Más allá del Ramillete: discriminación estructural de migrantes indígenas

*Este trabajo fue publicado originalmente en PopLab que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

Por Yajaira Gasca Ramírez

Hasta ahora, no se han implementado acciones efectivas para la atención de las familias jornaleras, ni en Guanajuato ni en otros estados con actividades agrícolas, debido a la falta de atención por parte de las autoridades laborales y a que se siguen priorizando los intereses económicos de las empresas y los gobiernos, consideran organizaciones defensoras de derechos humanos indígenas.

En Agroverdi, empresa agrícola intervenida por la Fiscalía General del Estado el pasado 11 de julio, la investigación sobre las condiciones laborales de los trabajadores surgió tras un operativo por presunta explotación laboral. Sin embargo, incluso después de dicho operativo, no hay claridad respecto a la forma en que deben ser atendidas estas comunidades.

Las asociaciones reconocen que, aunque en Guanajuato se han implementado estrategias para atender a estas poblaciones, ha faltado seguimiento, presupuesto y un enfoque interinstitucional que permita comprender sus necesidades y su contexto de interculturalidad.

De acuerdo con el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, la mayoría de las personas jornaleras indígenas que migran al estado anualmente provienen de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Se trata de una movilización interna y cíclica, pues algunas familias regresan a sus lugares de origen, mientras que otras se mudan a diferentes entidades conforme surgen nuevas oportunidades de trabajo, explicó Florencia Martínez Sánchez, del Programa de Acompañamiento a Personas Jornaleras Agrícolas Indígenas Migrantes de esta organización.

“Se podría decir que, en México, tanto a nivel nacional como estatal, hay un desconocimiento de la migración interna y de las condiciones que esta implica, lo que puede derivar en discriminación, criminalización y estigmatización de las familias”, señaló la activista.

Según información del Gobierno del Estado, desde 2019 existe un Protocolo de Atención a Personas Jornaleras Migrantes, el cual actualmente está en proceso de actualización. En este contexto, se recopila información diagnóstica en campo para planear apoyos humanitarios.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo detalló que el Gobierno del Estado había recibido reportes sobre condiciones inadecuadas para las familias, y que ya se habían tomado acciones previas en El Ramillete: “Lo que correspondía era ya la intervención de la Fiscalía”, declaró.

El Gobierno del Estado informó, a través de una ficha informativa, que, por medio de la Secretaría de Derechos Humanos, implementa acciones transversales para fortalecer los derechos y condiciones de vida de las personas jornaleras agrícolas.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) abrió un expediente de oficio contra el Ministerio Público estatal por la intervención realizada en el albergue de la comunidad, donde también operan otros dos ranchos agrícolas: Planaza y La Esperanza. La representación legal de Agroverdi advirtió que presentará una denuncia contra la Fiscalía del Estado por haber realizado un cateo sin orden judicial.

Esfuerzos insuficientes y sin enfoque intercultural

Desde 2012, la el Centro de Desarrollo Indigena Loyola trabaja en la atención a las infancias de estas comunidades y ha documentado que la migración interna se concentra en ocho municipios del estado: León, Dolores Hidalgo, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Silao, Romita, Irapuato y Manuel Doblado. La migración abarca los meses de mayo, junio y julio, aunque puede comenzar desde abril.

La encargada del Programa de Acompañamiento a Familias Jornaleras Agrícolas Indígenas, Florencia Martínez Sánchez, aseguró que aunque existen esfuerzos institucionales para atender a las familias jornaleras, estos son insuficientes y carecen de un enfoque intercultural, presupuestos adecuados y seguimiento. Tampoco hay coordinación entre los estados de origen, tránsito y destino, lo que deja en el limbo los derechos de las familias jornaleras.

“Las familias van trabajando de acuerdo con el trabajo que hay en el día. Trabajan a destajo, es decir, se les paga por el número de arpillas que cortan. Entonces, las jornadas son muy variables, ya que empiezan temprano en la mañana, pero la persona empleadora puede solicitarles que se queden hasta que se llene el camión, hasta que quede alguna tarea hecha o hasta que se termine todo. Eso hace que las jornadas, mayormente, rebasen las 12 horas”, explicó.

