Verónica Ramírez dormía en su casa en Ciudad Sahagún, Hidalgo, cuando en plena madrugada de mayo de 2014 unos 13 policías ministeriales de Puebla tocaron la puerta. Le dijeron que estaban armados y de no abrir, entrarían por la fuerza. Cuando ella obedeció ya habían roto los cristales de las ventanas, inmediatamente le pusieron una cobija en la cabeza y comenzaron a golpearla. Se la llevaron frente a su hijo de cinco años y su madre.

En las 11 horas que pasaron entre su detención y la presentación con una autoridad, los agentes la golpearon, la cambiaron varias veces de vehículo y la llevaron a diferentes casas de seguridad o separos, donde la siguieron violentando y la amenazaron con desaparecer a su madre e hijo, a quienes supuestamente tenían en esos lugares. También la desnudaron y le tomaron fotografías.

De acuerdo con el Diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad en México 2022, de la Secretaría de Gobernación (Segob) federal, la tortura sexual es: “toda forma de tortura basada en discriminación por razones de género que violenta el cuerpo de las mujeres, por medio de actos como la desnudez forzada, manoseos, golpes u otro tipo de lesiones en senos, glúteos o genitales; violación sexual vía oral, vaginal, anal o amenaza de cometer esta o introducción de objetos en las cavidades que realizan de manera intencional las personas servidoras públicas. Tiene como finalidad insultar, intimidar, degradar, humillar, controlar, obtener información o una confesión, castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o con cualquier otro fin”.

Así como Verónica fue objeto de tortura sexual para declararse culpable por dos secuestros, para esta investigación se encontraron al menos otros dos casos similares, el de Ana en 2017 y el de otra mujer a la que identificaremos como Emma, en 2020. Sus historias son una muestra mínima, si se considera que de 2006 a 2023 se abrieron 424 carpetas de investigación en Puebla por tortura de mujeres, según datos del propio Diagnóstico de la Segob (2006 a 2021) y reportes de Observatorio contra la tortura (2022 a 2023).

Los hechos de tortura han dejado una marca profunda en estas mujeres, sin embargo, se ha prolongado para Verónica y Emma*, quienes permanecen en prisión lejos de sus familias.

Tortura y fabricación de delitos

El 16 de mayo de 2017, Ana se encontraba en Acatlán de Osorio con su esposo y los hermanos de su esposo. Se hospedaron primero en el hotel Ángeles, allí unos policías ministeriales se quejaron en la recepción por el ruido que hacían ellos. Aunque intentaron pagar una noche más, no pudieron y se cambiaron al hotel Mandino.

A la madrugada siguiente Ana, su esposo y otros de sus familiares fueron sacados con violencia del hotel y detenidos como parte del operativo “Escudo Zaragoza”, según la Recomendación 07/2025, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Puebla.

Ana narró el 6 de junio al personal de la CEDH que la sacaron en pijama y descalza alrededor de las tres de la madrugada. La tuvieron esposada por más de cuatro horas, ella dijo en varias ocasiones a los ministeriales que las esposas estaban muy apretadas y la lastimaban, pero no se las aflojaron.

A ella y sus familiares los trasladaron al Cereso de Acatlán, donde fue jaloneada, insultada y golpeada en la cara, en varias ocasiones vio cómo torturaban a su esposo y a sus cuñados. Les tuvieron así cuatro días, Ana fue constantemente cacheteada, jaloneada y amenazada para que diera información o le harían descargas eléctricas en los genitales, como a su esposo. En un momento le rompieron la ropa interior.

Después de varios días de tratos crueles y tortura, les hicieron firmar varios documentos donde se inculpaban por el supuesto robo de una refresquera. Los presentaron ante los medios de comunicación como una banda y los trasladaron al Cereso de Izúcar de Matamoros.

De acuerdo con el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, de Amnistía Internacional (2016), en “la estrategia de seguridad empleada en México como en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’, es frecuente que las mujeres sean detenidas durante arrestos en grupo y acusadas de ser novias de delincuentes y cómplices de actos delictivos, sin que existan pruebas sólidas que respalden esas acusaciones”.

A pesar de que en el país está totalmente prohibida la tortura, Amnistía Internacional señala que existe una impunidad muy alta y que las propias personas juzgadoras “han hecho recaer injustamente la carga de la prueba en la persona sobreviviente de tortura”.

Ejemplo de ello es que en Puebla, de las 424 carpetas de investigación abiertas por tortura contra mujeres, no hay sentencias condenatorias.

La intervención de las personas juzgadoras también deja mucho que desear, pues según el Diagnóstico de tortura sexual de la Segb, solo 14.2% de mujeres privadas de la libertad refirieron que, en algún momento de su proceso judicial, la persona juzgadora les preguntó directamente si fueron víctimas de tortura. Esto a pesar que el 73% manifestó haber sufrido algún tipo de violencia durante su arresto.

