Teuchitlán: los aprendizajes posibles para Chiapas
Título de la foto: Vigilia solidaria. Jornada de luto nacional por los acontecimientos de desaparición forzada en Teuchitlán, Jalisco. SCLC, Chiapas marzo de 2025. Fuente: Voces Mesoamericanas
Por Emanuel Bran Guzmán[i]
En marzo de este año, un campo de exterminio con hornos clandestinos y restos humanos fue encontrado en Teuchitlán, Jalisco. El rancho Izaguirre funcionaba como campo de adiestramiento operado por grupos criminales. Un hecho de horror que muchas organizaciones de Derechos Humanos denunciaron como “un crimen de lesa humanidad que demuestra la sistemática desaparición, reclutamiento forzado y exterminio de personas jóvenes en México”.[ii]
En Chiapas la noticia causó indignación, aunque esta vez no se pudo decir que este tipo de violencia “sólo pasa en el norte del país”. Al contrario, desde hace algunos años en nuestro estado hay un incremento en materia de desaparición y hallazgo de fosas clandestinas. A la fecha hay 1,554 personas desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).[iii] Además, entre diciembre de 2024 y los primeros meses de 2025 se encontraron 27 fosas clandestinas con 42 cuerpos en distintos municipios de Chiapas.[iv]
Patrones de violencia: reclutamientos forzados
Jalisco es el estado con mayor cantidad de personas desaparecidas en todo el país, y el hallazgo de fosas clandestinas no es cosa nueva. Desde 2018 se han localizado 186 sitios de inhumación clandestina y 1,882 restos humanos. Destaca que la mayoría corresponde a hombres y mujeres jóvenes.[v] En el caso del rancho Izaguirre, se denunció el reclutamiento forzado operado en las centrales camioneras. Este es un patrón preocupante: muchos jóvenes, en medio del empobrecimiento y la violencia, migran y son atraídos por jugosas ofertas de empleo hacía lugares de adiestramiento y de muerte.
Chiapas está, afortunadamente, lejos de esos datos. Sin embargo, no se descarta que nuestra situación pueda empeorar al haber patrones similares en curso. Las disputas territoriales protagonizadas por grupos de alcance nacional en alianza permanente o coyuntural con sus pares locales utilizan distintas estrategias de miedo y terror que son un lugar común en todo el país. En la región de la Sierra Mariscal de Chiapas la disputa entre grupos criminales provocó el reclutamiento de muchos jóvenes y el desplazamiento forzado de cientos de familias.[vi] Las cuales buscaron refugio en ciudades cercanas, del otro lado de la frontera, en Guatemala, y algunos de sus miembros migraron hacia el norte del país o a Estados Unidos.
Reproducción de la violencia
En muchos casos, detrás de la identificación de restos humanos encontrados en fosas clandestinas o incluso en las morgues de México o de Estados Unidos, como en el caso de personas migrantes, hay una denuncia por desaparición. Esa conexión entre desaparición y fosas clandestinas ha sido documentada y denunciada por distintas organizaciones de derechos humanos y colectivos de buscadoras a lo largo del país, lo que revela un continuum de la misma violencia en ambos casos. Pero, más allá de explicar estos sucesos como producto de la acción de “mentes criminales” sin más, es importante observar cómo múltiples factores convergen para producir esas historias de terror que hoy estremecen al país. Distinguir entre la variedad de actos de agresión y violencia es fundamental. La agresión más concreta e inmediata es evidente, sin embargo, la violencia en la cual se enmarca no siempre se muestra en su totalidad. Por ello, es necesario entender la historicidad y el contexto social donde se produce cualquiera de ellas.
El psicólogo social Ignacio Martín Baró propuso entender la violencia como una “historia”, la cual podía conocerse dando varios pasos para rastrearla: hay una apertura a la violencia en el ser humano, algo potencial y que sólo se materializa en determinadas circunstancias o exigencias sociales. No obstante, dicha materialización responde a una determinada elaboración de la violencia, es decir, a procesos de socialización en los cuales tienen lugar aprendizajes e identidades y donde se asienta la violencia para traducirse en valores, normas o prácticas. Ahora bien, es muy importante identificar las causas inmediatas, esos detonantes que podrían explicar hasta qué punto la violencia responde a la frustración de un grupo, al conflicto entre relaciones desiguales de poder o es un medio para otro fin. El último de esos pasos es la institucionalización de la violencia, aquellos procesos que crean las condiciones para justificar y legitimar, para decidir quién, en qué circunstancias y en qué medida se ejerce la violencia.[vii]
Historias de guerras y de terror
El inicio de la crisis en materia de desapariciones y fosas clandestinas normalmente se ubica a partir de la llamada “guerra contra las drogas” iniciada en México en el año 2006. Un punto de inflexión, desde luego, aunque ambas prácticas hunden sus raíces más allá de esa fecha. La Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965-1990, en su informe final, dio cuenta de la práctica de la desaparición forzada vinculada con la detención, encarcelamiento y tortura de enemigos y opositores que en ese contínuum de violencia como punto final encontraron una fosa común o un vuelo de la muerte.[viii] Apertura, elaboración y causas inmediatas relacionadas con instituciones. Este es quizá el caso más acostumbrado, el de la violencia de Estado a la que interpeló a Martín Baró en su propuesta de análisis psicosocial.
