En 2024, año en que se despenalizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en Puebla, las hospitalizaciones por aborto de mujeres indígenas disminuyeron un 36.1% en comparación con 2023, de acuerdo con información entregada por la Secretaría de Salud de Puebla.

Este dato sugiere que las mujeres y personas gestantes indígenas tienen más confianza de realizar los abortos en una etapa más temprana, o que se realizan más procedimientos seguros en casa y esto disminuye los eventos que se atienden en los hospitales, de acuerdo con Mara Zaragoza, subdirectora de Fortalecimiento de Ipas Latinoamérica y el Caribe.

Los egresos hospitalarios por aborto se tratarían de interrupciones del embarazo por violación o cuestiones de salud, ya sea riesgo de muerte para la persona gestante o malformaciones fetales, que se atienden como urgencias en hospitales y que generalmente están en etapas gestacionales avanzadas. También podrían ser sagrados masivos por abortos espontáneos o inducidos.

Zaragoza destacó que existe una estrecha relación entre muerte materna y abortos inseguros. En Puebla, por ejemplo, se registraron 42 defunciones en mujeres de todas las edades por causas relacionadas con el aborto de 2010 a 2022, según datos de Ipas.

Los egresos hospitalarios por aborto en población indígena sólo habían disminuido durante la pandemia por Covid-19, cuando también hubo una baja del 28.1%, al pasar de 64 en 2019 a 46 en 2020. Sin embargo, durante los años 2021 a 2023 volvieron a subir hasta llegar a 122 casos y en 2024 bajaron a 78.

Norte de Puebla, zona de riesgo

La Secretaría de Salud reportó 642 egresos hospitalarios por aborto de 2018 a 2025 de mujeres hablantes de lengua indígena. El primer lugar municipal es Zacapoaxtla, con 237 casos y que representan el 36.9% del total; luego sigue Huauchinango, con 112 casos; Tehuacán, con 57; Ahuacatlán, con 50 casos, Tlaola, con 40; Cuetzalan, con 34 y Pahuatlán, con 16.

El análisis regional marca una mayor incidencia de hospitalizaciones por aborto en las Sierras Norte y Nororiental del estado.

Anita Hernández, integrante de la Red de Formadoras Kualinemilis, en Cuetzalan, dijo que aún con la despenalización, en la zona existen varios retos para que las personas indígenas accedan a los servicios de aborto seguro.

Recordó un caso que acompañaron en junio de 2025. Se trató de una pareja indígena que quería una interrupción legal del embarazo (ILE), es decir, cuando el aborto es una decisión personal y no por violencia sexual o complicaciones de salud. Inicialmente acudieron al hospital en Zacapoaxtla, su municipio de origen, pero no les proporcionaron la información adecuada, además de que les hicieron esperar para recibir el medicamento.

Ante esta situación, optaron por trasladarse a Cuetzalan y pedir el acompañamiento de la red, quien les consiguió el medicamento de forma gratuita y así pudieron abortar de forma segura.

Para Hernández otra cuestión que complica el acceso a los abortos seguros es la desinformación en redes sociales, ya que muchas jóvenes les han pedido acompañamiento en etapas gestacionales avanzadas, debido a abortos inconclusos por informarse sólo a través de videos.

–Esto afecta, por supuesto, la salud de las mujeres y no se lleva un buen acompañamiento -dijo la activista.

Y es que en Cuetzalan, a pesar de que las interrupciones del embarazo se han realizado desde siempre usando la medicina tradicional, no se habla mucho del tema y las mujeres que lo practican son señaladas y juzgadas, agregó Anita Hernández.

En Tehuacán, las creencias pesan

Aunque Zacapoaxtla encabeza las cifras de hospitalizaciones por aborto de mujeres indígenas en Puebla, Tehuacán junto con Huauchinango son los municipios donde a partir de 2022 la incidencia se ha incrementado. Para febrero de 2025, Tehuacán era el que más casos tenía al acumular tres.

Esto podría deberse a que el personal de salud dificulta el acceso a las interrupciones del embarazo, incluso si es por razones de salud.

Haydee Contreras, acompañante psicosocial de mujeres del valle y región de Tehuacán, contó que entre junio y agosto de 2024 apoyó a una mujer indígena a abortar. Fue durante la consulta médica de su último embarazo que el personal de salud le advirtió a esta mujer que tenía una anemia severa y por ese motivo no era recomendable quedar encinta otra vez.

