Cuando la violencia enferma, necesitamos una justicia que cure

«Zapatos Rojos», un proyecto de arte en el que denuncia la violencia hacia las mujeres y el feminicidio. Cortesía: Montserrat Méndez

Legislar con perspectiva de género y de infancia: para que vivir sea más que un acto de resistencia de las mujeres y niñez chiapaneca.

Por: Miriam Yadira Nájera Pétriz*

Al hablar de violencia contra las mujeres, es común centrar la conversación en el “feminicidio”, por ser su forma más extrema y visible. Pero antes de escalar a esa trágica cima, la violencia va dejando una estela de heridas profundas en la salud física, mental, reproductiva, sexual, social y conductual de las mujeres. Antes del feminicidio la violencia ya ha enfermado, provocando: fracturas, enfermedades crónicas, discapacidad, embarazos forzados, abortos inseguros, infecciones de transmisión sexual y trastornos como la ansiedad, depresión, estrés postraumático o incluso suicidio. Todo esto convierte a la violencia contra las mujeres en una crisis de salud púbica.

Según organización mundial de la salud (2021), “la violencia física o sexual es un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de las mujeres en el mundo”.

En México, esta violencia también constituye una epidemia. Entre enero y abril de 2025, según datos oficiales del Informe de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en los delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal —como feminicidio, homicidio y lesiones — se registraron más de 9,971 mujeres víctimas. Esto equivale a un promedio de más de 83 mujeres víctimas por día.

La violencia contra las mujeres no surge aislada ni espontáneamente, se alimenta desde la niñez, donde ya se evidencian patrones de abuso que más tarde empeoran. Según datos del INEGI (2023), el delito de violación alcanzó su mayor incidencia en el grupo de 10 a 14 años, y ocurrió 4.7 veces más en niñas que en niños. Además, 8 de cada 10 casos de abuso sexual infantil se dan en el ámbito familiar. El costo social de esta violencia es devastador, deja secuelas que afectan toda la vida, como: desempleo, pobreza y mayor vulnerabilidad para ingresar a grupos delictivos.

Chiapas -entidad con Alerta por Violencia de Género- ocupa, según el mismo informe, el quinto lugar a nivel nacional con más víctimas de feminicidios en lo que va del año. A este desafortunado reconocimiento, se suma un dato igual de alarmante: encabeza la lista nacional en pobreza laboral, con un 62.2% de su población en esta condición (CONEVAL, 2024). Sí, más de la mitad de sus habitantes no puede adquirir la canasta básica alimentaria, ni usando todo su ingreso laboral.

La pobreza detona factores que intensifican la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes (NNA). Por tanto, quienes enfrentan mayores vulneraciones a sus derechos y bienestar -social y económico-, son indudablemente las mujeres y NNA en condiciones de pobreza.

Entonces, cuando la mayor parte de la población vive en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y más de la mitad de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en su vida (INEGI 2021), legislar sin perspectiva de género, de infancia y sin un enfoque interseccional en derechos humanos, no solo es una omisión: es complicidad con un problema de salud pública que mata cada día a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Ante esto, no basta con exponer la gravedad del problema, es necesario preguntarnos:

 ¿Qué está haciendo el Estado para traducir esa responsabilidad en acciones con perspectiva de género e infancia?

En ese contexto, viene bien destacar que, a principios de junio, Chiapas fue escenario de un importante ejercicio de articulación entre el Poder Judicial y el Congreso Local. Una respuesta jurídica que pretende desacelerar la violencia a través de la praxis legislativa, para dar acceso a una justicia con perspectiva de género y de infancias en contextos con notables rezagos estructurales e históricos.

La separación de poderes implica independencia, pero no aislamiento, mucho menos ante una crisis que atenta contra la vida y salud de miles de mujeres y NNA.

 Reforma al Código Penal para el Estado de Chiapas con enfoque de género y de infancia.

Impulsada por el Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, el Dr. Juan Carlos Moreno Guillén, el Honorable Congreso del Estado, aprobó por unanimidad una reforma integral al Código Penal Local. Cito algunos de los aspectos más relevantes relacionados con el tema:

Feminicidio: Incremento de la pena e Imprescriptibilidad. La pena aumentó significativamente; quien cometa feminicidio enfrentará de 55 a 100 años de prisión, más multa, pudiendo incrementar aún más la pena, si existen circunstancias que lo agraven. Con la reforma, el Estado ya no perderá su facultad para investigar, juzgar y sancionar este delito por el paso del tiempo; ahora es imprescriptible: las autoridades podrán actuar en cualquier momento, incluso décadas después.

Se incorpora una agravante específica: si el feminicidio se comete contra una mujer embarazada, la pena se elevará aún más.

Reparación integral del daño: En casos de feminicidio o lesiones por ácido u otras sustancias corrosivas, se garantizará el pago de pensión alimenticia cuando existan hijas, hijos, personas dependientes o si la víctima queda imposibilitada para valerse por sí misma.

No procederá el indulto para delitos de lesiones por ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas.

Se incrementan las penas para diversos delitos que atenten contra la integridad corporal, la formación y el libre desarrollo de la personalidad y los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, tales como: violación, estupro, pederastia, abuso sexual, hostigamiento y acoso sexual, pornografía infantil, corrupción de menores, entre otros.

Estas acciones suman significativamente a la lucha histórica de las mujeres por una vida libre de violencia. Sin embargo, esta articulación debe contagiarse en todas las instituciones de los tres poderes del Estado, hasta que el compromiso con este grave problema de salud pública sea firme, real y profundo. Ninguna conducta que constituya violencia de género debe quedar impune; porque, al final del día -aunque no cura- ver a un agresor o feminicida compurgando una pena justa es un gran alivio, es una grieta a la impunidad.

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Miriam Yadira Nájera Pétriz. Abogada feminista, docente, activista en la defensa de los derechos humanos de las mujeres con experiencia judicial, académica y social.