Colectivas exigen derogación total del delito de aborto en los Códigos Penales de México

*Este trabajo fue publicado originalmente en La Verdad Juárez que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

Pese a los avances en la despenalización, 522 investigaciones penales por aborto se abrieron en México de enero a julio de este año; las organizaciones se pronunciaron también por prohibir la criminalización de los abortos voluntarios con delitos como el homicidio e infanticidio o feminicidio

Por Redacción de La Verdad Juárez

La criminalización del aborto voluntario se mantiene a pesar de los avances en su despenalización, advirtieron en un posicionamiento conjunto 44 colectivas y organizaciones de 25 estados de México, que proclamaron: “fuera aborto del Código Penal”.

En su pronunciamiento público, las colectivas y organizaciones señalaron que las normas penales que criminalizan el aborto voluntario hacen que pedir ayuda en un hospital sea una decisión riesgosa.

“En muchas ocasiones los equipos de salud actúan como ministerio público comportándose de forma inquisitiva, obligan a las personas a incriminarse o coaccionan a las familias para que ellas presenten avisos al ministerio público para iniciar carpetas de investigación”, denunciaron. “Luego continúa un proceso tortuoso ante un sistema penal que es el brazo más duro del Estado, en el que tu integridad y salud no están en el centro”.

Sustentas sus dichos con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Ciudadana, que de enero a julio de 2025 reportó la apertura de 522 carpetas de investigación por el delito de aborto en el país.

Las tres entidades con mayor número de investigaciones por el delito de aborto es la Ciudad de México (146), le sigue Nuevo León (144) y el Estado de México (66).

“Esto muestra que nuestra lucha está lejos de terminarse ya que, el aborto voluntario continua siendo un delito en todos los Códigos Penales del país. En algunos de forma total y otros de forma parcial esto significa que si abortas después de cierto número de semanas de gestación se considera un delito, lo que envía un mensaje de castigo y de control hacia los cuerpos de las personas con posibilidad de gestar: mujeres cis, hombres trans, personas transmasculinas, personas no binaries, entre otras identidades, lo que ha incrementado la criminalización hacia nosotras, nosotros y nosotres”, afirman los colectivos.

En Chihuahua, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización del aborto voluntario en enero pasado.

En su pronunciamiento las organizaciones exigen que los Congresos Estatales, el Congreso Federal, las Gubernaturas y la Presidencia Federal reformen los Códigos Penales para:

1. Derogar de forma total el delito de aborto voluntario de todos los Códigos Penales del país, tanto para las personas que lo necesitan como para el personal de salud que les asiste.

• Prohibir la criminalización de los abortos voluntarios y las emergencias obstétricas con delitos como el homicidio, homicidio calificado, homicidio en razón de parentesco, infanticidio o feminicidio.

Las organizaciones y colectivas firmantes de este posicionamiento, difundido en la página web abortistas.mx  ponen a consideración que el 7 de septiembre de cada año sea la fecha en exijan el cumplimiento de sus propuestas.

Eligen esa fecha debido a que fue el 7 de septiembre de 2021 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Acción de inconstitucionalidad 148/2017, sentencia donde se reconoció que las normas penales que criminalizan el aborto afectan los derechos sexuales y (no) reproductivos de la personas con posibilidad de gestar.

Los avances en defensa del derecho al aborto

Las firmantes del posicionamiento reconocen avances logrados por los movimientos de defensa del derecho al aborto, en lo legislativo, en políticas públicas, en lo judicial y através de Tribunales Colegiados.

En lo legislativo señalan:

● La reforma a 20 Códigos Penales para despenalizar parcialmente el aborto hasta la semana 12.6 de gestación y la reforma del Código Penal de Sinaloa que legalizó el aborto a semana 13.6 de gestación.

● Cinco reformas a las Constituciones locales para eliminar los artículos que protegían la vida desde la concepción.

En cuanto a las políticas públicas:

● La Secretaría de Salud Federal, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, publicó el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México, un criterio de atención obligatorio para todo el sistema nacional de salud, el cual fue respaldado por el IMSS e ISSSTE y desarrolló el Programa de Servicios de Aborto Seguro para garantizar el acceso a este servicio.

En lo judicial:

● A través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han logrado 14 sentencias1 entre acciones de inconstitucionalidad, declaratoria general de inconstitucionalidad, amparos en revisión y contradicciones de criterios que han contribuido a la construcción del aborto como un derecho.

● Cuatro sentencias de acciones de inconstitucionalidad, a través de las cuáles se invalidó reformas a las Constituciones locales que, buscaban obstaculizar el acceso al aborto al incluir una cláusula de protección a la vida desde la concepción. Esta fue una estrategia de los grupos antiderechos impulsada desde 2007 en la que llegaron a reformarse 25 constituciones locales.

En los Tribunales Colegiados:

●  Cinco sentencias en Chihuahua y Campeche que ordenan a las autoridades de salud de esos estados a que habiliten la disponibilidad de servicios de aborto voluntario para personas con posibilidad de gestar que lo requieran.

“Estos logros son colectivos y que se han dado en medio de un hostil y complejo contexto geopolítico a nivel mundial con grupos antiderechos organizándose para no permitir el avance de los derechos sexuales y (no) reproductivos”, afirman.