La herencia de Gómez Piedra en el caso Ayotzinapa: Moches, clases de baile y comida tabasqueña

Rosendo Gómez Piedra

Llegó con el aval de su paisano López Obrador para esclarecer la desaparición de los normalistas. Durante su gestión, duplicó al personal, puso a sus amigos en puestos clave, cobró moches y no aportó nuevas líneas de investigación. “Fueron tres años perdidos”, lamentan. Este jueves, cuando Sheinbaum se reúna con familiares de los 43, se prevé que presente a Mauricio Pazarán como su sucesor en la UEILCA

Por César Martínez para A dónde van los desaparecidos

Una de las primeras cosas que Rosendo Gómez Piedra cambió cuando llegó a la fiscalía especial del caso Ayotzinapa, en octubre de 2022, fue su oficina. No le gustó la de su antecesor, Omar Gómez Trejo, un pequeño rectángulo con paredes de vidrio y vista a la Glorieta de los Insurgentes, en el piso 25 del edificio que antes ocupaba la Fiscalía General de la República (FGR). Esa oficina, sin cortinas, donde apenas cabían tres personas y cuya puerta debía ser trabada con un libro para mantenerla abierta, quedaba expuesta a la vista de todo el personal.

Semanas después de que Gómez Piedra quedara a cargo de indagar la desaparición de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, al frente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), el equipo se mudó 14 pisos abajo, al nivel 11, donde el tabasqueño pudo tener una oficina con paredes que no permitían ver el interior y del tamaño suficiente para tomar clases de baile, como tres de sus colaboradores narraron en entrevista. Era un despacho para cargos del nivel de un subprocurador, con desayunador y sala de espera, donde por las tardes el funcionario solía hacer una siesta.

El cambio de oficina fue un adelanto de lo que sería la gestión de Gómez Piedra, marcada por la polémica y los escándalos, como el cobro de moches por la entrega de bonos de productividad a sus allegados, o desfiles de disfraces el Día de Muertos en instalaciones oficiales, pero también por la confianza que sentía por haber llegado al cargo debido a su cercanía con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien necesitaba a alguien de confianza en la unidad después de dinamitar la investigación del caso con la cancelación de 21 de 83 órdenes de aprehensión, lo que orilló a Gómez Trejo a presentar su renuncia el 27 de septiembre de 2022.

Según el personal de la UEILCA, Gómez Piedra decía que le respondía al mandatario, no a quien lo designó, el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Incluso cuentan que en el librero de su despacho tenía una foto enmarcada junto a López Obrador —a quien conocía desde su periodo como jefe de gobierno en la Ciudad de México— con una frase que le dirigió el presidente: “Rosendo es un abogado honrado”.

La UEILCA se volvió a mudar en marzo de 2024, cuando la FGR dejó de rentar el edificio de Insurgentes 20. Fue trasladada a la colonia Doctores, a una esquina del complejo del Centro Federal de Arraigos.

El tamaño de su oficina no fue lo único que Gómez Piedra aumentó. Durante su gestión, que se extendió por casi tres años, hasta el pasado 15 de julio —cuando presentó su renuncia, una demanda que ya habían formulado los padres de los normalistas—, también duplicó la nómina a su cargo, sin presentar nuevos hallazgos o líneas de investigación que contribuyeran a conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos en Iguala.

“El ingreso de personal fue abrumador, la plantilla se incrementó drásticamente. No solamente se les asignaron varias plazas, sino que estas eran las más altas [que se pagaban], particularmente de fiscales, aunque existía una prohibición reglamentaria para su asignación; es decir, que se necesitaban varios años en la Fiscalía General de la República para acceder a dichas categorías”, contó Fabiola, nombre ficticio de una persona que trabajó en la UEILCA con Gómez Trejo y permaneció los primeros meses de la gestión de su sucesor.

Ya sin Rosendo Gómez Piedra en la UEILCA, este jueves se reunirán los familiares de los normalistas de Ayotzinapa con la presidenta Claudia Sheinbaum, el segundo encuentro que sostendrán en la actual administración. La reunión, previa al décimo primer aniversario de la desaparición de los estudiantes, estará marcada también por la ausencia de Vidulfo Rosales, el abogado que acompañó desde el minuto uno a los padres y las madres de los estudiantes, pero que el pasado 16 de agosto renunció al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y, con ello, a la representación jurídica del caso. Aunque el propio defensor informó a los familiares que se integraría al nuevo equipo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, en entrevistas con diferentes medios dijo que no era algo seguro.

