Nueve años y un solo deseo. Desplazamiento forzado de familias del ejido Puebla, Chenalhó*
Por Juan Carlos Hernández Ortega y Kenia Berenice Roque Velazquez
Este texto aborda la situación de 280 personas tsotsiles desplazadas forzadamente del ejido Puebla, Chenalhó, en los Altos de Chiapas, quienes desde el 26 de mayo de 2016 se encuentran refugiadas en un campamento improvisado en San Cristóbal de Las Casas. El texto se centra en conocer su situación actual, las múltiples afectaciones que este desplazamiento ha generado, abarcando desde cambios drásticos en su salud, alimentación y actividades laborales, hasta la pérdida de sus tradiciones. Actualmente las hostilidades se han apaciguado, abriendo la posibilidad de un retorno seguro. Las autoridades municipales están colaborando, pero es necesario que todos los niveles de gobierno participen para garantizar el derecho de las familias desplazadas a servicios básicos de seguridad, salud y alimentación, y hacer del retorno una realidad.
A nueve años del desplazamiento forzado del ejido Puebla, Chenalhó
Eran las 4:00 de la tarde, del 21 de mayo de 2025, el día se sentía apacible, el cielo nublado y calmo, el clima agradable. Nos recibió el letrero “Prohibido estacionarse, lugar bigilado las 24 horas” y un camper de policía vacío. Es la entrada al campamento ubicado en San Cristóbal de Las Casas, donde radican 280 personas tsotsiles, desplazadas del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, en los Altos de Chiapas.
Un profesor y 4 estudiantes del Colegio de la Frontera Sur visitamos el campamento para entrevistar a las familias desplazadas. El campamento que habitan se encuentra en las periferias de San Cristóbal de Las Casas, en un espacio que antes era ocupado para la crianza de gallinas y conejos. Durante nuestra visita, alrededor de 10 niños jugaban, corrían y gritaban en el patio, que le daban alegría y vida a un lugar que a primera vista muestra las carencias y dificultades en que viven. Platicamos con 3 de sus representantes, hombres adultos jóvenes desplazados que fungen como portavoces de las familias y son quienes asisten en las negociaciones con autoridades de gobierno. Los representantes nos recibieron amablemente y escucharon con interés nuestras preguntas que giraron en torno a su situación de salud, de vida, sus formas de resistencia y el contexto político para su retorno al municipio de Chenalhó.
El 26 de mayo de 2016, cincuenta y cuatro familias del ejido Puebla fueron obligadas a abandonar su hogar por las agresiones de un grupo armado que se conformó en el municipio de Chenalhó. En el proceso de elección de autoridades municipales del 2015 se presionó a toda la población del ejido a votar por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Al abstenerse de participar, 54 familias resultaron víctimas del proceso violento en el que fueron asesinadas 2 personas, una de ellas menor de edad, y el resto desplazadas de sus hogares (Sipaz 2019).
Nueve años se cumplen ya viviendo en un contexto citadino, completamente distinto al de su territorio campesino de Chenalhó y luchando por volver a su hogar. De acuerdo con las notas de periódicos publicadas en años anteriores, en este tiempo las personas desplazadas han realizado múltiples actividades como plantones afuera del Palacio de Gobierno, volanteos y tomas de casetas (Chiapas Paralelo 2019), con el fin de llamar la atención del Estado Mexicano y buscar la protección de sus derechos humanos. Las distintas reuniones que han tenido con diferentes instancias de gobierno tampoco han sido favorables porque no han resuelto sus principales demandas del retorno seguro, desarme del grupo de agresores, reparación de los daños y castigo a los culpables. En todo caso, los avances logrados han sido pocos y lentos, pero las familias desplazadas siguen insistiendo y resistiendo.
Un desplazamiento forzado no solo es físico, sino cultural
El desplazamiento interno representa muchos retos y desórdenes en la cotidianidad de las personas. Va más allá de dejar el lugar donde habitaban y representa un choque cultural por la vida que habían construido durante varias generaciones.
En la entrevista los representantes de las familias desplazadas compartieron lo difícil que ha sido el estar fuera de su hogar durante los últimos nueve años “Al recién del desplazamiento, sí se enfermaron muchas mujeres, lloraban a diario, extrañaban sus casas, lo que habían dejado”, situación que ha trastocado su salud, el trabajo que desempeñan, su alimentación, las tradiciones que solían celebrar, incluso sus formas de entretenimiento y diversión. La nostalgia y tristeza que expresaron y que sintieron durante el desplazamiento se ha prolongado por casi una década, les obligaron a dejar su comunidad y, al mismo tiempo, a enfrentarse a una vida y una realidad ajena a su costumbre y su vida campesina, como relata uno de nuestros entrevistados: “Extrañar allá es nuestros patrimonios, porque acá no hay nada. Vivir allá es mejor. [Tenemos] nuestras casitas, terreno, podemos trabajar, cultivar algo, pero ¿acá dónde?”.
Una de las afectaciones más sentidas que compartieron los representantes del grupo de familias desplazadas es referente a la alimentación. El estar fuera de su comunidad les ha generado un drástico cambio en los alimentos que consumen. Uno de los entrevistados mencionó que solían cultivar y cosechar productos para su autoconsumo como el maíz, el frijol y el café. En contraste con su situación actual, su dieta se ha modificado y depende de las despensas otorgadas por instancias públicas como Protección Civil y el DIF Municipal de San Cristóbal de Las Casas. Esto ha transformado la base de su alimentación de productos locales a productos industrializados, lo que se ha reflejado en el aumento de enfermedades gastrointestinales, principalmente en las niñas y niños. Compartieron también las dificultades que tienen para poder adquirir frutas y verduras, porque los precios se han elevado y no cuentan con un trabajo o ingreso formal para comprarlos. Esto se contrapone con la forma de vida que tenían en su comunidad de origen, donde contaban con sus propios árboles frutales, huertos y parcelas como complemento de su alimentación sin la necesidad de realizar un gasto extra: “Allá no compramos naranja, manzana, nada allá en mi pueblo. Pero aquí tienes que comprar, si quieres mango, si quieres naranja, si quieres plátano, tienes que comprar. Si no tienes dinero quedas sin comer. Allá en mi pueblo [la tierra] lo da todo”.
Como menciona el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en su informe Chiapas, un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado (2023), las niñas, niños y adolescentes representan uno de los grupos en quienes el desplazamiento forzado genera un mayor impacto, discriminación y marginalización, porque vulnera sus derechos al acceso a servicios de salud y a la educación. Las familias desplazadas de Chenalhó han adaptado un espacio que funciona como escuela y el Estado les proporciona docentes que brindan educación preescolar y primaria. Los horarios han sido ajustados para que las niñas y niños más pequeños acudan al principio de las mañanas y posteriormente lo hacen quienes reciben educación primaria. Esto forma parte de la resistencia que las personas realizan para contrarrestar la situación de desplazamiento, para mitigar los daños en las infancias y luchar por la esperanza de un mejor futuro para las siguientes generaciones. Pero también es importante hacer notar que la bodega que se ha adaptado para funcionar como escuela, no cuenta con las condiciones óptimas para la educación, aunado a la falta de mobiliario, de útiles escolares, de personal suficiente y de áreas de recreación.
En las personas adultas, la imposibilidad de regresar a su lugar de origen ha generado retos a nivel personal, familiar y comunitario. En el nivel personal, una de las secuelas del desplazamiento se identifica en el cambio de actividades laborales y productivas; los representantes mencionaron que han tenido que trabajar en actividades relacionadas con la construcción y como jornaleros, lo que se refleja en ingresos económicos limitados. Al dejar su hogar, las familias desplazadas también tuvieron que abandonar sus cafetales, solares y parcelas, los cuales a falta de mantenimiento se encuentran en total deterioro.
El derecho a una vivienda digna también se ve trastocado. Los espacios que habitan han sido adaptados, pero no son suficientes ni cumplen con las condiciones mínimas de dignidad. La mayoría de las familias han construido una cocina cubierta con plásticos, que es afectada por las condiciones climáticas como el viento, la lluvia, el calor y el frío. Los representantes manifestaron tener problemas con los techos, especialmente en temporada de lluvias. Existe también la problemática de hacinamiento de personas, porque se ven obligadas a compartir espacios reducidos, tomando en cuenta que ha habido un incremento del número de familias durante estos nueve años. En este sentido, uno de los representantes comentó lo siguiente: “se solicitan del gobierno que nos apoyen unas hojas de lámina para las cocinas, pero no hay, no hay apoyo. Igual como esta casa, hay tres familias viviendo, pero ya ahorita entra el agua. Así están todas las viviendas, no están en buenas condiciones. Las ventanas no tienen vidrio, tenemos que poner un nailo para que no entre el frío. Pues, eso no es vida buena, no es vida digna”.
A nivel comunitario también existen afectaciones. Las celebraciones tradicionales prácticamente han desaparecido para las familias desplazadas por la falta de espacio y de recursos económicos, por ejemplo, las festividades del día de muertos al no poder acudir al panteón dónde yacen sus ancestros. Las actividades recreativas en el campamento también son limitadas por no contar con espacios adecuados como canchas de basquetbol. En el campamento se puede observar un tablero de basquetbol improvisado que no tiene aro, lo que nos habla de la importancia de este deporte para ellos y el cual era practicado continuamente en su comunidad.
Hemos constatado las múltiples necesidades de las familias desplazadas en este campamento, sus maneras de intentar solventarlas y la ineficiencia de los apoyos económicos de parte de las instancias de gobierno. En el informe del Frayba (2023) se menciona que el desplazamiento forzado fragmenta la vida comunitaria y viola los derechos colectivos a vivir en libertad, paz y seguridad. Los impactos del desplazamiento forzado afectan aspectos fundamentales para la vida: la alimentación, la salud y la esfera espiritual. El hecho de verse obligados a salir de su comunidad representa la ruptura violenta de una forma de vida colectiva que está ligada con otras familias, con el territorio que los hace pertenecer a ese lugar donde producen sus alimentos y donde realizan sus costumbres y tradiciones para honrar sus difuntos, hacer sus fiestas para agradecer a sus santos y vírgenes o ir a sus templos.
Por otro lado, el miedo ante los riesgos afecta en especial la vida de las mujeres, limitando su libre movimiento y sus posibilidades para estudiar o trabajar fuera de la casa, así también, el hecho de vivir más de una familia en un lugar reducido aumenta el riesgo de sufrir violencia sexual y provoca afectaciones psicológicas y de salud.
Situación actual y horizontes
Los representantes de las familias desplazadas comparten que la relación con los distintos niveles de gobierno ha ido cambiando a lo largo del tiempo, enfatizando que los servidores públicos se han acercado gracias a las acciones de protesta que las familias han realizado. En algunas ocasiones se ha logrado establecer diálogos, sin embargo, los funcionarios hacen compromisos que no siempre cumplen.
Se tuvieron algunos avances con el anterior gobernador Rutilio Cruz Escandón Cadenas y durante este año también ha habido acercamientos con la administración de Eduardo Ramírez Aguilar, aunque con este último tampoco tienen muchas esperanzas de lograr el cumplimiento de acuerdos por el desinterés que existe para resolver sus peticiones En este andar haciendo gestiones para hacer valer sus derechos han tenido el apoyo y acompañamiento desde hace años del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, con Diego Cadena, lo cual les ha permitido tener mesas de trabajo con funcionarios de gobierno con algunos avances, pero falta lograr el cumplimiento de su principal objetivo que es el retorno con garantías de seguridad de su vida y en condiciones de dignidad.
La Comisión Nacional de Vivienda construyó 34 casas en el ejido Puebla para que las personas desplazadas puedan regresar, pero son insuficientes, tomando en cuenta que fueron 54 las familias desplazadas, más las que se han conformado en estos 9 años, sumando 65 en total. Por otro lado, esas viviendas sólo constan de 2 cuartos, sin contemplar otros espacios como la cocina, por lo que solicitan les faciliten por lo menos láminas y materiales para poder construirlas.
También haría falta resolver el acceso a servicios básicos: energía eléctrica, agua potable y drenaje. Además de un apoyo para el restablecimiento de las áreas de producción de café, milpa, hortalizas y animales de traspatio, que eran el sostén de las familias desplazadas. En palabras de uno de los representantes “allá todos los cafetales se convirtió en montaña y no hay nada a hora de retorno. Por eso hay que hacer un convenio a la hora de retorno para que nos dé algo de alimento Protección Civil”.
De acuerdo con la entrevista, recientemente hubo una mesa de diálogo con el presidente municipal de Chenalhó, que se comprometió a resolver los servicios básicos en un plazo de 20 días, las familias están a la expectativa del cumplimiento de los compromisos. Es importante destacar que también se requiere el involucramiento de todos los niveles de gobierno.
En cuanto a la seguridad, nos cuentan que después de algunas órdenes de aprensión y la sentencia de uno de los agresores a 25 años de prisión, se detuvieron las hostilidades y los agresores dieron su palabra para que las familias desplazadas puedan regresar al ejido Puebla. Sin embargo, el gobierno no ha tomado acciones para el desarme del grupo armado.
En las familias que fueron desplazadas del ejido Puebla existe la intención de regresar a su comunidad, de retomar su forma de vida, de recuperar sus cultivos, sus tradiciones y su cultura. Es obligación del Estado Mexicano proteger los derechos humanos de estas personas en condiciones de extrema vulnerabilidad y garantizar los factores para que puedan regresar a su territorio en el municipio de Chenalhó con seguridad, servicios básicos y alimentación adecuada. Para lo cual es indispensable escuchar su voz y comprender que su más grande anhelo es que les regresen lo que les pertenece, su vida en su comunidad.
Agradecemos a los representantes de las familias desplazadas del ejido Puebla, Chenalhó y a la intermediación del Lic. Diego Cadenas (CDH Ku’untik), para conocer y dar a conocer esta parte de su vida fracturada, de sus retos viviendo en condiciones que no son dignas y de sus esperanzas para su retorno a Chenalhó, uno de los pueblos originarios de los Altos de Chiapas.
* Este trabajo es resultado del Curso Antropología de la Salud organizado por la Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural del Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
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