Comunidad LGBTIQ+ en Puebla: sin protección y justicia

Comunidad LGBTIQ+ en Puebla: sin protección y justicia
Foto: Lado B

*Este trabajo fue publicado originalmente en Lado B que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

Carlos fue discriminado por años en su trabajo, sin que la fiscalía procediera por el delito ni la Ley contra la discriminación se aplicara por la falta de instalación del Comité evaluador de quejas, así las agresiones se acumulan con los años y las sentencias no llegan

La tarde del 12 de marzo de 2012 el sol no salió a plenitud, parecía entender el luto de las cientos de personas que se congregaron en el zócalo de la ciudad de Puebla, para exigir justicia por el asesinato de la activista Agnes Torres. Con velas en las manos y lágrimas en el rostro, activistas de la comunidad diversa pidieron la tipificación de los crímenes de odio y la creación de una ley contra la discriminación.

Las exigencias fueron cumplidas… pero sólo en el papel, porque a más de 12 años de que entraran en vigor, no hay carpetas de investigación abiertas por lesiones o asesinatos de odio, según datos de la Fiscalía poblana y el Comité que atendería los actos de discriminación nunca fue instalado.

Mientras la violencia se acumula, como el intento de transfeminicidio ocurrido el pasado 25 de julio en Tezuitlán, organizaciones y ciudadanía buscan derogar la Ley contra la discriminación que nunca operó, crear una nueva normativa más amplia y la creación de un Observatorio de crímenes de odio contra la población LGBTIQ+.

Sin protección

El 17 de noviembre de 2013 fue aprobada la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, donde se establecía en el artículo 18 la creación de un comité en el Poder Ejecutivo conformado por diferentes dependencias y tres personas de la sociedad civil. Este Comité daría trámite a reclamaciones y quejas de la ciudadanía contra “personas físicas o jurídicas, servidores públicos, dependencias o entidades”.

A pesar de que en los artículos transitorios se indica que la Comisión de Derechos Humanos debió publicar la convocatoria para la representación ciudadana 30 días hábiles después de su publicación, esto no ocurrió. Tampoco se cumplió este proceso en años posteriores (2017, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), cuando hubo reformas a la ley.

Mientras las autoridades estatales eran omisas en cumplir a la ley, Carlos Escobar fue objeto de discriminación y violencia en su espacio laboral por cinco años.

Él entró a la empresa Estrella Roja (transporte de pasajeros) en 2017. Ese año acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por una enfermedad estomacal y en el justificante médico personal del instituto reveló, sin justificación alguna, que vivía con VIH. A partir de ese momento comenzó la discriminación: le impedían tomar agua en los vasos de la empresa o comer en el mismo espacio que otras personas, además sus colegas se burlaban de su orientación sexual. En ese momento denunció penalmente, pero no pudo hacerlo por la vía administrativa por la falta del comité que conocería de estas quejas.

Después ocurrieron el primer intento de despido injustificado, un cambio de área laboral (al taller mecánico) sin nivelación de salario y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, cuando Carlos olvidó cerrar su sesión de mensajería instantánea y un compañero tomó capturas de pantalla de sus conversaciones, para luego compartirlas con otras personas de la compañía.

Foto: Marlene Martínez / Archivo Lado B

Denunció por segunda vez, en esta ocasión por el delito contra la intimidad sexual, pero ante la falta de sanción y medidas cautelares, las agresiones fueron en aumento: hubo tocamientos, insultos, acoso laboral y llegó hasta la violencia física y sexual en noviembre de 2021.

—Fue la situación más horrible de toda mi vida. Me acuerdo que me bajé del camión, me bajé llorando. No sabía qué hacer. Lo primero que hice fue encerrarme en la oficina y me quedé ahí hasta que acabó el turno y me pude ir.

Las fiestas decembrinas las pasó hospitalizado por las secuelas de la agresión, agravadas por el estrés generado por el ambiente laboral. La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos Contra la Comunidad LGBTTTIQ atrajo sus carpetas, lejos de ayudar a Carlos allí lo revictimizaron.