Vidulfo Rosales, al frente de un contingente de familiares de los normalistas desaparecidos, durante una rueda de prensa organizada en el Campo Militar Número 1 en 2023. (Rebeca Herrera/ObturadorMX)

En lugar de Rosales quedó el abogado Isidoro Vicario, quien también conoce a fondo el caso Ayotzinapa, pues trabaja desde hace más de 15 años en Tlachinollan, mientras que en la UEILCA fue nombrado Mauricio Pazarán como coordinador general de la investigación. Se espera que en la reunión con la presidenta Sheinbaum se formalice su nombramiento como fiscal especial. Licenciado en Derecho, Pazarán fue anteriormente fiscal territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Vidulfo Rosales, al frente de un contingente de familiares de los normalistas desaparecidos, durante una rueda de prensa organizada en el Campo Militar Número 1 en 2023. (Rebeca Herrera/ObturadorMX)

‘Años perdidos’

En los dos años y nueve meses que Gómez Piedra estuvo al frente de la fiscalía, se recapturó a personas vinculadas con la llamada “verdad histórica”, aquella primera versión que sostenía que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas tiradas al río San Juan en bolsas de basura, posteriormente desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el panel de especialistas creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar lo ocurrido en la noche de Iguala.

Entre las personas reaprehendidas están César Nava, expolicía de Cocula, y Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, uno de los testigos estrella del exprocurador general Jesús Murillo Karam para sustentar la versión del basurero. En mayo de este año fue detenida una magistrada del Poder Judicial de Guerrero, Lambertina N, a quien como presidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal en 2014 se le vincula con la pérdida de grabaciones de cámaras colocadas al exterior del Palacio de Justicia de Iguala, que pudieron ser clave en los hechos.

Mario González, padre del normalista César Manuel González, teme que las autoridades quieran retomar la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, pues no ve avances en otras líneas de investigación. Una opinión que comparte la directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), María Luisa Aguilar, quien considera que Gómez Piedra promovió que se regresara a la “verdad histórica”.

“Ellos dicen que no [quieren volver a la “verdad histórica”], pero sí están dándole vueltas y vueltas; por ejemplo, el Chereje cuántas veces dijo puntos [donde podrían estar los normalistas] cuando ya estaba libre, y fueron mentiras, y sin embargo ya volvió a dar puntos, de unas cuevas”, explica González.

“Hay una investigación que dilató 10 años y muchos sacrificios de los padres, para que resolviéramos esa ‘verdad histórica’, y no la siguen”.

Para don Mario, como es conocido entre los familiares de los jóvenes desaparecidos, la gestión de Gómez Piedra “fueron tres años perdidos”. “Tres años que no se trabajó y que desafortunadamente nada más se lucró con el puesto”.

González asegura que el fiscal se emborrachaba durante las búsquedas de los estudiantes, aunque esas denuncias han señalado a personal de la UEILCA. En particular, funcionarios de la unidad circularon una foto del agente Alexander Balam, quien en una diligencia en Carrizalillo terminó sentado sobre su vómito al interior de una patrulla.

“Una molestia de los padres es que ya no soportábamos tanta mentira, que siempre [el fiscal] le daba la vuelta, siempre decía el mismo discurso, basado en las investigaciones del GIEI”, agrega González.

Trío tabasqueño. Andrés Manuel López Obrador junto a Gómez Piedra, a quien calificaba como un “abogado honrado”, y el senador Adán Augusto López. (X, @LaDenuncia_Tab)

Trío tabasqueño. Andrés Manuel López Obrador junto a Gómez Piedra, a quien calificaba como un “abogado honrado”, y el senador Adán Augusto López. (X, @LaDenuncia_Tab)

Paisanos sin experiencia

A dónde van los desaparecidos tuvo acceso a un correo interno de la UEILCA —creada por AMLO en 2019 para cumplir su promesa de campaña de esclarecer lo ocurrido con los estudiantes y castigar a los responsables—, enviado el lunes 24 de marzo de 2025 a todo el personal de la unidad para convocarlos al curso “Sistema de gestión antisoborno.ISO 37001:2016”.

