El estudio Desiertos Informativos en América Latina, impulsado por la Fundación Gabo y liderado en México por la organización periodística Quinto Elemento Lab, hizo un esfuerzo por mapear los lugares donde no existen las condiciones idóneas para ejercer el periodismo local. Para este fin, se seleccionó una muestra que representa el 14% del territorio nacional: 351 municipios en los 31 estados y la Ciudad de México.

La investigación reveló que en casi la mitad del territorio estudiado existen condiciones sumamente débiles para el ejercicio del periodismo local. En algunos casos, se trata de municipios con ausencia total de medios y periodistas; en otros, de lugares con una prensa arrinconada por la violencia, altamente dependiente del financiamiento público, o con periodistas condicionados por la censura y autocensura impuesta desde los círculos del poder o desde las armas. Las comunidades que más se enfrentan a estos desiertos informativos suelen estar en lugares alejados, en zonas rurales o en territorios indígenas, donde la pobreza estructural y la violencia son parte del diario acontecer.

La planeación del estudio en México inició en octubre de 2024 y coincidió con la llegada a la Presidencia de Claudia Sheinbaum, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que también obtuvo la mayoría en ambas Cámaras del Congreso. La hegemonía de Morena quedó cimentada, pues el partido y sus aliados también lograron hacerse del 75% de las gubernaturas en México y del 47% de los municipios del país.

El levantamiento de encuestas se realizó entre febrero y marzo de 2025, cuando el gobierno federal concretó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un organismo independiente utilizado por periodistas para investigar y transparentar gastos públicos, evidenciar violaciones a los derechos humanos, revelar casos de corrupción y documentar la ejecución de megaproyectos con impacto socio-ambiental, entre otros. Esta medida implica que, a partir de ahora, el gobierno federal y los gobiernos locales serán juez y parte para decidir qué se transparenta y qué se mantiene oculto. Aunque las leyes de transparencia siguen existiendo, ya no habrá un árbitro imparcial cuando las dependencias públicas nieguen información a ciudadanos y periodistas.

Entre los meses de abril y mayo, durante el análisis de los datos recolectados por el equipo de investigación, fueron aprobadas nuevas leyes federales en materia de telecomunicaciones, seguridad e inteligencia que organizaciones civiles han criticado duramente, pues abren la puerta a que el gobierno bloquee discrecionalmente plataformas digitales, otorgue o retire concesiones de radio y televisión bajo consideraciones políticas, o intervenga y vigile comunicaciones electrónicas de ciudadanos y periodistas sin la necesidad de una orden judicial.

En este contexto, un equipo de 18 coinvestigadores en terreno, un área estadística, una verificadora y una coordinación nacional estudiaron 849 proyectos periodísticos en los 351 municipios escogidos. El análisis arrojó la siguiente categorización para la muestra estudiada en México: 149 municipios (42,5%) son desiertos informativos, 93 municipios (26,5%) son semidesiertos informativos, 61 municipios (17,4%) son semibosques informativos, 48 municipios (13,6%) son bosques informativos.

1) Alta dependencia del financiamiento público

Una buena parte de los proyectos periodísticos (38%) decidió no revelar detalles sobre la importancia del dinero público en sus finanzas. Entre los que contestaron, el 36,5% reportó que esta fuente representa la mitad o más de sus ingresos totales y el 26% aseguró que corresponde a menos de la mitad. Sin embargo, en algunos casos los investigadores en el terreno pudieron observar que, entre los que optaron por guardar silencio, era común ver pautas publicitarias oficiales y una preponderancia de comunicados gubernamentales.

La alta dependencia del financiamiento público pudo documentarse tanto en medios tradicionales (radio, televisión, prensa) como en los nativos digitales e incluso en los nativos de redes sociales. Pudo observarse que el esquema de financiamiento a cambio de contenido favorable es con frecuencia el objetivo detrás de la creación de medios fugaces en tiempos electorales. Además del financiamiento público, la encuesta aplicada a los medios incluía otros rubros para revelar diversas fuentes de ingresos, como la pauta de venta directa, la creación de contenido para clientes, los publirreportajes y el contenido patrocinado. Fue posible observar que algunos de estos ingresos también pueden provenir del financiamiento público, aunque de manera poco transparente, dado que en México las leyes vigentes permiten que los gobiernos federal, estatales y municipales asignen recursos publicitarios de manera discrecional a los medios.

2) Concentración en grandes ciudades y en manos privadas.

La distribución de los medios y periodistas en los estados muestra que existe una concentración en las principales ciudades. En 23 de los 31 estados, las ciudades capitales se categorizaron como bosques informativos por su amplia oferta mediática y por contar con condiciones favorables para el ejercicio del periodismo local. Pero este no siempre fue el caso, algunas capitales como Aguascalientes y Guanajuato recibieron la categoría de semidesierto por la alta dependencia financiera del gobierno o por las situaciones de violencia que deben enfrentar. En el otro extremo, los municipios más alejados, ubicados en zonas rurales, en territorios indígenas, o con problemas graves de seguridad, son en su mayoría desiertos y suelen tener uno o dos medios por localidad, a veces ninguno. Respecto al tipo de propiedad, el estudio encontró que un 68% de los medios son empresas privadas y un 14% son emprendimientos informales. Solo una minoría de proyectos busca modelos de propiedad alternativos: apenas un 0,9% (8) están organizados como cooperativas, un 2% (19) están conformados como organizaciones no gubernamentales, y un 4% (34) son medios comunitarios. Estos últimos están localizados mayoritariamente en zonas de población indígena, aunque tanto sus contenidos como su financiación provienen generalmente de fuentes gubernamentales.

