Comunidades fracturadas, una década de luchas contra el gasoducto El Encino-Topolobampo

*Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de Territorial Alianza de Medios. Aquí puedes consultar su publicación.

Por Patricia Mayorga / Raíchali

Chihuahua – El proceso de construcción y puesta en marcha del gasoducto El Encino-Topolobampo dividió comunidades indígenas, sacrificó miles de pinos de la Sierra Madre Occidental y ha generado más de una década de manifestaciones en contra de por al menos una decena de comunidades indígenas.

En el año 2012, el gobierno federal aprobó la construcción de cuatro proyectos de construcción de gasoductos en el estado de Chihuahua, uno de estos, conocido como El Encino-Topolobampo, atravesó cinco municipios ubicados en la Sierra Madre Occidental, donde habita el pueblo rarámuri en decenas de comunidades que fueron afectadas ambientalmente y en su organización comunitaria.

Entre los tramos más importantes que anunciaron, se encontraban los gasoductos de Ojinaga-El Encino, El Encino-Lerdo, El Encino-Topolobampo y otros entre Samalayuca y Guasave, Sinaloa, adjudicados a las empresas TransCanada Corporation (hoy conocida como TC Energía), Grupo Carso e Infraestructura Energética Nova, esta última es filial de Sempra de Estados Unidos.

El proyecto El Encino-Topolobampo estuvo a cargo de la empresa TransCanada Corporation. Durante la construcción, que inició en 2014 y avanzó más en 2015, la empresa simuló procesos de consulta libre, previa e informada, sobornó a líderes indígenas y consultó a ejidatarios, no a las asambleas de las comunidades afectadas.

Con esas acciones, las autoridades violaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, libre e informada. Sin embargo, el gobierno federal no realizó consultas en su momento oportuno, ya que comenzó a acercarse a las comunidades hasta 2015, cuando algunas comenzaron a inconformarse cuando vieron sus árboles trazados y que la maquinaria pesada comenzaba a arrasar con su bosque porque el contrato con la empresa había sido asignado y firmado tres años antes.

Ese gasoducto, conformado por 524 kilómetros de longitud y en el que invirtieron 24 mil millones de pesos, importa gas fósil a México desde la cuenca del Pérmico ubicada en el estado de Texas, para ser conducido hasta el Golfo de California.

Un proceso desaseado de consultas simuladas

“Me puse a estudiar todo lo que era la consulta previa, libre e informada. Yo me amanecía sentada estudiando cómo debía de hacerse la consulta”, recuerda la intérprete rarámuri Todos los Santos Villalobos Vigil, quien actuó como traductora en las reuniones de la TransCanada con las comunidades a finales de 2014 y en 2015.

Villalobos Vigil acompañó, como traductora, a alrededor de diez comunidades del municipio de Bocoyna, principalmente, incluida su comunidad San Ignacio de Arareko, en donde enfrentó la más fuerte frustración porque la dividieron y sobornaron gobernadores tradicionales o siríame, así como a ejidatarios.

Una vez que la falta de consulta generó inconformidad y denuncias entre las comunidades rarámuri, los líderes comunitarios señalaron que no fueron informados de manera adecuada sobre el alcance del gasoducto ni sobre los impactos que traería a sus territorios. La empresa fue la encargada de convencer a las personas para la construcción del gasoducto; no fue el gobierno federal el que lideró las “consultas”.

Los primeros encuentros, promovidos por la Secretaría de Energía y representantes de la empresa Transportadora de Gas Natural del Noroeste (filial de TransCanada), fueron percibidos por los habitantes como un simple trámite administrativo, en el que las decisiones ya estaban tomadas.

Y es que las reuniones estuvieron dominadas por discursos técnicos y promesas de desarrollo, sin atender las preocupaciones sobre la afectación a manantiales, bosques, microclimas y tierras de cultivo.

El proyecto también generó divisiones internas en las comunidades. Mientras que los ejidatarios recibieron compensaciones económicas y apoyos en especie, como cemento, láminas, tinacos o incluso vehículos, muchos comuneros quedaron excluidos de los beneficios. Esto provocó conflictos, ya que las autoridades ejidales y algunos funcionarios fueron acusados de corrupción y de apropiarse de los recursos. La entrega de dinero y bienes materiales no solucionó las tensiones, sino que aumentó la desconfianza y debilitó la cohesión social de los pueblos indígenas.

