Abuso y maltrato, riesgos de la vejez

Anciano tojolabal expresa su fe. Foto: Elizabeth Ruiz

En Chiapas existen alrededor de 450 mil adultos mayores que pueden encontrarse en riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales, ya que el abuso y maltrato en la vejez es un problema de salud pública y social que disminuye su calidad de vida y lesiona la dignidad de las víctimas, mencionó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Esto último genera diversos obstáculos para acceder a los mercados laboral y financiero, a bienes y servicios, los cambios en las estructuras familiares y las nuevas relaciones intergeneracionales.

Ante esto, la CNDH puntualizó que el maltrato y abuso en la vejez son delitos que, por lo general, no se denuncian debido al vínculo familiar entre la persona que agrede y la víctima, la dependencia económica y física de la persona mayor respecto de quien genera la violencia, o la falta de acceso a las instancias de procuración de justicia

De acuerdo con cifras de esta CNDH, en su Informe Especial sobre los Derechos de las Personas Mayores, publicado en febrero de este año, entre el 1 de enero de 2014 a 29 de febrero de 2016 se presentaron 34,200 denuncias por delitos contra personas mayores, de las cuales el 57% se inició por delitos patrimoniales (despojo, robo a casa habitación, fraude, daños en propiedad privada, entre otros).

Además, el 16% por violencia familiar; 8% por lesiones; 5% por amenazas; 4% homicidio y, en menor porcentaje, ilícitos como violación y abuso sexual; privación ilegal de la libertad; abandono de persona; omisión de cuidados; responsabilidad médica; trata de personas; explotación y discriminación.

Por tanto, el maltrato o la falta de acción apropiada que producen daño físico, psicológico o sexual contra las personas mayores, en la mayoría de los casos se comete por integrantes de su círculo más cercano, como el o la cónyuge, hijos o hijas, nietos o nietas, nueras, yernos y cuidadores.

Además, enfatizó la necesidad de fortalecer y profesionalizar la vigilancia y supervisión de los centros de asistencia social y albergues públicos y privados para garantizar la integridad, dignidad y seguridad de las y los usuarios; promover la capacitación de su personal y gestionar que se incorporen los enfoques de derechos humanos, de ciclo de vida, de género y la transversalidad como ejes rectores de la legislación, políticas públicas, planes, programas y cualquier medida dirigida a la población de 60 años en adelante.