El correo, suscrito por la administradora especial de la UEILCA, Ixchel Magaña Vicente, fue dirigido a 84 funcionarios, sin contar al propio fiscal especial. Su antecesor, Gómez Trejo, había dejado la unidad con poco más de 40 integrantes, incluido el personal administrativo, aunque su núcleo de confianza para la investigación del caso era menor a 20 personas, después de una depuración interna tras darse cuenta de que los agentes que tenía asignadoslo espiaban, le robaban expedientes y saboteaban su trabajo.

Así fue como durante casi tres años, personal sin experiencia ministerial, con la única credencial de ser de origen tabasqueño, se sumó a la nómina de la FGR para supuestamente investigar uno de los crímenes que ha generado más indignación en las últimas décadas en el país y por el que México está bajo el escrutinio de instancias internacionales.

Unos eran exfuncionarios del Congreso de Tabasco, otros fueron representantes legales del Tren Maya o burócratas que pasaron lo mismo por la Secretaría de Bienestar que por dependencias del gobierno de la Ciudad de México. Debían encargarse de guiar las investigaciones, procesar restos humanos, entrevistar a testigos, dirigir las búsquedas en terreno, acudir a diligencias de captura, analizar la información y, en última instancia, localizar a los normalistas desaparecidos. No hicieron nada de eso.

Está el caso de Jesús Castellanos Ichante, quien trabajó en el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de Tabasco y después en la Secretaría de Bienestar, antes de llegar a la UEILCA —en el mismo mes que Gómez Piedra asumió el cargo— como agente del Ministerio Público Federal.

César Ovidio Suárez Aldecoa pasó de coordinador de asuntos jurídicos de la Secretaría de Gobierno de Tabasco, a director general dentro de la UEILCA, como brazo derecho del fiscal. Y Marco Aurelio Colin Hinojosa, quien en mayo de 2022 —cinco meses antes de la llegada de Gómez Piedra— fungía como apoderado legal de Fonatur Tren Maya y de Nacional Financiera.

Estos funcionarios formaron parte de lo que se conocía en el interior de la UEILCA como el “Grupo Tabasco”, según contaron tres agentes de la fiscalía especial, durante un encuentro personal una medianoche de mayo.

“Todos venían de Tabasco, o habían trabajado ahí, y aquí no hacen nada, solo [los contrataron] porque eran conocidos del fiscal. Se la pasan comiendo en la oficina”, aseguraron.

El Grupo Tabasco: al centro, Rosendo Gómez Piedra; atrás del fiscal, Nicolás Jerónimo Alejo, y a su lado, a la izquierda, Dolores Cerino Javier. (Especial)

Grupo Tabasco: Dicharachero y extorsionador

“Los de la ola tabasqueña siempre llegaban a desayunar al fondo de la oficina. La hora de entrada era a las 9:00, aproximadamente, y se tomaban dos horas para comer y la sobremesa; las carcajadas inundaban la oficina, lo que antes era impensable”, narró Fabiola, la exagente de la UEILCA.

Gómez Piedra, junto con 13 integrantes de su grupo de confianza, quedaron retratados en una foto tomada el viernes 25 de abril en la oficina del fiscal, a modo de “recuerdo”, pues ya preveían su salida debido a una serie de quejas internas del propio personal de la UEILCA.

En la imagen también aparece el tabasqueño Nicolás Jerónimo Alejo, quien entre 2021 y 2022 cambió tres veces de empleo, de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México a la Secretaría de Bienestar y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Se unió a la UEILCA con Gómez Piedra, y el pasado 1 de junio fue electo como magistrado presidente del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México.