Sin embargo, se embarazó y, aunque no era plenamente su deseo, decidió interrumpirlo para preservar su salud. Fue entonces que en el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) le dijeron que sí, pero que tendría que ir al Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán y que desde allí se tendrían que solicitar su expediente médico, porque no se lo darían a ella.

Ante esta situación burocrática, que para Hayde podría relacionarse con que el personal médico prioriza sus creencias personales, la mujer prefirió hacer el procedimiento con sus propios medios y con ayuda de organizaciones civiles.

–Se sigue viendo como un delito (el aborto) y no como como un derecho a la salud de las mujeres, niñas y adolescentes-, sostuvo Contreras.

Las trabas que ponen trabajadores y trabajadoras del sector salud no afectarían sólo a las mujeres indígenas del municipio, sino de toda la región, puesto que allí se atenderían personas de comunidades indígenas nahuas, zapotecas, mixtecas, ngivas, mazatecas y hasta otomíes provenientes de otros municipios y hasta de Veracruz y Oaxaca.

Desde el punto de vista de la acompañante, otras de las dificultades que tendrían las mujeres y personas gestantes indígenas en la zona de Tehuacán es la falta de intérpretes para las atenciones y orientación. Aunque es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) quien facilitaría la interpretación, la mayoría de veces se busca entre la plantilla laboral quién lo haga o la misma paciente lleva a una persona cercana que le ayude a traducir del español a su idioma.

En la entidad predominan cinco lenguas indígenas: náhuatl 73.6% del total de hablantes, totonaco 16.9%, mazateco 2.9%, ngiva 2.5% y mixteco 1.3%, de acuerdo con datos del Consejo Estatal de Población (Coespo).

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Necesario descentralizar el servicio

El Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis) acompañó a 12 mujeres indígenas para que accedieran a un aborto legal después de ganar un amparo en diciembre de 2023, de ellas cinco sí recibieron la atención en el sector público y otras siete prefirieron hacerlo de forma independiente.

De manera oficial la Secretaría de Salud reconoció, vía transparencia, que sólo dos mujeres hablantes de lenguas indígenas se realizaron interrupciones legales del embarazo de 2024 a 2025.

Natalí Hernández, directora de Cafis, contó que hubo una mujer que sólo hablaba náhuatl que solicitó el apoyo de acompañamiento, el reto entonces fue asegurarse que tuviera la información adecuada, comprender su contexto y sus necesidades. En esas situaciones, dijo, han podido apoyarse de sus compañeras de otros municipios para que les faciliten ese proceso.

Para la activista, la falta de información en el idioma nativo dificultaría el acceso al servicio de una forma más ágil a las personas indígenas. Sin embargo, el principal desafío sería la descentralización del aborto, esto implicaría dotar de insumos y personal adecuados para que las mujeres y personas gestantes de municipios alejados no se tengan que trasladar a la ciudad de Puebla para abortar.

–Es importante que las instituciones ubiquen la necesidad de acercarles los servicios a sus centros de salud más inmediatos […] muchas veces el protocolo en centro de salud es que les otorguen el medicamento, muchas veces las hacen venir para darles el medicamento, cuando lo pueden adquirir, a lo mejor, en un contexto mucho más cercano -añadió Natalí.

Por su parte, Diana Moreno, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos Puebla (Ddeser), coincidió en la importancia de acercar el servicio de aborto seguro a las mujeres indígenas y de las periferias, puesto que para muchas de ellas no es una opción trasladarse a la ciudad de Puebla por el tiempo que se requiere y porque implicaría dejar sus actividades remuneradas o de cuidados.

Moreno mencionó el caso de una joven indígena que se dedicaba a la venta de flores y quien le dijo que cómo podía abortar sin que nadie se enterara, tampoco podía guardar reposo porque su trabajo implicaba cargar los ramos de flores en los camiones todos los días.

–No se trata solo del acceso, que es limitado y donde el servicio del programa de aborto seguro no es suficiente, sino cómo se atraviesa por un montón de cosas y vivencias que sí tienen que ver con la desigualdad social que se ha impuesto a las personas indígenas -expuso la activista.

En Puebla, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), habitan 615 mil 622 hablantes de lenguas indígenas: 289 mil 873 hombres y 325 mil 749 mujeres. En el Perfil sociodemográfico de los pueblos indígenas en Puebla se señala que “municipios con mayor proporción de población que se autodescribe como indígena, se encuentran en condiciones de alta y muy alta marginación y tienen proporciones muy elevadas de su población en condiciones de pobreza”.

