Del reclutamiento a la cárcel: el caso de los detenidos en Aguascalientes

Del reclutamiento a la cárcel: el caso de los detenidos en Aguascalientes
Foto: Pop Lab

*Este trabajo fue publicado originalmente en Pop Lab que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

Fuentes federales aseguran que el operativo del sábado 26 fue por la visita de Claudia Sheinbaum a Zacatecas

El 23 de junio pasado, Carlos Antonio Esparza Medina, de 18 años, salió de su casa en Aguascalientes rumbo a Guadalajara, Jalisco. A su madre, Cynthia Medina, le dijo que le habían ofrecido trabajo en ese estado como staff en una clínica de rehabilitación. Habló con él a las 18:58 horas de ese día, menos de tres horas después perdió el contacto, su teléfono ya estaba apagado. No supo más de él hasta que el rostro de su hijo apareció golpeado, casi un mes después, en una fotografía filtrada a medios de comunicación: había sido detenido por fuerzas federales junto con otros 17 jóvenes en un campamento atribuido al crimen organizado.

La detención ocurrió la mañana del sábado 26 en Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, en un gran operativo cuya respuesta fue una ola de violencia en la entidad. En el lugar se encontró un arsenal de armas largas, equipo táctico, chalecos antibalas y motocicletas.

Carlos Antonio no es el único con ficha de desaparición entre los detenidos. También están Felipe de Jesús Hernández Valdivia, de 39 años, y Emmanuel Núñez, de 28 años, que desaparecieron el 28 de mayo de este año. Un día después, el 29, desapareció Arturo Sebastián García Yáñez, de 22 años. De acuerdo con sus fichas de búsqueda, todos fueron vistos por última vez en la capital de Aguascalientes. Las condiciones de sus desapariciones son aún desconocidas.

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Entre los detenidos también hay dos menores de edad, Carlos “N” y Luis “N”, informó este martes la Fiscalía General de la República (FGR). Ambos son acusados de delitos contra la salud, portación de arma de fuego y asociación delictuosa.

Las autoridades han confirmado que ningún líder criminal fue detenido durante el operativo.

Este miércoles, en rueda de prensa, Manuel Alonso García, fiscal de Aguascalientes, negó tener indicios de que los detenidos con ficha de desaparición hayan sido reclutados, al menos de manera forzada.

“No hemos identificado a personas que estén ausentes o privadas de su libertad para reclutarlos, lo que sí hemos encontrado en algunos grupos delictivos, o personas que hemos detenido, es que tienen ficha por desaparición, pero nunca nos han manifestado que estaban a la fuerza. En muchos casos las personas se ausentan para trabajar en estos grupos delictivos. No hemos identificado que (los detenidos el sábado) hayan sido privados de su libertad de manera ilegal”, aseguró el fiscal a medios locales.

Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVGSA), que acompaña al Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, dice que no puede negarse la existencia de patrones de reclutamiento forzado a personas desaparecidas en la región occidente. También que en la lista de los nombres de los detenidos, que fue filtrada este martes, hay casos cuyas familias refieren que sus familiares salieron por una oferta de trabajo, y después desaparecieron.

“Entiendo que (esta declaración) viene desde que no tienen la información porque la FGR es quien está realizando la investigación. Hacemos el llamado a que seamos muy prudentes, muy responsables y más viniendo de una autoridad. Nosotras acompañamos a la familia de uno de estos 18 detenidos y podemos decir que sí había una oferta de trabajo. Podemos compartir también que las familias que se han comunicado con nosotras, que pudieron ver en este listado el nombre de su familiar, nos refieren que también salieron de sus ciudades y o de su país, en el caso de la persona venezolana, por una oferta de trabajo. Hay mucho que investigar”.

“Sabemos es que estaban en un espacio incomunicado, que eso para nosotras ya es un signo de violencia. En México hay una deuda histórica con las víctimas y con las familias y no tendríamos por qué dudar de esta narrativa, que además es una constante. Las autoridades están obligadas a realizar investigaciones conforme a los más altos estándares de derechos humanos y bajo protocolo de atención a víctimas”, agregó.

De los casos de desaparición que acompaña el Observatorio, la mayoría recientes, al menos en el 70% hay sospechas sobre reclutamiento forzado, dice Ávila Montejano. Las personas dejaron de comunicarse con sus familias luego de ir a una entrevista de trabajo o de recibir una oferta laboral por internet. O por las condiciones de los casos, sus familias creen que fueron reclutadas.

Un comunicado de la organización civil nacional Reinserta señala que: “Los recientes hechos ocurridos en Aguascalientes —donde al menos cuatro de los 18 jóvenes detenidos en un campamento vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaban reportados como desaparecidos— son un doloroso recordatorio de una realidad que México no puede seguir ignorando. El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado es una forma sistemática de violencia que se ha normalizado y permanece invisibilizada. (…) Frente a esta realidad, desde Reinserta hacemos un llamado urgente a reconocer el problema, visibilizar a sus víctimas y construir rutas claras de solución. Lo que no se nombra no existe, y lo que no se reconoce no se transforma”.