Los datos concuerdan con los arrojados en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2021, ya que el 64.4% de la población de mujeres privada de la libertad mencionó haber sufrido algún acto de violencia antes de llegar al Ministerio Público. Las prácticas más comunes son:

• Haberla mantenido incomunicada o aislada, 48.7%
• Ser amenazada con hacerle daño a su familia, 29.9%
• Otro tipo de amenazas, 16.2%
• Daño a su familia, 8.6%

El 15.5% de la población carcelaria de mujeres recibió agresiones sexuales por parte de la policía o autoridad que la detuvo y 4.8% fueron violadas sexualmente, es decir, actos que podrían considerarse tortura sexual.

La CEDH acreditó que Ana presentaba “trastornos de tipo psicológico, así como reacciones comúnmente identificadas en víctimas sobrevivientes de un evento de tortura”. Aunque ella recuperó su libertad el 4 de julio de 2017, cuando se le concedió la suspensión condicional del proceso, su esposo murió en prisión en 2019, debido a complicaciones de salud derivadas de la tortura de la cual fue objeto.

Sin protección ni justicia

Verónica lleva más de 11 años en prisión sentenciada por secuestro. Aunque la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establecen que ninguna declaración que sea resultado de la tortura puede ser invocada como prueba.

Su caso, además, muestra una falta de perspectiva de género por parte del Poder Jucial, de acuerdo con el abogado Neftaly Pérez, de la firma legal Artículo Primero, quien le da acompañamiento legal. Esto debido a que Verónica fue coaccionada y obligada a participar en los delitos de los cuales se le acusa.

De acuerdo con el abogado, en 2014 ella trabajaba como estilista y bailarina nocturna en Ciudad de México y fue allí donde unos de sus compañeros de trabajo, un cadenero y varios meseros, la invitaron a participar en una reunión con un arquitecto que abriría un centro nocturno en San Martín Texmelucan, Puebla.

Al día siguiente llegaron al terreno donde supuestamente se construiría el negocio, repentinamente llegaron varias personas que ella no conocía y secuestraron al arquitecto. Tanto a Verónica como a la víctima se las llevaron a una casa, estando allí le dijeron que tenía que “poner a su novio” (obligarlo a participar), pero no quiso y a cambio tuvo que participar en el secuestro de otra persona.

Entonces la llevaron a trabajar a un centro nocturno de Texmelucan, donde ya tenían ubicada a una nueva víctima, a quien ella tendría que citar en un hotel para ofrecerle servicios sexuales y así le privaron de la libertad. Después de esto, Verónica decidió regresar a Ciudad Sahagún y volver a trabajar como estilista. Meses después fue detenida.

—Durante los días siguientes a mi detención tenía ansiedad y lloraba mucho. Me dolía todo el cuerpo y me quedaron las marcas de las lesiones que me fueron ocasionadas en ese momento. Desde entonces no escucho bien del oído izquierdo-, cuenta Verónica en un escrito.

En 2016, Verónica recibió una sentencia de 60 años por dos secuestros. Ella apeló en dos ocasiones la sentencia, 2018 y 2020, debido a los actos de tortura a los que fue sometida. A pesar de ello, en diciembre de 2023 se le ratificó la sentencia por uno de los secuestros. Mientras que los hombres que planearon y ejecutaron los delitos obtuvieron su libertad.

Neftaly Pérez Rodríguez dijo que al momento de dictar la sentencia contra Verónica, el Poder Judicial de Puebla no sólo desestimó los actos de tortura, sino que incumplió con su obligación de juzgar con perspectiva de género, puesto que en el primer evento fue llevada con base a engaños y en el segundo fue obligada a participar bajo amenaza de hacerle daño a su familia y novio.

El caso de Emma es similar, el 28 de noviembre de 2022, el Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal de la Región Judicial Centro Poniente dictó sentencia condenatoria en contra de ella y su novio por el delito de secuestro, aunque él obtuvo su libertad al haberse decretado auto de no vinculación a proceso.

Todo esto después de que una tarde de septiembre de 2020 Emma, como llamaremos a la víctima, fue abordada por un hombre y una mujer mientras caminaba por Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Dichas personas le preguntaron por un vehículo que su novio puso en venta, ella les dijo que fueran a su casa a verlo y después de cinco minutos fueron interceptados por varias personas a bordo de una camioneta, quienes la obligaron a subir al vehículo.

Según consta en la Recomendación 5/2024 de la CEDH de Puebla, Emma fue llevada a una casa de seguridad, donde agentes ministeriales la desnudaron, amarraron de los pies y manos. Después le colocaron una tela en el rostro y le echaron agua, para darle la sensación de ahogamiento, además la golpearon continuamente. La tortura siguió en su casa, donde la arrastraron del cabello, la golpearon y le dijeron que matarían a sus hijas.

