Dilación de justicia y violencia institucional en caso de intento de feminicidio en San Cristóbal

Foto: Mitzi Fuentes

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 12 de enero de 2026. A casi tres años de un intento de feminicidio ocurrido en uno de los senderos de la Montaña de Don Lauro, integrantes de la colectiva feminista Somos Fuego, sobrevivientes del ataque y la abogada Marta Figueroa denunciaron la dilación de la justicia, la violencia institucional y la revictimización ejercidas por autoridades estatales y municipales.

Lupita, integrante de la colectiva, señaló durante una conferencia de prensa realizada en el centro de la ciudad que el caso evidencia un sistema judicial “pauperizado y aterrador” que obstaculiza el acceso a la justicia para las mujeres y reproduce prácticas revictimizantes.

Asimismo, denunciaron que dicho sistema vulnera derechos fundamentales al exponer datos personales de las víctimas, lo que ha derivado en amenazas constantes contra ellas y sus familias.

Las sobrevivientes recordaron que el ataque ocurrió el 25 de febrero de 2023, cuando fueron agredidas con armas de fuego por dos hombres que intentaron asesinarlas y cometer violación en grado de tentativa.

Tras los hechos, denunciaron abandono institucional, ya que el servicio de emergencias 911 se negó a enviar apoyo policial y, posteriormente, enfrentaron malos tratos, comentarios misóginos y cobros indebidos en el Ministerio Público, situación que las obligó a hacer público el caso en redes sociales.

Foto: Mitzi Fuentes

A pesar de haber presentado quejas ante el Órgano Interno de Control, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las víctimas señalaron que estas instancias han protegido a los funcionarios denunciados, negando las violaciones documentadas y prolongando los procesos, lo que ha significado desgaste emocional, gastos económicos y una nueva forma de violencia institucional.

Durante el pronunciamiento público, una de las víctimas afirmó que las secuelas del ataque incluyen daños físicos y psicológicos, pérdida de empleo, estigmatización social y miedo constante ante la ausencia de medidas cautelares efectivas, mientras los responsables de las omisiones continúan laborando en las mismas instituciones encargadas de garantizar justicia.

Finalmente, las colectivas y las sobrevivientes exigieron al Gobierno del Estado de Chiapas un juicio con perspectiva de género, reparación integral del daño, medidas reales y efectivas de protección, cero impunidad y garantías de no repetición.