Consejo del Mecanismo de Protección pide al gobierno investigue el asesinato de Rafael Murúa por su trabajo periodístico

Foto: Roberto Ortiz

El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas de Derechos Humanos y Periodistas en México de la Secretaría de Gobernación, exigió la investigación inmediata del asesinato del periodista Rafael Murúa Martínez en Baja California, así como de los defensores José Santiago Gómez y Noé Jimenez Pablo en Chiapas.

Ante el asesinato del periodista Rafael Murúa Martínez, director de la radio comunitaria “RadioKshana” en Baja California Sur, el Consejo demandó una investigación diligente, oportuna y exhaustiva, que pondere la línea de investigación relacionada con su labor periodística y exige a las autoridades locales y estatales abstenerse de criminalizar a la víctima ya su familia.

Señalaron que en noviembre de 2018, el comunicador señaló que se encontraba hostigado y amenazado por el alcalde de Mulegé, Felipe Prado Bautista.

Además, recalcaron que desde junio de 2017, Murúa estaba bajo el Mecanismo, por lo que pidieron una revisión urgente de su caso, en aras de detectar posibles fallas en su esquema de protección y cuyas acciones y omisiones puedan replicarse en otros casos.

Así mismo, exigieron el esclarecimiento del doble asesinato de los defensores Noé Jiménez Pablo, beneficiario del Mecanismo, e integrante del MOCRI-CNPA-MN y de José Santiago Gómez, activista y luchador social, ambos integrantes del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán.

Ante esto, el Consejo manifestó su preocupación por la falta de acción para proteger a las 31 personas de Amatán, incorporadas al Mecanismo, y que actualmente se encuentran en un mayor nivel de riesgo.

Es por ello, se hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que sin demoras:

Impulse una política integral de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas con perspectiva de género y enfoque diferencial.

Asi mismo, garantice la acción inmediata, oportuna y efectiva, en las medidas de protección que su gobierno implemente para hacer efectivo el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Por último, se realice de manera inmediata las investigaciones necesarias para que se conozca la verdad de los hechos y se sancione a los autores intelectuales, responsables de la desaparición y posteriores asesinatos referidos con anteriores.

Al fiscal Alejandra Gertz Moreno se le demandó cero impunidad en los atentados contra periodistas y personas defensoras y eliminar el rezago en las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial para Atender Delitos contra la Libertad de Expresión.