En la foto del Grupo Tabasco se observa al fiscal sentado entre dos mujeres. Una es Dolores Cerino Javier, coordinadora de la unidad y quien, de acuerdo con una denuncia anónima presentada el 13 de abril ante Gertz Manero, fue la encargada de solicitar un “apoyo” de 500 a 1,000 pesos a funcionarios y ministerios públicos, presuntamente para apoyar a Sara Irene Herrerías, fiscal especial en materia de Derechos Humanos —y jefa de Gómez Piedra—, en su campaña para convertirse en ministra de la SCJN.

“Los días 10 y 11 de abril de 2025, al estar trabajando con normalidad en nuestros lugares de trabajo, se acercó a cada uno de nuestros lugares la maestra Dolores Cerino Javier, que es la coordinadora de la unidad y nuestra jefa directa junto con nuestro director César Ovidio Suárez Aldecoa, y nos dijo a uno por uno que ‘por instrucciones’ del titular de la unidad Rosendo Gómez Piedra debíamos ‘apoyar’ a la maestra Sara Irene Herrerías, fiscal especial de Derechos Humanos, para que ganara como ministra de la corte, porque se estaba postulando”, se lee en la denuncia.

Además, debían viajar a Tabasco y “llevar la gente que pudiéramos” porque le iban a organizar un evento a Herrerías. Sobre el hospedaje y las comidas, era problema de cada uno resolverlo, agrega el documento que derivó en el inicio de la carpeta FED/FEAI/FEAI-CDMX/0000314/2025.

Durante la entrevista, los tres agentes de la UEILCA, quienes omitieron dar su nombre por temor a represalias, pero mostraron sus credenciales para acreditar que eran funcionarios de la FGR, explicaron que, después de la denuncia, la Unidad de Asuntos Internos acudió a las oficinas de la fiscalía y entrevistó al personal.

Agregaron que, aunque el evento de Tabasco, presuntamente para favorecer a Herrerías, no se llevó a cabo, el personal entregó la cantidad solicitada y perdió más dinero debido a las reservaciones de hotel que ya había realizado.

Herrerías resultó ganadora en la elección judicial, por lo que este 1 de septiembre asumió como ministra de la SCJN.

Marcha por los normalistas desaparecidos, el pasado junio en la Ciudad de Mëxico. (ObturadorMX)

Marcha por los normalistas desaparecidos, el pasado junio en la Ciudad de Mëxico. (ObturadorMX)

Pazarán, el relevo

Gómez Piedra fue citado en su oficina a las 17:00 horas del 15 de julio para entregar su cargo. De acuerdo con funcionarios que presenciaron el acto protocolario, al marcharse presumió que se iba “a un mejor lugar” y con “un excelente puesto”. Al día siguiente, la presidenta Sheinbaum anunció en su conferencia matutina la renuncia del fiscal.

Su lugar fue ocupado por Mauricio Pazarán Álvarez, quien se desempeñó como fiscal de Investigación Territorial en Xochimilco cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México era dirigida por Ernestina Godoy, actual consejera jurídica de la presidencia.

“Por lo pronto, está el licenciado Pazarán, que fue incorporado como parte de la fiscalía hace algunos meses. Él ha estado platicando con los familiares, hubo ya dos reuniones con él. […] Tiene que venir todo el nombramiento, pero él está encargado del caso en este momento y ya está muy familiarizado”, explicó Sheinbaum el 16 de julio.

Para entonces, Pazarán ya llevaba dos meses en la UEILCA. El 6 de mayo llegó por primera vez a la fiscalía y anunció que ocuparía el lugar de Gómez Piedra, según personal de la unidad. En aquella ocasión, agregaron, pidió la renuncia de César Ovidio Suárez y de Dolores Cerino Javier.

“Mauricio Pazarán Álvarez vino y estuvo toda la mañana con Rosendo Gómez en la oficina. Le pidió informes, llamó a gente, y Gómez Piedra estaba como hostil”, narraron.

Sheinbaum presentó a los familiares de los normalistas al nuevo encargado del caso Ayotzinapa en la última reunión que sostuvieron en Palacio Nacional, el pasado 27 de mayo.

Ahí, de acuerdo con asistentes, los familiares reprocharon a Gómez Piedra los escándalos de su gestión, la falta de sensibilidad y de resultados. Sheinbaum no lo defendió. Y no solo eso, ni siquiera le dio la palabra al fiscal para que respondiera. El tabasqueño estaba sentado en un extremo, visiblemente alejado del grupo principal de funcionarios.