Todos los Santos Villalobos recordó que el proceso de consulta fue simulado. Ella y otras personas de comunidades se enfocaron en que no sólo se tradujeran las reuniones con la empresa, sino en detallar los riesgos ambientales y comunitarios.

Cuando llegaron a su comunidad, quienes lideraban el proceso de consulta, trataron de convencerla de los beneficios del proyecto, para que lo transmitiera a los habitantes de San Ignacio de Arareko, pero ella se negó.

La empresa y los funcionarios encargados de convencerlos, recorrieron las rancherías de San Ignacio de Arareko, para hablar con ejidatarios y siriame (gobernador tradicional rarámuri) con el objeto de cooptarlos y ofrecerles dinero.

“O sea, los siriame eran los que daban voz a cada ranchería, pero no consultaron a la comunidad. Eran los siriame los que sellaban los papeles de cada supuesta minuta (…) luego buscaron al comisariado ejidal, negociaron con ejidatarios, pero no hubo una consulta a la comunidad”, señaló Villalobos Vigil.

La empresa les convenció y construyeron una cabaña cerca del Lago de Arareko, “metieron electrificación, arreglaron un pozo donde vivía el comisariado ejidal, pero afectaron muchos terrenos donde las personas sembraban sus parcelas y que ahora ya no siembran”.

Cuando comenzaron a talar los árboles, “nos dijeron que nos iban a decir cuántos árboles tumbaron, cuántos animalitos dañaron como víboras, arañas, lo que se fuera juntando en el área donde iban tumbando árboles. Nunca nos entregaron el registro”.

La comunidad quedó dividida porque pesó más la opinión y los votos de los ejidatarios, en su mayoría hombres, ya que les regalaron a cada familia 10 sacos de cemento, un tinaco de agua por persona, y 10 hojas de lámina.

A los ejidatarios les dieron 86 mil pesos y la mayoría compró vehículos usados, indica Todos los Santos Villalobos. En ese tiempo eran alrededor de 365 ejidatarios.

“Y luego les dieron un cheque, todo mundo iba a cambiarlo en el banco y claro que muchos no podían hacerlo”.

Al iniciar el año 2015, las comunidades de Pitorreal y San Luis Majimachi del municipio de Bocoyna promovieron amparos contra la construcción del gasoducto y les otorgaron la suspensión provisional para parar las obras de construcción.

Fátima Valdivia, directora de la organización Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas (Cecaddhi), explicó que ambas comunidades se desistieron del amparo una vez que lo habían ganado, porque la empresa se acercó con ellas.

Los habitantes de San Luis Majimachi realizaron una manifestación en mayo de 2015 porque la empresa no respetó la suspensión definitiva que les otorgó el Juzgado Tercero de Distrito y continuó las obras en su territorio.

Aquella ocasión denunciaron que el gobierno del estado, a través de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, se quedó con entre 40 y 60 millones del fondo social de la empresa, luego de que en febrero realizaron una asamblea y levantaron un acta, con engaños, para ceder parte del beneficio del fondo social a la Coordinadora.

El entonces gobernador de San Luis Majimachi, José de la Luz González Cruz, informó que los empleados de la empresa fingieron que eran encuestadores que realizaban un censo y les pidieron a los indígenas sus datos, huellas digitales o firmas, pero en realidad era un documento en el que presuntamente autorizaba la instalación del gasoducto, que presentaron ante el juez.

Asimismo, denunciaron que representantes de la empresa aprovecharon una fiesta comunitaria, para acercar bebidas alcohólicas a las personas de la comunidad y les pedían firmas o huellas digitales.

Meses después, la empresa logró coaccionar a parte de la comunidad y ésta desistió del amparo.

La comunidad de Mogótavo, del municipio de Urique, también promovió un amparo para que la empresa realizara la consulta a la comunidad de manera legal, ya que se percataron del proyecto hasta que estaba en construcción.

La exposición del proyecto estuvo a cargo de la empresa, los gobiernos estatal y federal fueron omisos ante la consulta. Ya habían violado los derechos de la comunidad, la construcción había iniciado, por lo que obligaron a la empresa a recorrer el territorio con ellos para que les detallaran las medidas de seguridad en caso de fuga o explosiones.

Una vez que la empresa consideró que estaban solventadas las exigencias, permitieron la obra a cambio de la construcción de una escuela e inversión en la salud de la comunidad.