Añadió que en muchos ranchos donde se realizan actividades agrícolas no hay contratos laborales ni se otorga seguridad social a las familias. “Las condiciones de vivienda o las condiciones en las comunidades también están atravesadas por el desconocimiento y la discriminación”.

Martínez Sánchez consideró que la atención a las comunidades jornaleras se ha limitado a lo asistencial, sin reconocer su contexto de movilidad y sus necesidades estructurales, incluidas las brechas de lenguaje y acceso a la economía que enfrentan estas poblaciones. Como ejemplo, mencionó que recientemente se implementó en Guanajuato una ventanilla de atención para que las familias pudieran realizar trámites, vincularse con servicios de gobierno y recibir asesoría jurídica.

“Es una propuesta muy buena en el sentido de que responde a necesidades reales de las familias, pero aquí valdría la pena preguntarnos si hay una base sólida que garantice el acceso a diferentes derechos: como el acceso a medios digitales, la comprensión de cómo funcionan, la atención que se pueda brindar a través de estos medios y la lengua. Me refiero a un enfoque intercultural que no solo esté plasmado en lo escrito, sino también en la acción, y muy de cerca con lo que las familias realmente necesitan”, indicó.

Martínez también destacó la ausencia de acciones reales por parte de los tres niveles de gobierno para garantizar el acceso a educación, salud, identidad y vivienda adecuada. La falta de continuidad en los programas entre estados afecta especialmente a las infancias jornaleras, que muchas veces no logran mantenerse inscritas en los sistemas educativos ni dar seguimiento a su atención médica.

Tras el operativo implementado por la Fiscalía del Estado en el albergue El Ramillete, la Secretaría de Salud estatal dio información sobre las inspecciones realizadas en dicho lugar. En entrevista del 16 de julio, el secretario Gabriel Cortés Alcalá informó que la dependencia hizo observaciones relacionadas con el manejo de alimentos y que se detectaron personas con enfermedades diarreicas y problemas respiratorios, aunque ninguno de los casos fue grave.

Indicó que, según el censo de la Secretaría de Salud, había 729 jornaleros migrantes en el lugar. También se identificaron casos de parasitosis, picaduras de animales ponzoñosos y se brindó atención a mujeres embarazadas en situación de riesgo, así como a otras que se encontraban en control prenatal.

En términos generales, el funcionario señaló condiciones de higiene inadecuadas e irregularidades en el esquema de vacunación de algunos menores que permanecen con sus padres durante la cosecha. Se estima que había más de 100 niñas y niños en el sitio.

La activista del Centro Loyola insistió en que estas acciones deben llevarse a cabo en coordinación entre los estados involucrados en los flujos migratorios —Guanajuato, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz—, pero también subrayó la responsabilidad del Gobierno Federal. Destacó, por ejemplo, la necesidad de realizar un censo nacional sobre la situación de la migración interna.

“…Porque no se tienen registros oficiales sobre cuáles son las condiciones de vida, movilidad y trabajo, y esto sigue facilitando acciones, narrativas y prácticas hacia estas poblaciones como si únicamente requirieran atención humanitaria o asistencial, sin reconocerles —a las personas jornaleras— como poblaciones intermitentes”, añadió.

Desde el Centro de Desarrollo Indígena Loyola se ha trabajado con la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras para promover un censo nacional y estatal. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Guanajuato, hasta el primer trimestre de 2025, había 110 mil personas dedicadas a las actividades agrícolas.

Además, el Centro Loyola impulsa el enfoque de las infancias indígenas como sujetas de derechos y, por lo tanto, el reconocimiento de que realizan actividades laborales que deben darse en condiciones de dignidad y seguridad, de acuerdo con las garantías que protegen a niñas, niños y adolescentes.

“No podemos permitir que vivan así”, justifica Libia intervención

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo aseguró que, previo a la intervención de la Fiscalía en el albergue jornalero ubicado en la comunidad de El Ramillete, el Gobierno del Estado ya había recibido reportes sobre las malas condiciones en las que se encontraban los trabajadores agrícolas en dicha localidad de Dolores Hidalgo, aunque no reveló antecedentes de atención a personas jornaleras indígenas.