Mario González dice que no saben si Pazarán sustituirá a Gómez Piedra. “Todavía no nos lo han presentado a nosotros como el fiscal, sino nada más el encargado”.

Obligados a bailar

Amante de la tradición culinaria de su natal Tabasco, Gómez Piedra también es conocido por su afición al baile, fama que se ganó desde que fue subprocurador de la antigua Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, durante la administración de López Obrador como jefe de gobierno, entre 2000 y 2006. Versiones periodísticas, confirmadas por exfuncionarios consultados, aseguran que incluso organizó clases de baile en el Reclusorio Norte.

“Negó las acusaciones de [que organizaban] clases de baile en la UEILCA cuando existen decenas de testigos; incluso se enojó con una secretaria porque tardó en bajar y recibir a la ‘maestra de baile’, desde luego amiga suya”, comentó la exagente nombrada como Fabiola.

“Ante los reporteros siempre prometió que daría ‘resultados’, pero estos nunca llegaron; las cifras y logros que informaba fueron todos conseguidos por Gómez Trejo, a quien por una parte no dudaba en demeritar, pero al mismo tiempo, sin ningún remordimiento, hacía suyos sus avances en la investigación”, agregó.

Los agentes entrevistados confirmaron la versión de que Gómez Piedra llevó a la UEILCA a una conocida suya para que diera clases de baile en su oficina, que cada trabajador debía pagar de su bolsillo.

“Era una amiga suya, nos cobraba 150 por clase, pero era forzoso tomarla. Entrabas y ya le decías qué querías practicar, era de todo”, narraron.

En una segunda denuncia contra Gómez Piedra, presentada el 28 de abril de este año ante la FGR, la Presidencia y la Secretaría Anticorrupción, se retrató al fiscal como una persona que ponía apodos al personal, usaba vehículos oficiales para mandar traer comida tabasqueña, y premiaba con bonos a sus allegados a cambio de recibir el 20% de moche.

“¿Cómo vamos a avanzar en las investigaciones?, si nadie trabaja para dar con el paradero de los 43 normalistas que es nuestra principal misión, el agente del ministerio público de la Federación, encargado de la averiguación previa más importante, Raúl Morales Aguilar, no trabaja, no lee ningún tomo y también ha sido premiado”, dice la denuncia. “Su única función es cocinar empanadas tabasqueñas, traer y preparar comida tabasqueña para Rosendo Gómez Piedra, hacer una bebida que se llama ‘pozol’”.

La misma denuncia indica que el fiscal ordenó que el personal de la UEILCA ayudara en la mudanza del director general, César Ovidio Suárez, cuando llegó de Tabasco a la Ciudad de México.

María Luisa Aguilar, directora del Centro Prodh, que lleva la asesoría legal de los familiares de los normalistas, recordó en entrevista que Gómez Piedra llegó al cargo con el apoyo de López Obrador, y fue él —y no Gertz Manero— quien se los presentó.

“Las familias ven al presidente y ahí es la primera vez que se los presentan. Entonces, era claro que era un nombramiento político, de un perfil político y no idóneo para una investigación de temas de derechos humanos, y desde entonces las familias son muy críticas de su nombramiento. Y el presidente diciendo: ‘Esta es una persona en la que confío, pongan ustedes su confianza’”, recordó.

Sobre los casi tres años que Gómez Piedra permaneció al frente de la UEILCA, Aguilar remarcó que se dedicó a ofrecer numeralias de diligencias, de carpetas de investigación y otras acciones ministeriales, sin que ofreciera resultados sustanciosos, como nuevas líneas de investigación.

“No vimos a una fiscalía activa y que estuviera buscando que hubiera más información entregada por parte de la Sedena, y pues sí era un nombramiento político y [como] el presidente [López Obrador] estaba con una decisión de defender al Ejército, difícilmente lo íbamos a ver”, agregó.

Foto de portada: Aunque Rosendo Gómez Piedra, como fiscal especial del caso Ayotzinapa, duplicó el personal a su cargo, no abrió nuevas líneas de investigación. (Expreso)

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BIO CÉSAR