La politización de los usos y costumbres. Una narrativa que excluye a las mujeres indígenas

Mujeres desplazadas de Santa Martha, Chenalhó. Foto: Ángeles Mariscal

En Chiapas, el avance de los derechos políticos-electorales de las mujeres para asumir el cargo de presidenta municipal se ha estancado. En un siglo (1915-2015) de vida del Municipio Libre en el estado, 4,705 hombres habían sido presidentes, mientras que únicamente 57, fueron mujeres. Frente a este rezago, que era compartido con otras entidades del país, las luchas feministas impulsaron reformas electorales y legales que incluyeron distintas fórmulas de cuotas, hasta llegar al año 2014, cuando se estableció el principio constitucional de paridad de género.

No obstante tan importante reconocimiento, en Chiapas el ejercicio de la paridad se ha caracterizado por simulaciones y retrocesos. Fueron 34 presidentas electas en 2015. Su número disminuyó a 29 en 2018, a 17 en 2021; y a 21 en 2024. Es decir, a diez años de la legalización de la paridad, son 13 presidentas menos que las que hubo en el año 2015. Estos números son una evidencia del escaso impacto que el principio de paridad tiene en la vida social en el estado. 21 mujeres electas en la actualidad significan únicamente el 16.93% del total estatal, mientras que, 103 hombres gobiernan 113 de los 124 municipios que integran la malla municipal en la entidad.

Las cifras son contradictorias, ya que el número de mujeres candidatas ha crecido en cada proceso electoral, pero no son elegidas. Ocurre una paradoja: aunque los partidos políticos postulan más mujeres en la actualidad (porque así les conviene, para cumplir con la paridad de género horizontal y recibir más prerrogativas); sin embargo, las personas electoras no votan por las mujeres ¿Cómo comprender este fenómeno?

Esta situación puede explicarse por las implicaciones que el orden patriarcal tiene en los procesos electorales. El poder político es patriarcal en toda su estructura. Los partidos políticos están en manos de hombres; hay una representación desigual al seno de esos institutos. La asignación de recursos es menor para las mujeres, por lo que sus campañas tendrán menor impacto. El patriarcado es un fenómeno cultural que refiere a la dominación masculina. Esta ha sido predominante en la vida pública, y también privada.

El patriarcado es un sistema de organización social que se manifiesta y se reproduce a través de normas, valores, costumbres y creencias, que se transmiten culturalmente. A través de la socialización, se reproducen roles de género que entrega a los hombres posiciones de poder y autoridad; mientras que a las mujeres se nos asignan roles de subordinación y dependencia. Por esta dominación simbólica; en las representaciones sociales, las mujeres somos percibidas como seres inferiores, incapaces para asumir responsabilidades mayores.

El patriarcado, en tanto sistema cultural adquiere particularidades en contextos específicos. El patriarcado en municipios indígenas tiene otros agravantes. El patriarcado en comunidades indígenas durante los procesos electorales se construye a través de diversas dinámicas que limitan la participación política de las mujeres, reforzando estereotipos de género, y excluyéndolas de espacios de toma de decisión y representación. Estas dinámicas incluyen la violencia política por ser mujer; la discriminación basada en el género, y la falta de reconocimiento de liderazgos femeninos.

La cultura patriarcal ha subordinado a las mujeres, las cuales suelen carecer de agencia. Para poder incorporarse a la política, debe solicitar permiso a las figuras patriarcales del hogar. Adicionalmente, las mujeres son pobres en tiempo. Se les demanda un exceso de carga en las tareas domésticas y de cuidados, lo que limita su presencia y participación en los espacios públicos, y en particular en el campo de la política.

Pero, un significativo número de mujeres, sobre todo jóvenes, llaman la atención sobre esta injusta relación, expresan otras aspiraciones, y claman participación y reconocimiento. Sin embargo, regularmente no encuentran empatía en los grupos políticos masculinos de sus pueblos; quienes las descalifican, para vaciar el campo político de mujeres activistas en las comunidades y dejarlo como espacio desierto.