A partir del año 2006 la violencia se incrementó, dando paso a una percepción más generalizada de la brutalidad y a la participación de distintos actores: “levantones”, cuerpos colgados con mensajes y amenazas, masacres de migrantes, desaparición y el hallazgo progresivo de fosas clandestinas. Con la Ley de desaparición y con la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (2019) se pudo dimensionar la crisis que a la fecha arroja 128 mil personas desaparecidas en todo México. Con la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y, en particular, con la el trabajo incansable y valiente de colectivos de las familias buscadoras, se completó el cuadro. Entre diciembre del 2018 y enero de 2023 la CNB descubrió 2,710 fosas clandestinas con restos humanos en el país.[ix]
Las circunstancias sociales relacionadas con el incremento de la violencia son bastante claras. Muchas de ellas se refieren a las disputas territoriales de organizaciones criminales que hacen uso de la desaparición y las fosas clandestinas como un instrumento de aniquilación de oponentes o de evidencias. Todo ello ocurre ante la mirada de una sociedad socializada de múltiples maneras para digerir este tipo de hechos. He aquí un punto importante: qué peso tienen la institucionalización de la violencia en estos casos.
Institucionalización de la espiral de violencia
La institucionalización de la violencia observada por Martín Baró apuntó a fuerzas del Estado o a paramilitares que por medio de distintos mecanismos sociales y culturales legitimaban, justificaban y perpetuaban la espiral de la violencia. Detrás de los actos criminales se escondían discursos que estigmatizaban a sus oponentes, lealtades ideológicas, estatus dentro de las estructuras que concretaban los hechos o procedimientos fríos y despiadados para administrar el terror. La violencia contemporánea en México, expresada en la desaparición y las fosas clandestinas, también puede tener alguno de esos componentes tanto al interior de las organizaciones criminales como en esa ‘zona gri’s correspondiente al contubernio con autoridades de todo nivel.
En relación con el caso de Teuchitlán, organizaciones sociales aseguraron que “el hallazgo configura lo que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU define como un “crimen perfecto”, dada la aquiescencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno frente a la desaparición cometida por agentes no estatales(ver nota i). En el mes de mayo el presidente municipal de Teuchitlán fue detenido por delincuencia organizada y desaparición forzada, algo que comprobó lo que los colectivos de personas buscadoras habían denunciado: el reclutamiento forzado y los restos humanos en el rancho Izaguirre. También sacó a luz que hay una red de autoridades municipales y estatales involucradas.[x] En Chiapas también han habido denuncias en contra de funcionarios acusados de estar involucrados en actividades criminales. Entre finales del 2024 y principios del 2025 se detuvieron decenas de policías y dos presidentes municipales acusados de vínculos con el crimen organizado.[xi] Hay quienes aseguran que la red es mucho más amplia y que las detenciones son marcadamente insuficientes.
La contribución de las instituciones para detener este continuum de violencia es cuestionable desde la óptica de colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos. En Jalisco, colectivos de buscadores presentaron a inicios del 2024 un pliego petitorio con distintas demandas, muchas de ellas ya presentadas con anterioridad y que no fueron atendidas. Colectivos y organizaciones de Derechos Humanos son conscientes de los avances, como el Consejo Ciudadano de Búsqueda o el Centro de Identificación Humana. Sin embargo, también dan cuenta de las deficiencias y de las cuestiones pendientes. “El proceso de construcción de leyes de desaparición nos demostró que los avances dependen de la medida de qué tanto se permita recibir cuestionamientos y construir en conjunto, y queda claro que su efectiva implementación no se logrará sin los esfuerzos colaborativos.”[xii] En nuestro estado, el Grupo de Trabajo contra la Desaparición en Chiapas y el comité de familiares Junax Kotantik mantiene desde hace años demandas en ese mismo sentido. Por ejemplo, activar el Consejo Ciudadano o contar con un Plan Estatal de Búsqueda donde haya participación real de colectivos y organizaciones de derechos humanos.