—Me acuerdo que la primera reunión que hubo para revisar mi carpeta fue una entrevista muy agresiva, porque empieza a leer mi carpeta el agente (Sergio Ortiz) y me dice: Ah, tienes sida […] Es que tienes que poner a pensar que tus compañeros y tu empresa estaban pensando en su bienestar.

La ley para prevenir la discriminación en Puebla señala explícitamente que se consideran actos discriminatorios “difundir sin consentimiento de la persona agraviada, información sobre su condición de salud” y “estigmatizar y negar derechos a personas con VIH/SIDA”. A pesar de ello las carpetas de investigación no avanzaron y en 2022 Carlos fue despedido de forma definitiva.

Justicia esporádica

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos Contra la Comunidad LGBTTTIQ, de la Fiscalía General del estado de Puebla, fue creada en noviembre de 2020, más de ocho años después del transfeminicidio de Agnes Torres, y cuenta con seis servidores públicos adscritos, de acuerdo con información entregada vía transparencia.

De 2013 y hasta el momento ni la Fiscalía ni la unidad han iniciado carpetas de investigación los delitos de homicidio y lesiones calificadas por razón de odio que, como el Código Penal indica, se comenten cuando el delito está motivado por razón del origen étnico o nacional, raza, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias sexuales, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología política, opiniones expresadas, trabajo, profesión o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, la libertad o la igualdad.

Esto contradice datos entregados por la propia dependencia en 2023, año en el cual reconoció 14 carpetas de investigación por homicidio calificado por razón de odio.

Los datos oficiales respecto a los crímenes de odio tampoco coinciden con los recabados por la organización Vida Plena, quien ha contabilizado desde 1996 y hasta la fecha 81 asesinatos por odio contra personas de la diversidad sexual. De acuerdo con este registro, los grupos más vulnerables en Puebla son los hombres homosexuales, con 43 asesinatos, y las mujeres transgénero y travestis, con 35.

Los años 2012, cuando fue asesinada Agnes, y 2013 fueron los más mortíferos para la población LGBTTTIQ, según Vida Plena. Los municipios donde más ocurrieron ataques son Puebla, Tehuacán y Atlixco.

La Fiscalía poblana, en respuesta a una solicitud de información, reconoció el asesinato de 51 personas de la diversidad sexual de 2017 a 2024, aunque no aclaró si los hechos estuvieron motivados por el odio. De los homicidios, 36 de las víctimas fueron identificadas como hombres, seis como mujeres y nueve como personas diversas, sin mayores detalles.

Onán Vásquez, de Vida Plena, explicó que con respecto a las lesiones contra personas diversas, también consideradas en el Código Penal como crímenes de odio, han contabilizado 15 de 2024 a 2025, aunque el registro documental está siendo actualizado.

Por ejemplo, la madrugada del 25 de julio ocurrió la tentativa de homicidio de una mujer trans en Teziutlán. De acuerdo con Nmas, Geraldine habría sido golpeada y lanzada hacia un barranco por la persona con la que acudió a una cita, al revelarle su identidad de género.

Un mes antes, el 17 de junio, Fabián Barrales fue agredido con arma blanca en la cabeza y en el cuello por un sujeto desconocido dentro de una taquería, por su orientación sexual.

—Pido justicia y por favor, apoyo. No entiendo, qué me vio de mal, esto es un crimen de odio, yo soy parte de la comunidad LGBTTTIQ+. No entiendo de qué manera sucedió esto, por favor, pido ayuda –denunció Fabián minutos después del ataque.

Aunque las autoridades han condenado los actos violentos contra Geraldine y Fabián, hasta el momento los responsables no han sido detenidos y mucho menos sancionados.

De 2013 a 2025 el Poder Judicial de Puebla sólo ha emitido una sentencia condenatoria por delito de homicidio calificado por razón de odio por género y es justo el de Agnes en 2022. Ese año el último de los responsables del transfeminicidio de la activista fue sentenciado a 45 años de prisión, los otros tres implicados recibieron condenas de 35 y 23 años.

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Sin prevención

Pero el asesinato de las personas de la diversidad sexual está precedido de otras violencias y discriminaciones. Carlos Escobar cuenta que conoció a Melisa, víctima de transfeminicidio, porque le pidió ayuda para conseguir el medicamento antirretroviral, que controla el VIH.

—Desafortunadamente el sector salud pone demasiadas para acceder a estos medicamentos –dice Carlos.

Ella salió de Teziutlán huyendo de su familia y llegó a la ciudad de Puebla para vivir con la identidad de género que eligió. Cuando la asesinaron en noviembre de 2023, a unos metros de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía, sus familiares no reclamaron su cuerpo. La entonces activista Gabriela Chumacero logró que le dieran restos mortales de Melisa y darles un reposo digno.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 revelan que los casos de Melisa y de Carlos no son aislados, el 47.7% de la población rechazaría integrar a su familia a una persona que vive con VIH y el 14.6% no la contrataría.  Puebla es la segunda entidad federativa con mayor prevalencia de discriminación, con un 30.6% de su población siendo discriminada.

Ante este panoram, las medidas para prevenir la discriminación son urgentes. La ley vigente menciona que se “llevarán a cabo las medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, destinadas a prevenir y eliminar la discriminación”, sin embargo es al Comité que no está instalado a quien le corresponde monitorearlas.

De allí la necesidad de una renovación total de la normativa.

Daniel Aquino, activista y colaborador de la Marcha del orgullo diverso 2025, contó que fue por ello que este año la consigna fue “por una nueva ley integral y útil contra la discriminación”.

—Creemos que esta consigna es un claro punto de partida a lo que queda por hacer respecto a la defensa de los derechos de las personas LGBT, pero no solo de las personas LGBT, sino también de otros grupos en cuestión de vulnerabilidad.

La idea que tienen es impulsar la derogación de la ley actual y después crear una nueva normativa que sí incluya un organismo para atender las quejas de actos de discriminación, incluso cometidas por particulares; que además tenga presupuesto suficiente, la capacidad de opinar sobre la política pública estatal y municipal y que las opiniones sean de obligatorio cumplimiento.

Foto: Leo Herrera/ Archivo Lado B

Otra cuestión que de acuerdo con Aquino se buscaría es que haya participación ciudadana en el organismo, a través de personas u organizaciones que hayan generado estructuras de defensa y promoción de derechos humanos de distintos grupos históricamente discriminados, para así fortalecer a la institución.

Gabriela Chumacero, ahora como diputada local, es quien ha retomado la discusión de la ley contra la discriminación y ha organizado foros con distintos grupos. El primero con personas de la comunidad diversa ya ocurrió el pasado 11 de junio, seguirán los foros con personas con discapacidad, comunidades indígenas y personas neurodivergentes, dijo la legisladora durante una entrevista.

De acuerdo con los cálculos de Chumacero la propuesta estará lista el próximo año, pues planteará incluir un apartado que aborde los crímenes de odio, una posible tipificación de los transfeminicidios y la creación de un Observatorio estatal de crímenes de odio.

—Ni la Fiscalía sabe cuándo son crímenes de odio, la fiscalía debería tener ya una estadística o realmente (saber) qué es un crimen de odio […] ¿Cómo lo pone? Como ajuste de cuentas, en relación con los grupos de la mafia, del narcotráfico o crímenes familiares –aseguró la diputada.

Mientras esto ocurre, durante la marcha del orgullo del 14 de junio, al reclamo por la falta de justicia ante la violencia contra personas de la comunidad diversa en Puebla y la inoperatividad de la ley contra la discriminación llegó hasta el zócalo de la ciudad de Puebla. Y como ocurrió 13 años atrás, trajeron a la memoria a Agnes Torres, recordaron sus palabras: la discriminación empieza por la boca, por el lenguaje, y por ello es necesario que la diversidad sea no sólo reconocida en discursos sino en políticas públicas reales.

* Foto de portada: Olga Valeria Hernández/Archivo Lado B