“Quiero referirme a los actos de investigación que llevó a cabo la Fiscalía el fin de semana en la comunidad de El Ramillete, donde se están investigando, dentro de una empresa agrícola, presuntos actos de explotación laboral contra un poco más de 700 personas, la mayoría de ellas indígenas. Desde el primer momento estuvimos trabajando en coordinación con la Fiscalía para salvaguardar y garantizar los derechos humanos de todas estas personas”, señaló durante su programa semanal.

En una entrevista posterior con medios de comunicación, la mandataria estatal defendió la legalidad y el sustento de la intervención, y afirmó que las condiciones del lugar no eran óptimas para la vida de las familias.

“Sabemos que no quieren irse del estado. Lo entendemos porque viven en situaciones muy complejas en sus ciudades de origen, pero tampoco, por esas ganas de quedarse aquí o de tener un ingreso o un lugar donde vivir, podemos permitir que vivan en esas condiciones”, añadió.

La gobernadora recordó que las empresas están obligadas a cumplir con la legislación laboral vigente y aseguró que el Gobierno del Estado continuará supervisando y acompañando los procesos para corregir irregularidades. Además, anunció la intervención de un grupo multidisciplinario para atender a las personas afectadas, aunque no detalló acciones previas implementadas por el Gobierno del Estado en favor de las personas jornaleras.

El director del DIF Estatal, Alfonso Borja Pimentel, afirmó que la institución colabora con acciones de asistencia social, y negó que personas hayan sido resguardadas en albergues del sistema estatal, lo cual contrasta con el anuncio de la Fiscalía del Estado sobre el «rescate» de personas, tras el operativo implementado el 11 de julio en Dolores Hidalgo.

Según la Fiscalía, el cateo se realizó en atención a denuncias por presunta trata de personas con fines de explotación. La empresa agrícola Agroverdi negó las acusaciones.

El representante legal de la empresa, José de Jesús Espinosa Moreno, acusó que la Fiscalía actuó sin orden de cateo, irrumpió en las habitaciones de los jornaleros, decomisó dinero en efectivo —incluidos pagos de nómina— y retiró los servidores de videovigilancia. Además, criticó el protagonismo del fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, quien estuvo presente durante el operativo, aunque resguardado por varios agentes.

Espinosa Moreno aseguró que los trabajadores migrantes llegan de forma voluntaria al rancho, con el pago de viáticos de ida y vuelta, siempre y cuando cumplan con al menos 30 días de trabajo, como se establece en sus contratos. También afirmó que los jornaleros reciben seguro social y un pago semanal que va de 2,800 a 5,000 pesos, según las tareas que desempeñan.

A través de su área de Comunicación Social, la Fiscalía informó que, además de las investigaciones ministeriales por trata de personas y por la localización de droga en el albergue —que, de acuerdo con el abogado de la empresa, se trató de un cigarro de marihuana—, se iniciaron denuncias ante la Procuraduría del Trabajo y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) abrió una queja de oficio contra la Fiscalía estatal por este operativo, bajo el expediente número 1670/2025, según confirmó su área de Comunicación Social.

A través de una ficha informativa, el Gobierno del Estado informó que la Secretaría de Derechos Humanos realiza acciones transversales en la comunidad, mediante la implementación de un plan de acción interinstitucional que involucra la participación de la Subsecretaría de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, y la Subsecretaría de Atención a Personas Migrantes, aunque además hay  un Protocolo de Atención a Personas Jornaleras Migrantes desde 2019.

También se verificó la guardería de la comunidad, se planteó la orientación de cuidadoras y capacitaciones con actividades diferenciadas según la edad; se han gestionado 35 actas de nacimiento para menores y se mantienen activas las actividades escolares en educación inicial, preescolar y primaria, ya que al menos 90 menores requieren atención. Además, se han suministrado materiales educativos.