Para socavar su avance, se ha construido un discurso que señala a las mujeres activistas de poner en riesgo los usos y costumbres. Intenta con ello bloquear su reconocimiento en los imaginarios sociales. Esta visión interpreta a los usos y costumbres desde una perspectiva conservadora, como estructuras cosificadas.

Pero esta interpretación no responde a la realidad. Como lo han destacado numerosos especialistas, los llamados usos y costumbres son prácticas, normas, reglas sociales, transmitidas de generación en generación, que dan cohesión y sentido de pertenencia a un pueblo. Estos se viven de manera cotidiana, tanto por las personas individuales, como de forma colectiva. La suma de cada integrante es lo que hace la cultura de un pueblo. Esta vitalidad es lo que hace que los usos y costumbres hayan estado, y estén, en permanente cambio; adecuándose a los distintos momentos de la historia local. Por lo que el cambio social es inherente a él.

Con frecuencia las transformaciones pueden producir tensiones, pero, estas son las ruedas de la historia. La vida social avanza con sus propios pies, impulsados por las personas integrantes de sus propias sociedades.

La narrativa de la politización de los usos y costumbres, para detener las transformaciones sociales a las que las mujeres indígenas aspiran, no se sustenta en la realidad. Basta tener presente algunos ejemplos del cambio político, que modificó los usos y costumbres en los municipios del altiplano chiapaneco.

Hay que recordar que en los años setenta a noventa del siglo XX, ocurrieron modificaciones en la forma cómo se nombró-eligió a las autoridades municipales. Antes se hacía en el sistema de escalafón cívico religioso al que se le llamó sistema de cargos.

Luego se introdujeron los partidos políticos, que en el nuevo siglo ha dado lugar al pluralismo partidario. Y muchas veces se mezcló con el cambio religioso, en el que nacieron numerosas iglesias evangélicas. En esos años, los grupos que concentraban el poder político y religioso se opusieron. Argumentaban que eran amenazas, que estaban violentando los usos y costumbres. Era la misma narrativa que hoy se ha revitalizado para ser usado en contra de las mujeres activistas de esos municipios.

Al final del siglo XX el cambio político se realizó en el altiplano. Claro que requirió transformaciones en los usos y costumbres. Estos cambios fueron los que condujeron a la pacificación. Se suspendieron las expulsiones haciendo posible la convivencia pacífica, reinventando nuevas reglas sociales. Lo que da cuenta que los usos y costumbres no son estáticos, sino que, dado que estos son la médula de una estructura estructurante, requieren estar en permanente transformación.

Y, que las llamadas “amenazas”, pueden ser momentos de oportunidad para la construcción de sociedades plurales, que puedan convivir en paz en la diversidad, sin violaciones a los derechos humanos.

El cambio político en el altiplano dio origen a nuevos grupos de poder. Son los que hoy controlan los partidos políticos, y son los que están instalados en los ayuntamientos de los municipios indígenas. Muchas veces, son estos los que censuran las luchas de las mujeres, para impedirles que sean competidoras genuinas. La politización de los usos y costumbres se erige como una narrativa que bloquea el reconocimiento de la legítima lucha de estas, a tener y ejercer derechos.

Para ir cerrando. ¿Cómo interpretar la propuesta de “las raíces del cambio”, nombre con el que las compañeras organizadoras nombraron a este Simposio? El llamado es muy claro. Ellas claman por el cambio desde sus raíces; desde su identidad; desde sus pueblos, y hacer realidad su sueño a lograr una vida digna, libre de violencias; con reconocimiento a sus derechos de ciudadanía en sus comunidades y municipios.

[1] [1] Ponencia presentada en el Simposio “Raíces de cambio”, celebrado el 01 de agosto en San Cristóbal de Las Casas, convocado por la Coordinadora Estatal de Mujeres Indígenas de Chiapas (COEMICH), en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (ONU).