Como las menores no estaban en su domicilio, fueron a buscarlas con su comadre. Una vez allí, los agentes ministeriales amenazaron a sus hijas con armas de fuego. Volvieron a subir a Emma a un vehículo donde la siguieron golpeando, sobre todo en las piernas y en los glúteos, además le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza.

La llevaron con su novio, a él también lo detuvieron. Ya en la madrugada, los trasladaron a otra casa de seguridad donde los golpes, los ahogamientos y las amenazas con asesinar a sus hijas se prolongaron, además le rompieron la ropa. Todo antes de ponerlos a disposición del ministerio público en Puebla.

—Yo creo que en mi vida había sentido algo así, mucha desesperación, no pues yo decía que me iban a matar […] Me encueraron o sea me desnudaron total y yo sí dije pues me van a violar, fue lo primero que yo me imaginé–, narró Emma a visitadores de la CEDH.

Por tales hechos, la Comisión de Derechos humanos consideró “que, como una consecuencia lógico-jurídica de estos actos, la detención de V1 (a quien en este texto llamamos Emma), a pesar de haber sido calificada de legal por el Juez de Control correspondiente, debe ser considerada como arbitraria”. Sin embargo, no fue liberada.

Pelea por la libertad

Pese a que sus detenciones se dieron en contextos de tortura, Verónica y Emma siguen privadas de su libertad, ambas por secuestro. Según el Diagnóstico sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de libertad, el 61% de las mujeres que señalaron tortura sexual fueron sentenciadas principalmente por los delitos de secuestro, homicidio, robo y delitos contra la salud.

Parece que no es casualidad que Enpol 2021 señale que los delitos por los hay más mujeres que hombres sentenciados son:

• Secuestro y secuestro exprés, mujeres 23.9% contra hombres 11.7%
• Posesión ilegal de drogas, 7% mujeres contra 4.6% de hombres
• Privación de la libertad, 3.7% mujeres contra 3% hombres
• Delincuencia organizada, 4.1% mujeres contra 2.4% hombres

Esto podría deberse, como señala Amnistía Internacional, a que “en el contexto de la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ en México, las autoridades parecen considerar a las mujeres el eslabón más débil de la cadena. Las ven como a un blanco fácil para la detención”.

Los principales perpetradores de tortura en contra de mujeres en Puebla, de acuerdo con el Observatorio contra la tortura, son los integrantes de la Fiscalía General del Estado, sobre quien pesarían 41 quejas por actos de tortura.

Asimismo, el informe “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado” (2018), del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dice que las mujeres acusadas por delincuencia organizada o delitos asociados son enviadas a cientos de kilómetros de sus familias. Las consecuencias son “incontables dificultades que enfrentan las familias y las mujeres tanto para paliar las consecuencias (económicas, emocionales, de salud, etcétera) de su detención, tortura y reclusión, como para exigir un debido proceso”.

La tortura contra Verónica y Emma se extendió a sus hijas e hijos. El Centro Prodh explica: la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres en el momento de la tortura facilita que se cometan otro tipo de violaciones a derechos, de manera directa o indirecta, contra de sus familiares y en especial menores de edad.

“Los sufrimientos tienen un impacto directo que va más allá de la víctima directa y afectan también la relación con su familia y su comunidad. Por tanto, la tortura sexual es utilizada en diversas ocasiones para atemorizar, someter o castigar a un colectivo mediante la victimización de una persona”, dice el Centro Prodh.

Esto es una constante en todo el país, la Enpol evidenció el 28.4% de las mujeres privadas de la libertad señalaron que se inculparon por un delito debido a que fueron amenazadas con hacerle daño a su familia.

Para Amnistía Internacional “el trauma psicológico a menudo se hace extensivo a los familiares que han presenciado la violenta detención de su ser querido o que sufren el dolor de la separación. Además, las familias de quienes sobreviven a la tortura suelen soportar una carga adicional en forma de dificultades económicas y estigma social”.

Es por ello que se vuelve urgente no sólo la liberación de estas mujeres, sino una reparación de ellas y sus familias, como la propia CEDH ha recomendado en el caso de Emma y Ana.

Verónica ha solicitado la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, puesto que desde noviembre de 2014 en su declaración preparatoria señaló los actos de tortura en su contra y varias otras violaciones a sus derechos humanos. Y por eso desde el Centro de Readaptación Social de Ciudad Serdán señala:

—Las autoridades responsables se aprovecharon de mi estado de incertidumbre, indefensión y desconocimiento, lo que debe de ser investigado.

Queda ahora en manos de la CEDH emitir una recomendación al respecto y del Poder Judicial excluir de pruebas obtenidas por tortura, como lo establece la ley en materia de tortura y el Código Nacional de Procedimientos Penales.