La resistencia legal

Durante el proceso de construcción, sólo la comunidad de Bosques San Elías Repechique impidió por un amparo que el gasoducto atravesara su territorio y obligó a la empresa a desviar el trayecto original del proyecto.

Y en 2023, la comunidad de Guajipa del seccional de Témoris del municipio de Guazapares de la Sierra Tarahumara, cerró una válvula del gasoducto porque los pobladores escuchaban “rugir” la tierra y algunas viviendas presentaron grietas en su estructura, por lo que promovieron una denuncia legal por los daños que causó sobre un trayecto de 200 metros del proyecto que atraviesa sus tierras agrarias.

Desde 2018, la comunidad interpuso un amparo y el Tribunal Unitario Agrario acató una sentencia de amparo y ordenó a la empresa TC Energy, que realizara un nuevo convenio de compensación.

El Tribunal Unitario Agrario del distrito 5 en Chihuahua reconoció ese mismo año la falsedad del acta de asamblea y diversas violaciones a la Ley de Hidrocarburos, ya que el ducto pasó por propiedades privadas y hubo incumplimiento de acuerdos. La obra quedó sin funcionamiento, mientras que la CFE pagó la renta correspondiente con el gasoducto paralizado.

Actualmente, el gasoducto opera para suministrar sólo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para comunidades de la Sierra Tarahumara, el gasoducto está suspendido, pero ha habido desinformación respecto a la operación del proyecto energético.

La alerta se activa

Comunidades indígenas, de pescadores y prestadores de servicios turísticos de las bahías de Santa María, Ohuira y Topolobampo, en el estado de Sinaloa, han iniciado una serie de acciones de resistencia para oponerse a la construcción de una planta que produciría 2 mil 200 toneladas diarias de amoníaco (un gas sumamente peligroso utilizado para la producción de fertilizantes). Esta planta tendría un alto consumo de gas natural que le suministraría el gasoducto Encino-Topolobampo.

Melina M. Sandoval, lideresa de la comunidad Lázaro Cárdenas, detalló que las comunidades están a la orilla del mar, y que con la construcción de la planta de amoniaco frente a Topolobampo, se trastocará el espejo de agua de 700 metros que abarca la boca de la bahía de Ohuira. “Esta planta la miramos como una puerta a la boca, nos lastimaría en la actividad porque van a restringir áreas de pesca alrededor, va a haber máquinas alrededor en constante movimiento, todo eso miramos que por sentido común va a quedar dañado”.

Las comunidades afectadas serán, además del puerto de Topolobampo, Lázaro Cárdenas, Campo Pesquero, Caderones y Ohuira, en donde habitan personas del pueblo yoreme-mayo.

Respecto del gasoducto El Encino-Topolobampo, Melina M. Sandoval detalló que están en trabajo de construcción en esa zona, pero ellos se han opuesto hasta que realicen las consultas correspondientes a las comunidades indígenas. “Nada más se han tenido dos reuniones porque son 4 estudios y solicitamos que les hicieran una reunión por estudio, porque pretendían darles en una sola asamblea informativa la información de los cuatro. Tienen tiempo que no se ha sabido nada de ellos, sabemos que el proyecto está ahí pero ya no continuaron con las reuniones informativas”.

El gas reconfigura la región entera, además de la planta de amoníaco, la empresa Sempra busca construir una planta de licuefacción de gas en la bahía. Esta planta tendría el objetivo de exportar gas de EEUU a los mercados asiáticos, el mismo esquema que se ha anunciado para el proyecto Saguaro en Puerto Libertad, Sonora. En el caso de Vista Pacífico sería una terminal flotante, lo que implicaría una mayor presencia en las zonas de pesca, trastocando la dinámica actual de la bahía y sus comunidades. “Aún no llega la construcción allá, no sé si sea la misma empresa, viene otro gasoducto para Topolobampo, por Sener (Secretaría de Energía) y le empresa Vista Pacífico (filial de Sempra Eenergía). Nos dimos cuenta por la planta de licuefacción que pretenden poner en la bahía”, agregó la activista.

Las comunidades promovieron un amparo contra la planta de amoniaco que pretenden construir ahí, pero la empresa continúa con los trabajos. Por ese amparo, la empresa buscó consultar a las comunidades para llegar a acuerdos, pero la exigencia es que se les consulte por cada proyecto. No se trata de un solo proyecto, sino de la transformación de lo que hoy es una zona de pesca de camarón y turismo a una vocación industrial.

(Este trabajo fue realizado con el apoyo de Conexiones Climáticas)