3) Predominio del modelo digital y vulnerabilidad laboral

Facebook predomina como la plataforma de publicación más utilizada por los medios, seguido del uso de una página web, pero con creciente uso de plataformas como Instagram, YouTube, TikTok o canales de mensajería como WhatsApp para publicar sus contenidos. Otra práctica observada en la mayoría de los medios (77%) es que publican con una frecuencia diaria y en tiempo real, lo que impone un ritmo vertiginoso de trabajo para crear contenidos en múltiples plataformas, que mantengan actualizada a la audiencia. A las condiciones impuestas por las exigencias de inmediatez se suman modelos de contratación débiles, que ofrecen poca estabilidad a los periodistas. A pesar de que el contrato formal por tiempo determinado es la modalidad de vinculación laboral más reportada por los medios (33%), también abunda la informalidad: un 21% vincula a sus colaboradores a través de trabajo independiente; un 15% usa contratos por notas, producciones o coberturas; un 12% el empleo informal; un 12% la comisión por venta de publicidad.

4) Amenazas contra la prensa: ninguna entidad libre de agresiones

Las amenazas y agresiones han lacerado el ejercicio del periodismo en México durante las últimas décadas. El 40% de los medios encuestados (346) afirmó haber recibido por lo menos algún tipo de amenaza u hostigamiento durante el último año, mientras que el 27% (227) dijo no haber sido objeto de ataques o intimidación. Un 33% (287) prefirió abstenerse de responder a esta pregunta. En las 32 entidades, la etapa del levantamiento de encuestas se vio ralentizada por la gran cantidad de medios y periodistas que temían participar o declinaron aduciendo desconfianza o “motivos de seguridad”. Las respuestas recibidas indican que ninguno de los 351 municipios y alcaldías estudiados queda libre de este fenómeno violento infiltrado al interior de las redacciones. En las 32 entidades mexicanas, los medios reportaron haber recibido amenazas de varios tipos y niveles que van desde agresiones, amenazas directas y digitales, acoso judicial y presiones provenientes tanto de actores criminales como gubernamentales. La organización de derechos humanos Artículo 19 documentó un total de 639 agresiones contra periodistas en 2024, un incremento del 14% respecto del año anterior. Según la organización, el Estado mexicano y autoridades de gobierno fueron responsables del 45% de esas agresiones.

5) Lo que se cubre y lo que se calla

Ante la pregunta sobre las temáticas principales que guían su agenda informativa, las coberturas sobre “derechos humanos y justicia social”, “medioambiente y sostenibilidad” o la “investigación y vigilancia al poder” no figuraron en ninguna entidad como las categorías más importantes. En un país con profundas problemáticas sociales y en medio de una crisis de violencia, “los temas sociales y calidad de vida”, así como “gobierno y política local”, seguido de temas de “seguridad y convivencia” -que se refiere sobre todo a la nota roja y de sucesos- fueron las categorías que los medios y periodistas señalaron como las más relevantes para cobertura noticiosa. De acuerdo con lo observado por los coinvestigadores durante el curso del levantamiento de encuestas entre medios y periodistas, muchos aseguraron que factores como el miedo a perder el trabajo o incluso la vida los ha llevado a desarrollar estrategias de autoprotección, como hacer coberturas en grupo, viajar en caravanas, recurrir a la encriptación de mensajes y correos, firmar notas sin nombre o incluso a tomar la medida más extrema: la decisión de no investigar ciertos temas y evitar publicar determinados contenidos. La censura en México puede provenir de actores externos, poderes institucionales o fácticos como el gobierno, el crimen organizado, el sector empresarial o los propios dueños de medios, y se ejerce por instrucciones, por presiones directas o indirectas, por cuestiones políticas, económicas o de seguridad. Sin embargo, el fenómeno de la autocensura “nace por iniciativa personal, fundada en el temor para evitar la represión”, según afirma un análisis de Global Media Journal sobre la perspectiva de los comunicadores locales.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados finales, 149 municipios fueron categorizados como desiertos informativos, lo que representa el 43% de la muestra observada. No parece casual que 40% de los medios estudiados (346 de 849) afirmaran haber recibido amenazas, por lo que su ejercicio puede estar sujeto a la censura y autocensura. De esos municipios declarados desiertos informativos, 31% (106 municipios) corresponde a lugares donde no hay medios ni periodistas, y en donde influyen la geografía y el desinterés no solo mediático sino institucional. El 12% restante (43 municipios) son desiertos porque, aun cuando hay medios y periodistas, no existen condiciones para el ejercicio del periodismo estable e independiente debido a la presencia del crimen, a las presiones gubernamentales, o bien a que sus contenidos están supeditados al financiamiento público. Con 173 comunicadores asesinados entre el año 2000 y mayo de 2025, diversas organizaciones de Derechos Humanos coinciden en situar a México como “el país más peligroso para ejercer el periodismo en Latinoamérica”, Además, según Reporteros sin Fronteras, es “uno de los países con la mayor concentración mediática del mundo; una situación que pone muy difícil a los medios pequeños abrirse paso o, incluso, existir”.

Por fortuna, no todo es desalentador en el horizonte del periodismo local en México. Con el Estudio sobre Desiertos Informativos encontramos que la presencia de mujeres y algunos grupos diversos en los medios de comunicación se abre paso. El promedio de participación femenina es del 45% a nivel nacional, con estados que superan el 60%; mientras que la población LGBTQIA+ estaría presente en el 17% de los medios estudiados. Además, el periodismo crítico que hace investigación, vigila al poder y pone su enfoque en los derechos humanos, aunque minoritario, también resiste. Los medios comunitarios en zonas indígenas y rurales son pocos, pero representan un actor clave para las audiencias: comunican en sus lenguas, con sus códigos culturales, defienden su territorio y sus tradiciones.