Rumbo a la pertinencia cultural

La responsable estatal del Programa Aborto Seguro, Aurora Rivas Arenas, manifestó que el objetivo del programa es que todo el personal médico conozca la definición de aborto seguro, el uso de nuevas tecnologías y que sean procedimientos ambulatorios.

En el caso de mujeres hablantes de lenguas indígenas, procuran que en las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) se busque un intérprete, ya sea a través de la persona encargada del programa de violencia o del personal hospitalario, mientras se realizan los estudios de laboratorio, hemodinámica y ultrasonido, así como se analiza una posible agresión física.

Mientras que para las interrupciones legales buscarían que “los sistemas tengan su módulo de servicios de aborto seguro, pero en caso de que no haya especialistas o insumos, cada hospital debe tener sus rutas de atención, sus protocolos, flujograma y saber su directorio para saber a dónde más se puede derivar”.

Aunque reconoció que inicialmente con la despenalización vía amparo se daba el servicio de aborto en siete hospitales únicamente, casi todos en el área metropolitana de Puebla, a partir de agosto de 2024 se giraron oficios para que todos los hospitales del sector salud estatal sepan que pueden dar los servicios. Actualmente se estaría dando el servicio los hospitales de Acatlán, Huauchinango, Zacapoaxtla, Atlixco, Cholula, Huejotzingo, Tlatlauquitepec y Teziutlán.

–También ya hay hospitales más pequeños que ya van conociendo el protocolo y como son tratamientos farmacológicos ambulatorios se están sumando a poder dar el tratamiento, sabiendo que los riesgos no son tantos cuando se hace la atención adecuada en las semanas adecuadas -dijo la funcionaria.

Otra cuestión que estarían trabajando para acercar el servicio a mujeres y personas indígenas es los materiales de difusión sobre aborto seguro también sean publicados en náhuatl y totonaco.

Para Mara Zaragoza, de Ipas, sería importante que los servicios de aborto se brinden con pertinencia cultural, es decir, que además de atender la experiencia de la mujer, contestar sus preguntas, hacer un correcto manejo del dolor y darle consejería anticonceptiva si así lo desea, se entiendan los procesos familiares y comunitarios que tienen.

Y para ello debería existir una correcta profesionalización de parte de los servicios de salud para atender los abortos, para que se faciliten los procesos ambulatorios y se erradiquen los legrados, que actualmente representan el 51.7% de los procedimientos, a pesar de ser catalogados como “obsoleta” y “no recomendada” por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Además de hacer difusión sobre el aborto seguro, promover un diálogo abierto sobre ello, realizar ferias de salud y apoyar las redes de acompañamiento.

Anita Hernández apuntó que algunas de las acciones que están realizando para promover el acceso al aborto seguro en comunidades indígenas son brindar información en espacios educativos y colaborar con las radios comunitarias para que compartan información en lenguas originarias.

A su vez, Diana Moreno, de Ddser, enumeró unas sugerencias que se le ocurren para garantizar el aborto en las comunidades indígenas:

• Ampliar los servicios con estrategias que permitan a las personas acceder al medicamento, ya sea formando alianzas con las propias colectivas de acompañantas como con líderes comunitarias.
• Capacitar a las médicas tradicionales, curanderas y parteras en el uso del medicamento abortivo, misoprostol y mifepristona, para que complementen sus conocimientos.
• Extender el diálogo intercultural sobre el derecho al aborto en las propias comunidades y con personas tomadoras de decisiones.
• Brindar un verdadero acompañamiento con enfoque intercultural, no remitirse sólo al espacio del consultorio.
• Mantener una narrativa oficial a favor del aborto seguro.

Por su parte, Natalí Hernández destacó cuán relevante es sostener y alimentar una alianza con las redes de acompañantas para hacer llegar los insumos a lugares donde no hay infraestructura, como son muchas comunidades indígenas.

–El modelo de las acompañantes en el contexto de la despenalización del aborto sería algo que tendrían que estar mirando los servicios de salud, para fortalecer su implementación de servicios en otros contextos, porque al final las acompañantes pues hemos aprendido a dar servicios sin estructuras, a proporcionar cuidados e información. Creo que eso es un gran aprendizaje que tendría los espacios del sector salud para fortalecer sus servicios -apuntó.