Exponen la política de tortura cómo método para quebrar la voluntad de las personas migrantes

Foto: Isabel Mateos / Archivo

El Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, se pronunció ante la creciente macropolítica impulsada por los Estados de la región, la cual instrumentaliza la detención migratoria para castigar y quebrar la voluntad de las personas migrantes, disuadirlas de ejercer sus derechos y forzarlas a desistir de sus proyectos migratorios y/o de vida.

La organización ha sido testigo de cómo, a través de acuerdos bilaterales, presiones diplomáticas, económicas y arancelarias, México y diversos países de Centro y Sudamérica han tenido que acatar las políticas impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

Para ejemplificarlo, el 21 de enero de 2025, el presidente Donald Trump, a tan solo unas horas de su toma de posesión, firmó una avalancha de órdenes ejecutivas en las que declaró como emergencia nacional la situación en la frontera y la migración, militarizó las fronteras y catalogó a los grupos pandilleriles y personas vinculadas al crimen organizado como terroristas.

Por lo anterior, las leyes antimigratorias y antiderechos no han cesado; se habilitó la Base Naval de Guantánamo como un centro de detención para personas migrantes consideradas «delincuentes de alta prioridad». El 4 de febrero fue trasladado el primer grupo, sin que hasta la fecha se sepa quiénes son las personas detenidas en este lugar.

Migrantes de Haití en estación migratoria Siglo XXI. Foto: Ángeles Mariscal

A ello se suma el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Pese a la batalla legal que existe en EE. UU. respecto a estas deportaciones, diversos grupos han sido trasladados y detenidos. El primero fue expuesto mediáticamente: esposados, rapados y encerrados sin contacto con el exterior ni acceso a representación legal, mientras que muchas familias se enteraron por los medios de comunicación.

Además, Estados Unidos ha financiado programas y acuerdos con países como Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá para frenar la migración.

Para el Centro, el panorama no es distinto en México, pues las personas en contexto de movilidad continúan sufriendo graves violaciones a los derechos humanos en detención migratoria.

“A pesar de los intentos del Estado por maquillar su naturaleza carcelaria bajo eufemismos como «albergues» o «espacios de alojamiento», estos centros siguen operando bajo una arquitectura de control punitivo que en este momento pasa desapercibida ante la opinión pública”, expuso.

También denunció que en dichos espacios la tortura se manifiesta en múltiples actos que, en su conjunto, conforman entornos de tortura, tales como: uso desproporcionado de la fuerza, privación del sueño, alimentos en mal estado, falta de insumos de higiene personal y de gestión menstrual, falta de privacidad, incomunicación con el exterior, ausencia de intérpretes, negación de atención médica, abuso sexual, violaciones, aislamiento forzado e incluso castigos físicos.