En Jalisco como en Chiapas (aunque no solo), con justas razones se ha instalado la desconfianza hacia las instituciones de gobierno. Muchos sectores sociales denuncian el contubernio con actores criminales, la opacidad o la falta de acción real en cuanto al acceso a la justicia. En materia de desaparición o identificación forense a nivel federal hubo un desmantelamiento de ciertos mecanismos de búsqueda o el deterioro de los avances logrados. Todos los niveles de gobierno deben de tener en cuenta que institucionalizar la violencia tiene lugar por acción u omisión. Así ocurre cuando instituciones dedicadas a la procuración de justicia se enfrentan a la corrupción y sucumben a ella. O cuando la impunidad se instala y alienta la desconfianza ciudadana en la justicia y sus instituciones, alimentando la espiral de violencia que tarde o temprano nos afectará a todos.
No acostumbrarnos a la violencia
La reciente censura en contra de los “narcocorridos”, uno de tantos productos culturales que hacen apología a la violencia, sacó a luz la necesidad de discutir sobre la violencia desde una mirada que incorporé también otros factores decisivos. Entre ellos, la violencia estructural, el racismo y el machismo presente en las relaciones sociales y que alientan el desprecio hacia las diferencias, el autoritarismo y todo tipo de jerarquías político-clientelares que se refuerzan con la impunidad y que permean a víctimas y victimarios, así como a distintos estratos sociales.
Esta diversidad de factores está presente en la normalización de la violencia, cuando se incorporan hechos de violencia a la cotidianidad por el simple hecho de que no nos afectan. Esto, posiblemente, nos permite digerir también esos otros hechos de violencia extrema y posteriormente, por perturbadores que sean, naturalizarlos. Esta es una espiral que no podemos tolerar porque nos alecciona para que como sociedad nos acostumbremos a “voltear a ver a otra parte”, a darle “siguiente” en el gran abanico de malas noticias que nos satura día a día.
La violencia extrema desgarra la vida de miles de familias en México, tanto por lo que implica la búsqueda de sus seres queridos como por descubrir su destino en una fosa clandestina. Ciertamente la identificación también puede significar un “terrible alivio” ante el tormento que causa “no saber dónde está, si ha comido, si tiene frío o le han hecho daño”. La pavorosa escena de crematorios o de restos humanos apilados sin piedad nos confronta con la idea de que estos hechos desgarran tanto a las familias como a la sociedad y sus instituciones.
Notas
[i] Investigador y activista por los Derechos Humanos. Voces Mesoamericanas I Acción con Pueblos Migrantes. Integrante de la Red TDT: https://redtdt.org.mx/
[ii] Hornos crematorios clandestinos en Teuchitlán: expresión de la desaparición, reclutamiento forzado y exterminio sistemático de jóvenes en México: https://articulo19.org/hornos-crematorios-clandestinos-en-teuchitlan-expresion-de-la-desaparicion-reclutamiento-forzado-y-exterminio-sistematico-de-personas-jovenes-con-la-aquiescencia-del-estado/
[iii] Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO):
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral
Localizan en más de un mes en Chiapas, 26 fosas clandestinas con 32 cuerpos: https://www.jornada.com.mx/2025/01/13/estados/024n2est
[iv] Chiapas bajo tierra: 27 fosas descubiertas: https://aquinoticias.mx/chiapas-bajo-tierra-27-fosas-descubiertas-1/
[v] Jalisco es territorio de fosas clandestinas; suman 186 desde 2018
https://www.milenio.com/policia/jalisco-territorio-fosas-clandestinas-suman-186-2018
[vi] “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos”, Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera: https://grupotrabajofronterachiapas.org.mx/
[vii] Martín-Baró, I, 1999, Violencia y agresión social en Acción e ideología. Psicología social desde Centroamérica. UCA: San Salvador.
[viii] Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965-1990. Informe final 2024. Resumen ejecutivo de los reportes de los cinco instrumentos de la Comisión.
https://comisionverdadyjusticia.segob.gob.mx/
[ix] México, el país de las 2.710 fosas clandestinas. https://elpais.com/mexico/2023-08-03/mexico-el-pais-de-las-2710-fosas-clandestinas.html
[x] “Las complicidades” por Anna Chimiak:
https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=229822
[xi] Cae otro alcalde de Chiapas por presuntos vínculos con el crimen organizado; suman dos presidentes municipales detenidos en enero
[xii] “¡Sin las familias, no!: luchas sin eco” por Anna Chimiak:
https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=210440
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