Respaldan a Colectiva Cereza tras hostigamiento por parte de la Secretaría de Seguridad del Pueblo

Marcha de Colectiva Cereza, en medio Patricia Aracil Santos.
Foto: Colectiva Cereza

*“Defender derechos no es delito, estigmatizar desde el poder también es violencia” expusieron.

Amnistía Internacional y la Colectiva de Madres en Resistencia Chiapas se sumaron a las condenas contra el Subsecretario de Ejecuciones de Sanciones del Estado de Chiapas, por intentar desacreditar y estigmatizar a la defensora Patricia Aracil Santos y a la organización Colectiva Cereza.

Amnistía Internacional consideró que dichas declaraciones buscan criminalizar tanto a la defensora como a la organización, por lo que hizo un llamado a cesar la estigmatización y a garantizar el derecho a defender los derechos humanos.

Hacer pública una supuesta acta administrativa —sin carácter sancionatorio— constituye un acto de criminalización y pone en riesgo su labor legítima en defensa de los derechos humanos de personas privadas de libertad, puntualizó la Colectiva.

Ante ello, las organizaciones exigieron el cese inmediato de cualquier forma de hostigamiento institucional contra defensoras de derechos humanos, y llamaron al Estado a garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa de los derechos humanos.

Foto: Archivo

Desacreditar la labor

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) también se pronunciaron al respecto, exigiendo a las autoridades que cesen los discursos difamatorios que buscan desacreditar el trabajo de la Colectiva Cereza y de su coordinadora, Patricia Aracil.

Ambas organizaciones señalaron al Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Chiapas como responsable de emitir declaraciones con la intención de dañar la reputación de la defensora y de su organización.

Resulta preocupante que este funcionario haya aludido a la presunta existencia de un acta administrativa abierta contra la defensora, la cual podría tratarse simplemente de un registro de atención relacionado con hechos ocurridos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados No. 5, expresaron.

La Red Nacional y la IM-Defensoras destacaron que la Colectiva Cereza es una organización de referencia para mujeres privadas de libertad, a quienes brinda acompañamiento jurídico y psicológico, además de impulsar acciones para mejorar sus condiciones de reclusión. Subrayaron también la amplia trayectoria de Patricia Aracil en la defensa de los derechos humanos de las mujeres en reclusión, una labor que ha incomodado a autoridades debido a su impacto y visibilidad.

Finalmente, ambas organizaciones exigieron al Gobierno del Estado de Chiapas el cese inmediato de los actos de difamación y descrédito contra la Colectiva Cereza y Patricia Aracil, perpetrados por el Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad. Asimismo, demandaron garantías para el ejercicio seguro de la defensa de los derechos humanos por parte de todas las integrantes de la Colectiva, así como el fin de cualquier acción que pudiera tener como objetivo su judicialización.