La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) informó del inicio de prueba de atención de primer contacto en el Centro Multiservicios de Tapachula realizado en los últimos días.
Con banderas, consignas y convicción, la comunidad LGBTIQ+ de Jalisco se manifestó este 5 de abril a las calles para defender sus derechos y denunciar un clima de retrocesos y violencia institucional. La marcha, convocada bajo el lema “Orgullosxs y Sin Miedo”, buscó visibilizar la resistencia frente a decisiones del Congreso local que vulneran a las infancias trans y refuerzan discursos de exclusión.
El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México consideró existe una ofensa a la integridad de las y los periodistas chiapanecos al ser exhibidos a través de una publicación vía redes sociales.
Por vacíos legales en el derecho a la consulta y la falta de información pública a favor de las comunidades que serán afectadas.
Artículo 19 en su oficina para México y Centroamérica exigió al Mecanismo de protección para Personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación contactar con cada uno y una de las periodistas afectadas para garantizar su seguridad, esto tras la exposición de 18 integrantes de los medios de comunicación en un sitio web.
«Hoy la contaminación debería dolernos a todos, ¡todos deberíamos tener esa herida abierta y saber que nos está lastimando!” menciona Lorenzo Pérez Pananá, líder de la resistencia en Bahía de Paredón. Actualmente el Istmo de Chiapas es un ejemplo de cómo enfrentar la contaminación y defender el territorio
El operativo se dio luego de la difusión de presuntos ejidatarios encapuchados y con armas de grueso calibre cuestionan la firma de un acuerdo de reconciliación en este municipio, y acusan a autoridades de ser parte de un grupo de presuntos criminales llamado “Karma”.
67 organizaciones religiosas, humanistas, zapatistas y centros de derechos humanos de Suiza, Alemania, Italia, Noruega, Grecia, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Argentina, Colombia, además de colectivos de varios estados de México y unas 300 personas en lo individual, exigen revisión del proceso por el que Diego Mendoza y Pedro Cortés fueron sentenciados a 110 años de prisión.
45 familias del poblado Nueva Independencia, municipio de Jaltenango, fueron expulsadas sin que hasta el momento autoridades de gobierno intervengan de manera efectiva para procurar su retorno.