María Angélica Bucio dice que perdió contacto con su esposo, de origen venezolano, el 10 de abril de este año, cuando él viajó en avión desde Colombia a Ciudad de México para solicitar una visa de trabajo. Su nombre, Robert Edicson Portilla Fernández, aparece entre la lista de detenidos. Ella —que vive en Venezuela— no ha podido tener comunicación con las autoridades en México. La familia de su esposo tampoco ha sido contactada.

“No tiene antecedentes penales. En México estuvimos dos años, él es un hombre pacífico, no se metía en nada. Él iba a México a arreglar sus papeles, si hubiera sido algo ilegal no hubiera podido arreglar papeles. Él llevaba nuestra acta de matrimonio certificada, llevaba todo el papeleo con él para viajar sin ningún pendiente. Todos estos meses estuvimos angustiados”, dice María Angélica, que es mexicana.

Luz María Zúñiga Reyes también perdió contacto con su hijo, Francisco Javier Solís Zúñiga, de 28 años. Francisco, dedicado a la construcción, le dijo en mayo pasado que le habían ofrecido trabajo a través de redes sociales, primero en Jalisco, luego en Aguascalientes. Luz María, que vive en Torreón, vio el nombre de su hijo en la lista y obtuvo información hasta este miércoles, cuando llamó a la fiscalía del estado.

Alonso García ha asegurado que el operativo ocurrió gracias a denuncias ciudadanas que desde hace “no más de un mes” habían informado sobre hombres armados cerca del lugar en donde se encontró el campamento. Pero fuentes federales informaron a Poplab que en realidad se trató de un operativo comandado por la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional para inspeccionar la zona debido a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas, que ocurrió ese mismo sábado.

Desde entonces persisten diversas dudas sobre lo ocurrido. Alonso García ha informado que en ese lugar no operaba un laboratorio de producción de drogas, pero ninguna autoridad ha detallado qué tipo de actividades se realizaban, o si el terreno pertenece a alguna persona. El fiscal de Aguascalientes ha dicho que es un punto estratégico para la pugna por el territorio entre dos grupos criminales. Se sabe que entre los detenidos hay personas de Michoacán, Jalisco y Guanajuato.

La respuesta al operativo del sábado incluyó la quema de camiones y de negocios, así como el bloqueo de carreteras y el hallazgo de dos cuerpos calcinados en los límites entre los municipios de Tepezalá y Pabellón de Arteaga, al norte de la entidad. Las corporaciones estatales detuvieron a otras nueve personas acusadas de los incendios. Durante las detenciones no se registró ninguna baja.

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Aunque en la narrativa oficial las autoridades estatales han insistido en que fue un operativo exitoso y de contención, en la realidad los hechos ocurridos sembraron terror entre los aguascalentenses y sorprendieron a las corporaciones de seguridad. Algunas personas fueron bajadas con violencia de una combi —el transporte público entre los municipios de la entidad— que luego fue incendiada. Otras fueron testigos del bloqueo de carreteras con camiones y tráileres incendiados, y no se pudo evitar la quema de negocios. Unas más grabaron, asustadas, videos de los convoyes de seguridad pasando a toda prisa por las avenidas del norte de la capital del estado.

Horas después del operativo, Erik Muro Sánchez, presidente municipal de Rincón de Romos por Morena, publicó una alerta en la que pedía a la población del municipio no salir de sus casas si no era “estrictamente necesario”.

Luego eliminó la imagen y pidió disculpas: “Decidimos subir algunas recomendaciones que nos evitan exponernos en horas indebidas y andar haciendo situaciones indebidas que nos puedan poner en riesgo. (…) Recalcar que no es un toque de queda como lo han estado manejando los grupos amarillistas que todo Aguascalientes”, dijo en un video publicado en redes sociales.

De acuerdo con información a la que ha tenido acceso este medio, todos los detenidos están siendo procesados en un penal de la entidad. Su primera audiencia ocurrió este martes por la noche, la próxima será el viernes.

Colectivos de búsqueda piden investigación y no criminalización

Tras la noticia de que entre los detenidos hay quienes tenían ficha de desaparición, colectivos de búsqueda en distintas entidades del país comenzaron a movilizarse, a preguntarse si sus hijos desaparecidos se encontraban también en la lista.

“Compañeras de Michoacán, de Jalisco, hasta de Oaxaca, estuvieron preguntando los nombres de las personas que fueron detenidas. La desaparición es un problema grave en Zacatecas y en Jalisco, pero en Aguascalientes poco se habla del tema. (Sobre los centros de reclutamiento) hay que reconocer que no estamos exentos de un problema de este tipo, y si existiera no se reconoce, esa es la otra gravedad. Es un problema que tiene diferentes variantes, puede ser por necesidad, o por miedo, o por obligación. Y todas las personas que llegan a ser reclutadas también son víctimas de un problema muy grave que le ocurre a México”, dice Javier Espinosa, vocero del Colectivo Maverick en Aguascalientes y coordinador de la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas.