Crecimiento económico a costa de la dignidad laboral

Desde hace al menos siete décadas, miles de familias indígenas de la región de La Montaña de Guerrero han sido empujadas a migrar temporalmente hacia los campos agrícolas del norte y centro del país. Pero no se trata de una elección libre, sino de una necesidad marcada por la pobreza, la falta de empleo, la precariedad y el olvido institucional, aseguró Abel Barrera Hernández, activista y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

Una gran cantidad de jornaleros agrícolas que migran a Guanajuato proviene de esta zona, donde existen al menos unas 700 comunidades, de entre 300 y mil habitantes, en las que la carencia de fuentes de empleo es una constante. El 70 % de los pobladores se dedica a la actividad agrícola, y los pocos que se quedan en Tlapa, Guerrero —una de las ciudades más pobladas del estado— no tienen otra opción más que vivir del comercio informal. Es decir, no cuentan con empleos formales.

Barrera subrayó que esta migración forzada ha sido “silenciosa e invisible para las autoridades”, y está fundada en la discriminación hacia las comunidades y poblaciones indígenas.

“Esta migración es familiar. No se van solos los padres o el jefe de familia; se van con su esposa y con los hijos. La mamá tiene que llevarse su comal, su anafre para cocinar allá; se van con lo que tienen en su casa para comer y dormir, y pues allá a donde se van, ese es su hogar”, explicó.

La mayoría de las personas de esta región son indígenas —en su mayoría mixtecas, nahuas o Meꞌphaa—, monolingües, sin educación formal y con escaso conocimiento de sus derechos laborales. El activista del Centro Tlachinollan consideró que esto los deja en situación de vulnerabilidad y los convierte en víctimas de abuso, sobreexplotación y racismo, tanto por parte de los empleadores como de las autoridades.

“Hay una sobreexplotación porque empiezan muy temprano. No hay un horario de trabajo, la mayoría trabaja por destajo. El problema es que los papás son demasiado pobres y no tienen un lugar donde dejar a sus hijos. Se los tienen que llevar al campo y, bueno, en el campo no hay más que los chiquitos muy pequeños, que están ahí tirados sobre un rebozo, y los grandecitos, pues, a recolectar. Y son estas condiciones las que la Secretaría del Trabajo no inspecciona, porque no están registrados, porque no los tienen en el padrón”, agregó.

Dijo que muchas de las empresas agrícolas operan al margen de la ley porque no están registradas en la Secretaría del Trabajo, no otorgan contratos, ni seguridad social, y evitan cualquier tipo de regulación.

“Hay mucho descuido tanto a nivel federal, que es la instancia reguladora de todo esto, como a nivel estatal, porque debe haber un padrón, debe haber información básica sobre cuáles son las empresas agrícolas, máxime cuando hablamos de que contratan trabajadores”, sostuvo.

En el caso específico de Guanajuato, donde se documentó que Agroverdi es una empresa constituida en 2018 con capital chino, Abel Barrera consideró que además existe la complicidad silenciosa del Estado, que prioriza el desarrollo económico sobre la dignidad laboral de las personas jornaleras.

“Todo el plusvalor que genera el trabajo indígena se lo lleva el empresario. No hay reparto de utilidades, no hay derechos. Para ellos, esa mano de obra es oro molido”, resumió el defensor de derechos humanos.

Recalcó que la cadena de valor que termina en los supermercados inicia en campos donde familias enteras viven condiciones de explotación que el Estado se niega a ver y atender como una forma de trabajo comunal y en un contexto de etnicidad.

De acuerdo con información del Gobierno del Estado, al cierre del primer trimestre de 2025, Guanajuato se colocó como el quinto estado con mayor crecimiento económico nacional, con una tasa de 3.2 %, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI.

Según estos datos, las actividades primarias o agropecuarias son unas de las más importantes para la economía estatal, y durante 2025 han registrado un incremento del 9.5 %.

El director del Centro Tlachinollan consideró que, mientras no existan políticas públicas que reconozcan y protejan a las familias jornaleras indígenas, y no se realicen inspecciones reales, el ciclo de explotación seguirá alimentando un modelo económico sustentado en la discriminación y la desigualdad.

Tras el operativo realizado en El Ramillete, la Subsecretaría del Trabajo —instancia dependiente del Gobierno del Estado— informó que inició una investigación y lleva a cabo un plan de acción que incluye coordinación con autoridades municipales y federales para verificar las condiciones laborales.