10 cargadores para cartuchos calibre 7.62×39, 318 cartuchos, así como dos chalecos tácticos tipo malla, de color negro, de la marca Cóndor”, indica el boletín.

Los elementos policíacos pusieron lo decomisado a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes y aseveran que mantienen el despliegue operativo con el fin de restaurar el orden y la paz, así como brindar seguridad a los habitantes.

¿Qué es la mesa de seguridad o de Construcción de paz?

La Mesa de Seguridad, ahora conocida como Mesa estatal de construcción de paz,  fue creada aproximadamente en 2014, ante la alta incidencia de violencia, con el fin de articular esfuerzos y generar acuerdos entre los tres niveles de gobierno en materia de seguridad.

Entre sus funciones, de acuerdo con lo acordado al fundarla, es revisar la incidencia delictiva, identificar patrones y tendencias, para evaluar el impacto de las estrategias implementadas; desarrolla planes de acción y operativos en coordinación interinstitucional, tanto preventivos como reactivos; dar seguimiento a los acuerdos y medidas adoptadas para medir su impacto y ajustar las estrategias cuando sea necesario.

Otro objetivo era fomentar la participación ciudadana, sin embargo, en la mayoría de las reuniones hay representantes de la ciudadanía. La realizada en Guadalupe y Calvo fue a puerta cerrada.

En resumen, la Mesa de Seguridad en Chihuahua es un espacio clave para la construcción de paz, donde autoridades, ciudadanos y organizaciones trabajan juntos para diseñar e implementar estrategias que mejoren la seguridad y el bienestar de la sociedad chihuahuense.

Lanzan campaña para pedir apoyo de la ciudadanía

Un grupo de personas ódami y rarámuri de la cabecera municipal, lanzaron una campaña para solicitar apoyo y abastecerse de víveres ante la situación de violencia que se ha acrecentado en el lapso de un mes.

Ellos mismos solicitaron a la Secretaría de Pueblos Indígenas que les preste una bodega para recabar el apoyo y les ayude también con el traslado de los alimentos.

¿Qué pueden aportar?

Alimentos no perecederos:

– Latas de atún, latas de verduras, etc., sopas, arroz, frijol, maseca, aceite, portolas, chile seco, café, azúcar, galletas, avena, puré de tomate, maizoro.

Artículos de limpieza: jabón de baño, detergente, papel higiénico, cloro

¿A dónde se lleva el apoyo?

Calle Francisco Sarabia #1106, en la colonia Villa Juárez, en la ciudad de Chihuahua, en un horario de 8:00 a 16:00 horas