Ana María González Villa, del Colectivo Luz y Esperanza de Jalisco, intentó, sin éxito, obtener información de las autoridades el lunes 28. González Villa busca a su hijo Daniel Pulido González, desaparecido el 19 de julio de 2022 en Etzatlán, Jalisco, cuando tenía 20 años, pero asegura que fue visto en Zacatecas, donde también tiene ficha de desaparición. Ella sospecha que su hijo fue reclutado. Su nombre no se encuentra en la lista de detenidos en Aguascalientes.

“Él desapareció junto con otros dos muchachos, por las características de su caso pensamos que fue reclutamiento forzado. Para una madre que está buscando es muy difícil movernos a otros estados a pedir información. Hay veces que una no puede, no hay recursos suficientes, por eso preguntamos primero”, dijo en entrevista telefónica.

Maribel Viramontes busca a su hijo Alexis Gael García Viramontes, de 16 años, desaparecido el 3 de diciembre de 2024 en el municipio de Asientos, al norte de Aguascalientes. Maribel asegura que su hijo fue reclutado de manera forzada, y aunque hay dos personas detenidas por la privación ilegal de Alexis, hasta el momento no han dado información sobre su paradero. La madre buscadora se queja de que la fiscalía local no le ha dado acceso a su carpeta de investigación y de que no le informan sobre las audiencias del caso para poder asistir.

“No me importa quiénes fueron, quiénes se lo llevaron, lo que quiero es encontrar a mi hijo, que se investigue, que lo busquen antes de que ya no pueda encontrarlo”, dice en entrevista.

Maribel fue la primera que pensó que Alexis se encontraba entre los detenidos, donde hay dos menores de edad, pero las autoridades estatales confirmaron que no se encuentra en la lista. Dice que cuando su sospecha se hizo pública, recibió mensajes violentos en redes sociales, acusando a su hijo de criminal.

“Es muy triste que una está con la intención de querer saber, con la angustia, la desesperación de todos los meses. Y uno avisa esperando respuesta positiva y no los ataques. Por el físico los tachan de delincuentes, dicen que seguramente se fue por su gusto, que los muchachitos quieren la vida fácil, el dinero fácil. Pero no saben todo el proceso por el que hemos pasado, es demasiado duro para todavía aguantar todos esos dos ataques. Hasta de asesino lo quieren tachar”.

Lo mismo le sucedió a Cynthia Medina, la madre de Carlos Antonio, que sí está entre los detenidos. Antes de desaparecer, su hijo trabajaba como obrero en una empresa cárnica, con jornadas de trabajo de más de 12 horas. Carlos, de acuerdo con la foto de la detención, fue severamente golpeado en el rostro.

“El sábado, cuando vi la foto de los detenidos vi que era mi hijo, tenía el ojo hinchado. Sentí felicidad de saber que estaba vivo, que está completo, no sabía todo lo que se venía, no visualicé todo el problema en el que está él ahora, que lo están tratando como un criminal. El domingo en la noche lo pude ver menos de cinco minutos, estaba muy golpeado, irreconocible de su rostro hinchado, muy sucio, muy mal, estaba llorando. Verlo así me acabó. Él me dijo que en el momento de la detención estaba desarmado”, cuenta Cynthia entre lágrimas.

Los ataques en su contra en redes sociales le han provocado mucho temor: “son comentarios horribles, muy ofensivos, tachándolo de lo peor. Nos señalan. Ahorita no quiero ni salir a la calle. Pero lo más importante es que él está vivo”, dice, y agrega que durante el mes en el que su hijo estuvo desaparecido, la fiscalía local tampoco le dio acceso a su carpeta de investigación y no le informaron sobre ningún avance en el caso.

El reclutamiento —forzado o no— de jóvenes a manos de grupos del crimen organizado es un problema que afecta a estados de la región, como Zacatecas y Jalisco. Daniela Rodríguez, investigadora de procesos de geografía del crimen en el occidente de México, explica que, de fondo, es una deficiencia del estado para proteger a las y los jóvenes mexicanos.

“En el gobierno se tiende a hablar del problema desde lo voluntario, y desde esa perspectiva se lavan las manos al decir que no hay nada que puedan hacer porque ellos solos quieren ser criminales. Ese discurso favorece al gobierno, le permite no hacer nada cuando chicos están siendo desaparecidos y entregados a los cárteles. Y una vez que, en su caso, se vuelven victimarios, entonces ya tienen la capacidad de culparlos. Ya no se vuelve esta estrategia de rescate, sino de identificación y detención de criminales, en esos casos es difícil demostrar que también son víctimas. El crimen organizado utiliza todo esto a su favor. El sólo hecho de que existan estos campamentos es una falla del gobierno”, dice Rodríguez, que estudia un doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) donde analiza el reclutamiento en Jalisco.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, las desapariciones en Aguascalientes aumentaron en 2024, cuando pasaron de 39 en 2023, a 135. En lo que va de 2025 se han reportado 73 casos. La mayoría son hombres entre 15 y 49 años de edad. Los municipios con mayores cifras son la capital del estado, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga.