Exigen investigar y sancionar presuntos actos de corrupción dentro de COMAR

Centro Multiservicios de Tapachula entra en su primera fase de operaciones
Foto: COMAR

El Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur exigió investigar y sancionar los presuntos actos de corrupción dentro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), esto ante su desmantelamiento y reducción del personal.

A través de su monitoreo permanente, el Colectivo ha documentado con grave preocupación el deterioro institucional de la Comisión, lo cual afecta el acceso a derechos fundamentales de las personas migrantes, como el procedimiento de asilo en el sureste mexicano.

La reestructuración de la COMAR, derivada de la falta de recursos económicos, ha provocado la reducción de personal operativo y de traducción. Esto impacta en diversas áreas de la institución, generando retrasos significativos en los procesos de admisión, las entrevistas de elegibilidad y las resoluciones. Como consecuencia, los procedimientos se prolongan hasta por más de un año, en contravención a lo establecido por la legislación, puntualizó.

Por tanto, el Colectivo ha documentado presuntos actos de corrupción que involucran a personal de la COMAR y redes de abogados particulares: “Estos ofrecen servicios asegurando que, mediante su contratación, las personas pueden acelerar sus trámites o incluso garantizar el reconocimiento de la condición de refugiado, alegando tener contactos dentro de la institución. Estas prácticas, actualmente normalizadas entre la población solicitante, generan desconfianza en el sistema de asilo y ante la incertidumbre y las nulas condiciones muchos se ven orillados a contratar estos servicios”.

Puertas de Comar viejo, informando en español y criollo, que no habrían actividades el 21 de marzo. Foto: Andrés Domínguez

El Colectivo alertó de la situación de los vuelos humanitarios ofrecidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) a personas de nacionalidad venezolana, con una lista de espera de aproximadamente 4,000 personas entre las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula; muchas de ellas pertenecientes a grupos familiares, que desde febrero aguardan una respuesta institucional.

Al contrario, desde el anunció del inicio de los vuelos de retorno voluntario el 20 de febrero del presente año, solo han partido siete vuelos con alrededor de 2050 personas.

También, respecto al campamento de personas migrantes ubicado debajo de la Torre Chiapas al oriente de Tuxtla Gutiérrez, el pasado 18 de junio por la noche se llevó a cabo un operativo de desalojo. Alrededor de 100 personas fueron retiradas del espacio público, en su mayoría familias y niñez, que tenían meses de espera ya que fueron trasladados desde Tapachula en autobús.

Por tanto, dicha acción fue ejecutada por el INM, en coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) y personal de Tránsito Municipal.

Se trató de un operativo sin previo aviso, que vulnera los derechos humanos de personas que ya se encontraban en una situación de extrema precariedad y riesgo. Bajo la narrativa de limpieza, de parte de las autoridades se sigue promoviendo la realización de operativos de vigilancia, por lo cual denunciamos y exigimos transparencia sobre los procedimientos aplicados, así como condiciones dignas para las personas desplazadas ya que lo sucedido en Tuxtla no es un hecho aislado, expusieron.

Centro Multiservicios de Tapachula
Foto: COMAR

En síntesis, exigieron garantizar el funcionamiento adecuado de la COMAR mediante la asignación de recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades operativas, incluyendo la contratación de personal calificado (especialmente traductores y entrevistadores), a fin de agilizar los procedimientos de asilo y evitar retrasos que violan los plazos legales.