Pueblos de Oaxaca acusan que autoridades avalan despojo y desastre ecológico de Minera Cuzcatlán: “Exigimos que se vayan de nuestro territorio”

Pueblos de Oaxaca acusan que autoridades avalan despojo y desastre ecológico de Minera Cuzcatlán: “Exigimos que se vayan de nuestro territorio”
Foto: Istmo Press

*Este trabajo fue publicado originalmente en Istmo Press que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

Diana Manzo

Oaxaca, Oax.- Con aval de autoridades federales y de Oaxaca la Minera Cuzcatlán sigue operando en este territorio sureño dejando un desastre ecológico y social en diversas comunidades indígenas, quienes con una marcha exigen que se vayan de su territorio.

Conformadas en el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos” dijeron que desde hace más de 15 años han reiterado su rechazo a los proyectos mineros establecidos en Oaxaca, pues no hubo consulta previa, libre e informada conforme a los convenios internacionales.

Dijeron que además de foros de consulta y denuncias que han hecho en diversas comunidades, también han tejido redes de solidaridad con comunidades hermanas que enfrentan megaproyectos en Oaxaca: Magdalena Teitipac, San Pedro Quiatoni, Capulálpam de Méndez, Santa María Chimalapas, así como pueblos del Istmo, la Sierra Sur y la Mixteca.

Sin embargo, dijeron que a pesar de la defensa legítima y pacífica, los gobiernos federal y estatal han respondido con omisión, silencio y complicidad favoreciendo a las empresas mineras, ignorando las múltiples denuncias que hemos hecho sobre los daños provocados por el proyecto “San José”, operado por la empresa JRC Ingeniería y Construcción S.A.C., y autorizando nuevas concesiones sin nuestro consentimiento.

Además recalcaron que que las autoridades han protegido los intereses de la minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, pese a que hemos presentado pruebas claras sobre los impactos negativos del proyecto: contaminación del agua, destrucción del territorio, fractura del tejido comunitario y violencia social.

“Se sabe que 80 % de la producción mundial de plata y oro cruda se refina en Suiza y allí se hacen las barras o lingotes de plata y oro. No es la ganancia, es el valor de plata y oro que sacaron de Oaxaca y vendieron en el extranjero”, indicaron.

También resaltaron que la
suma de ganancias de las dos empresas mineras ya mencionadas, en los
15 años de explotación en Oaxaca, del 2010 a la fecha se han vendido metales por un valor total de 3,400 millones de dólares, (64,7 mil millones de pesos mexicanos).

Ante esta situación de violaciones sistemáticas, las y los afectados exigieron al Juzgado Primero de Distrito del Estado de Oaxaca que resuelva conforme a derecho los amparos promovidos por las comunidades en diciembre de 2023.

“Exigimos se reconozcan nuestros derechos reconocidos por la Constitución: Libre Determinación, Derecho al Territorio y al Medio Ambiente Sano”, reiteraron .

También reiteraron, que la empresa JRC Ingeniería y Construcción S.A.C., no cuenta ni contará con el consentimiento de las comunidades, por lo que exigen el cierre inmediato del proyecto “San José” y la implementación de un plan integral de mitigación y reparación del daño causado.

Finalmente demandaron al gobierno federal la cancelación de todas las concesiones mineras otorgadas en los Valles Centrales, respeto irrestricto a nuestra autonomía y territorio, y el diseño de un plan de cierre definitivo del proyecto “San José”.

“A las comunidades hermanas que hoy luchan por la defensa del agua, el territorio, la salud y la vida en todo el estado de Oaxaca: no están solas. Nos hermanamos con ustedes. Nuestra fuerza es colectiva. Oaxaca no es territorio para el extractivismo ni para el capital transnacional: es territorio de los pueblos, es territorio para la vida”, concluyeron.

**La minería en tierra oaxaqueña”

De acuerdo con el Panorama Minero en Oaxaca publicado este miércoles por EDUCA A.C., existen al menos 261 licencias mineras vigentes en Oaxaca, de las cuales alrededor del 30% están en manos de empresas extranjeras. Entre ellas hay empresas de Estados Unidos, Perú, Canadá, Suiza y Luxemburgo. En Oaxaca se registran actualmente 42 proyectos mineros de los cuales la mayoría se encuentran en fase de exploración y desarrollo, la mayoría de empresas extranjeras,así lo informa el gobierno mexicano.

Pero además, las minas Arista y Alta Gracia, se ubican en el municipio de San Pedro Totolapam, propiedad de Don David Gold Mine, filial de la estadounidense Gold Resource Corp (Gold Resource Corp, 2025) y la mina San José, en San José del Progreso, por Minera Cuzcatlán, propiedad de la peruana JRC Ingeniería y Construcción desde principios de 2025 y anteriormente de la canadiense Fortuna Mining Corp. (Fortuna Mining Corp., 2025b).

Los tres proyectos mineros activos están ubicados en los Valles Centrales de Oaxaca y extraen principalmente oro y plata. Desde 2010, las dos empresas han vendido metales por un valor total de 3,400 millones de dólares, (64,7 mil millones de pesos mexicanos).

Educa relata que en promedio, la explotación de minerales les dió ingresos anuales de 226 millones de dólares (equivalente a 4,3 mil millones de pesos mexicanos) o 4.35 millones de dólares (equivalente a 83 millones de pesos mexicanos) a la semana (Gold Resource Corp., 2025b, Fortuna Mining Corp., 2025c).

Pese a toda esta fortuna, las comunidades de Oaxaca son las que padecen en con las consecuencias negativas sin recibir nada de los beneficios.

Por ejemplo, em Oaxaca, las empresas mineras se encuentran con comunidades indígenas y rurales que viven de la agricultura, afectadas por la pobreza.

“La empresa canadiense Fortuna Mining Corp. se asentó en comunidades muy pobres durante la construcción de la mina San José, con casi un 84% viviendo en la pobreza y un 43,5% en la pobreza extrema en 2010” informó EDUCA.

Por último, dicho informe resalta, que en San José del Progreso, la empresa minera aprovechó que el gobierno municipal y agrario era disfuncional y así se expandió en el territorio ejidal de San José del Progreso generando un proceso de división comunitaria y rompimiento del tejido social y generando criminalización contra las y los defensores comunitarios.